La Sindicatura de la quiebra del financista Luis Herrera, cuyo default superior a los 20 millones de dólares dejó un tendal de acreedores, admitió la existencia de lazos laborales con los abogados defensores del fallido empresario, pero aseguró que esa relación no le quita objetividad en su trabajo de asistencia en el proceso judicial. Pese a que los síndicos minimizaron la situación, para los acreedores que hicieron la denuncia, la confirmación de la existencia del vínculo es razón suficiente para que se suspenda el proceso judicial en marcha.
Un grupo de acreedores presentó hace 15 días un pedido a la Justicia de que se aparte a los síndicos Eleonora Riva, Gabriel Palmero y Sergio García porque tienen el mismo asesor jurídico de Herrera, que es el abogado Juan Pablo Orquera. La Sindicatura juega un papel clave en los procesos de concursos y quiebras porque el juzgado toma las decisiones en base a la información que ese organismo le acerca.
“¿Cómo va a investigar la sindicatura sobre bienes que pudieron haber salido del patrimonio de Herrera e intentar su recuperación para poder pagarles con ellos a sus acreedores, cuando los abogados que asesoran a este van a pretender que no se encuentre nada más? ¿Esta misma sindicatura va a estar en condiciones de solicitar la extensión de la quiebra a los hijos de Herrera? ¿Y a Fernández Soljan SA, su agencia de Bolsa?", se preguntan los abogados Alejandro Gurfinkel y Yanina Suberville, representantes de acreedores del financista.
Ajustado al procedimiento, el juez Nicolás Villanueva abrió un incidente dentro del expediente y le pidió a la Sindicatura que conteste sobre el pedido de apartamiento. Y en un escrito presentado este lunes, los síndicos no negaron la existencia del vínculo con Orquera, pero aclararon que hoy no tienen relación laboral con el profesional y minimizaron el asesoramiento de los abogados en el proceso comercial.
“Los argumentos fueron livianos”, analizó Gurfinkel, y luego anticipó a Rosario3 que sumarán documentos probatorios sobre la relación entre los síndicos y el abogado y que insistirán con el pedido de apartamiento. “Vamos a pedir que se suspenda el procedimiento hasta que el juez resuelva si deja firme o cambia la Sindicatura”, agregó.
“La relación afecta claramente la imparcialidad en un momento delicado”, sostuvo Gurfinkel. Es que a mediados de agosto, los síndicos deberán elevar su informe con el análisis particular de las 702 personas que se presentaron a verificar créditos, instancia en que se define a quien se acepta como acreedor y a quién se rechaza.
Herrera supo ser uno de los principales y más refinados financistas de la ciudad y se decía especializado en operaciones en mercados de futuros del exterior. Su default, que se calcula superior a los 20 millones de dólares, tiene al menos 700 acreedores afectados. En paralelo, a la quiebra que se le dictó, está imputado por estafa en la Justicia penal, un proceso en el que acumuló unas 600 denuncias.
