El oficialismo provincial se fijó como objetivo tres reformas centrales a discutir en la Legislatura para este año, en este orden cronológico: reforma previsional, reforma judicial/recambio de la Corte, reforma constitucional.
La primera ley la sacó en una sesión polémica, con protestas gremiales e incidentes, y en soledad: con el voto de la mayoría de Unidos. La segunda fue otra cosa: 34 votos a favor de norma que eleva a siete el número de integrantes del máximo tribunal de Justicia y fija un límite de 75 años en la edad de los jueces, a partir del apoyo del perottismo y el Frente Amplio para la Soberanía, significa, en los hechos la conformación de una mayoría especial de dos tercios de los diputados provinciales que estaban presentes en la sesión de este jueves. Repetir esa mayoría especial es lo que necesita Unidos ahora para el tercer objetivo, al que ahora le pondrá el foco: la reforma constitucional.
Por eso, en la euforia luego de la sanción de un ley que en los hechos es la llave política para que el gobernador produzca el recambio que pretendía en la Corte Suprema de Justicia, los diputados de Unidos no solo incluían haber podido sacar una norma trascendente, que produce una transformación que algunos de ellos vivieron con frustración no haberlos podido encarar en la gestiones socialistas, y que aseguran es el punto inicial para iniciar un proceso de modernización en todo el Poder Judicial. También era motivo de gran satisfacción la amplitud del consenso. Eso, haber podido construir acuerdos para un proyecto con efectos a largo plazo incorporando la mirada a la oposición, entienden que es también un paso importantísimo hacia la reforma constitucional.
Proyectos para sancionar la ley de necesidad de la reforma hay varios, tanto del oficialismo como de la oposición. A lo que hay que llegar es a un texto que puedan apoyar dos tercios de los diputados –en el Senado Unidos tiene por sí esa mayoría especial–, que es lo que se consiguió con la reforma judicial. En el caso de la ley sancionada este jueves, el texto es un mix sobre la base de la iniciativa del socialismo, pero con la incorporación de miradas del Creo (el sector de Pablo Javkin), el Frente Amplio para la Soberanía y el perottismo, que votó en general a favor y con disidencias en particular.
En el oficialismo sostienen que en el caso de la reforma constitucional ese consenso se puede ampliar a otros legisladores del justicialismo, como Lucía De Ponti (que presentó un proyecto propio con la idea de no quedar afuera de la discusión del nuevo texto de la Constitución santafesina), Alejandra Rodenas y Verónica Baro Graf.
El socialismo, que es el sector mayoritario dentro de Unidos en la Cámara de Diputados, busca otra vez llevar la iniciativa en el tema de la reforma constitucional. Hace tiempo que presentó no solo un proyecto para tener la ley de necesidad que convoque a la Convención Constituyente, sino que además elaboró en una comisión especial integrada por dirigentes de muchísima experiencia las líneas principales de un posible nuevo texto constitucional, con herramientas de empoderamiento ciudadano a través de mecanismos aceitados de participación popular en las decisiones. Pero también la UCR, el PRO, el perottismo y el Movimiento Evita, entre otros, tienen sus proyectos.
El espíritu con el que hay que encarar este nuevo proceso, entienden en el PS, debe ser el que guió la reforma judicial; no el de la reforma previsional.
“Cuando los procesos se inician a tiempo y hay voluntad para encontrar puntos de coincidencia con el otro los resultados aparecen. En un tema tan trascendente como el de la reforma judicial logramos una ley sin mensaje del Ejecutivo, a partir de los proyectos presentados en Diputados. Es un buen síntoma. Por supuesto, en el proceso hubo discusiones, tensiones. Pero demostramos que la coalición (Unidos) funciona y también que no fue bueno quedarnos en soledad en el caso de la reforma previsional. Para todos los cambios de fondo, por más legitimidad o mayoría que uno tenga, hay que hacer esfuerzo para construir con sectores de la oposición, porque eso es lo que da sostenibilidad a largo plazo”, argumentó Joaquín Blanco, presidente del bloque y autor de la iniciativa que rediseña la Corte.
Desde este punto de vista, lo que primó es una “mirada de largo plazo” que, claro, es lo que se tiene que repetir en la reforma constitucional. “Estamos regulando algo que va a durar décadas, esto excede nuestro tiempo”, remarcó Blanco.
Que entiende que para recrear el consenso para la reforma constitucional, e incluso ampliarlo, hace falta “mucho laburo, mucho diálogo, y contemplar también el momento político del otro”. Esto viene a cuento por los costos que pagan dentro del esquema opositor los sectores dialoguistas del peronismo, apuntados por el dedo acusador por los que sostienen posturas que parecen irreductibles, como el bloque de Amalia Granata y el del peronista Miguel Rabbia, el hombre de Marcelo Lewandowski en la Legislatura.
“El proceso tiene que ser virtuoso también para ellos”, remarcó a Rosario3 el legislador, que puso sobre la mesa una advertencia para el propio oficialismo: la mayoría especial que se consiguió para la reforma judicial no está cincelada en mármol.
Hay un elemento más: las negociaciones se darán en paralelo al proceso, que también incluirá diálogo con la oposición, para cubrir las tres primeras vacantes de la Corte, generadas por las renuncias de Mario Netri, María Angélica Gastaldi y la suma de un nuevo integrante tras la ampliación votada este jueves.
El rol de Pullaro
Lo cierto es que las conversaciones para intentar avanzar con los consensos están en marcha y desde el oficialismo creen que vienen encaminadas. Pero además trabajan con una posibilidad para estirar los tiempos para poder sacar la ley de necesidad de la reforma, siempre y cuando se encaminen los acuerdos: estirar los debates más allá del fin del período de sesiones ordinarias de la Legislatura, fijado por la Constitución vigente el 30 de diciembre. ¿Cómo? Los bloques políticos comprometidos en el proyecto podrían pedirle de manera conjunta al gobernador Pullaro que habilite la discusión también para diciembre, dentro de su facultad de fijar los temas para las sesiones extraordinarias. Un mes más nunca es poco en política a la hora de buscar acercar posiciones que conformen más o menos a todos los que se sienten a la mesa de negociación.
Eso tiene la contra de que vincularía fácticamente a Maximiliano Pullaro con un tema que prefiere que sea de los legisladores, para él mostrarse solo concentrado en la gestión de los temas que le sostienen la buena consideración popular, como la baja de los índices de violencia lesiva, y porque además entrará en discusión si se habilita o no la posibilidad de su reelección.
Pero es real que tarde o temprano se va a tener que involucrar. No solo por lo trascendente que puede significar que durante su gobierno se modifique una Constitución que pide a gritos una actualización largamente postergada, sino también porque por la legitimidad de su figura deberá cargarse al hombro una discusión que ya plantean sectores como el de Amalia Granata –lo hizo ya en su discurso sobre la reforma judicial– y La Libertad Avanza: que este es un tema de la política para la política.
Nadie mejor que el dirigente que consiguió más de un millón de votos, lleva la iniciativa en la provincia con varios frentes de batalla abiertos y según las encuestas sostiene un alto nivel de adhesión social –cosas que lo ponen en una situación de fortaleza política parecida a la que tiene Javier Milei a nivel nacional, pero con el trascendental plus de que cuenta con con mayor fortaleza institucional por su representación en el Parlamento santafesino y las getsiones municipales– para encarnar la narrativa que buscarán imponer, frente a la libertaria, los impulsores de la reforma constitucional: que la disyuntiva no es política o antipolítica, sino senda de transformaciones contra sostenimiento del estatus quo, argumento este último al que ya recurre el gobierno provincial en su ofensiva contra distintos "privilegios" sectoriales.
Si la necesidad de la reforma de la Constitución es ley, de hecho, Pullaro tendrá por delante luego dos decisiones trascendentes de las que debería hacerse cargo: cuándo se elegirán los convencionales constituyentes –la idea oficialista es que sea junto con los comicios provinciales de concejales y jefes comunales, lo más alejados posible de los nacionales– y si él mismo encabezará la lista de Unidos.
Esta última posibilidad no es la que prefiere el gobernador, pero acaso sea una necesidad para garantizar un triunfo en un escenario en el que La Libertad Avanza puede ser una amenaza si se mantiene el respaldo popular a Milei y cuando sus dirigentes locales ya mostraron los dientes.
En la cuestión de las formas en que se encaren las negociaciones también hay una clave para que el oficialismo pueda imponer su narrativa y diferenciarse de manera virtuosa del gobierno de Milei: no sería bueno que la mayoría especial que se necesita para la reforma sea mediante el carancheo de legisladores, como sucedió a nivel nacional para consolidar el tercio que bloqueó vetos y la mayoríaque frenó los límites a los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Por eso, la apuesta es ir hacia acuerdos institucionales, que puedan defenderse a la luz del día sin ningún tipo de sospechas.
