Luego de largas negociaciones, finalmente el presidente Alberto Fernández y el gobernador Omar Perotti firmaron el acuerdo para el pago de la histórica deuda que Nación mantiene con Santa Fe por la detracción indebida de fondos de la coparticipación. Sin embargo la oposición planteó una serie de dudas respecto a las condiciones del convenio.

Oficialmente se informó que el monto finalmente quedó actualizado en $151.800 millones, que serán cancelados en bonos actualizables por inflación (CER). No obstante no se brindaron mayores detalles sobre las formas de pago. “¿Qué plazos y condiciones acordaron para pagar bonos y no efectivo?”, planteó la diputada provincial socialista, Clara García.

Al mismo tiempo, la legisladora recordó que el tema de la negociación por la deuda histórica tiene más de 15 años, “no es propiedad de un gobernador, sino una cuestión de Estado por la que (Hermes) Binner fue a la Justicia con (Carlos) Reutemann y (Jorge) Obeid”, mientras Perotti “sólo fue a negociar con Alberto Fernández”.

Pero más allá del dardo político, García también puso el foco en otro punto del acuerdo, que tiene que ver con el vínculo establecido con el fisco nacional.  “¿Por qué Perotti aceptó darle a AFIP el 1,9% de la recaudación, si Santa Fe jamás lo había permitido? Lo poco que se sabe preocupa. Es indispensable que la Legislatura conozca y dé legitimidad a este acuerdo”, manifestó a través de sus redes sociales.

El ex ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione, también había cuestionado el marco general del acuerdo, antes de su firma. “Es un tema estructural para Santa Fe, y una deuda que por única vez en la vida vamos a cobrar. Pero cuando vemos cómo cobró San Luis, el pago se hizo en títulos públicos nacionales, en pesos y a pagar en 5 o 10 años”, había manifestado en declaraciones televisivas.

Recordó que tras el fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el por entonces gobernador Miguel Lifschitz decidió por ley que los fondos que se cobrarían por esa deuda se destinaran a gastos de capital, es decir obra pública y equipamiento, y no a gastos corrientes. Dichas obras serían definidas por los legisladores en el presupuesto anual. A su vez, el 13,72% sería coparticipado con municipios y comunas.

Tras el anuncio de la firma del acuerdo realizado el miércoles, el mismo será llevado por el equipo jurídico del Ministerio de Economía de la Nación y la Fiscalía de Estado de la Provincia ante el máximo tribunal para oficializarlo. Cumplido ese paso, el Gobierno provincial brindará una conferencia de prensa donde dará detalles de lo definido.