Cuando no llegan a ser muertes violentas, los conflictos entre presos casi nunca se plasman en legajos penales. La norma, de hecho, es no denunciar. Una de las excepciones a la regla se conoció este lunes con la imputación a diez reclusos de la cárcel de Piñero a quienes se les atribuyó golpear y robarle a otro interno del mismo pabellón y extorsionar a su familia para que entregue plata, droga y armas. Lo expuesto en la audiencia podría considerarse una ventana a la picadora de carne penitenciaria donde las bandas con poder en la calle también detentan el manejo de los pabellones.
El fiscal Franco Carbone señaló que la investigación comenzó con la denuncia del padre de C. B. (36), un detenido que se encuentra en prisión preventiva acusado de ser miembro de una escisión de la banda de los Monos cuyos jefes, según los investigadores, están alojados en la cárcel federal de Rawson, en Chubut.
Tras ser arrestado el 3 de julio, tiempo después C. B. recaló en el pabellón 7 de Piñero, que según la Fiscalía está habitado por gente de Héctor Daniel Noguera, el “Gordo Dani”, un hombre enemistado con la facción de Rawson.
La convivencia de C. B. con los demás no era buena, y la Fiscalía indicó que el 2 de septiembre –luego de insistir varias veces que lo trasladaran– el interno sufrió una golpiza en su celda N° 274 y el robo de unos pocos elementos personales: un TV de 24 pulgadas, dos camisetas y un pantalón de Rosario Central y un anillo de plata con la inscripción de las iniciales de su novia.
Al día siguiente, el hostigamiento pasó a mayores. De acuerdo con la Fiscalía, un grupo de internos tomó por la fuerza a C. B., lo llevó a una celda “del fondo” y comenzó a golpearlo. Y en medio del tormento, llamaron a con un celular los padres de C. B.
Quien atendió la primera llamada por WhatsApp fue la madre. Del otro lado, exigían “plata, drogas y fierros” a entregar en la zona de Avellaneda y bulevar Seguí. “Vamos a matar a tu papá, a tu mamá, no va a quedar nadie vivo. Nosotros somos la mafia, no somos giles”, se escuchó en medio del bullicio.
Un video que no tardó en llegar a los celulares de los padres le aportó otra dimensión al trance. Las imágenes mostraron a C. B. agredido con el canto de un cuchillo y a trompadas, inmovilizado. Al verlo, el padre salió desesperado hacia la cárcel de Piñero, y en el camino se comunicó con el 911 y relató la situación.
En el medio de esa llamada se comunicaron desde la cárcel. Sin cortar, el padre de C. B. pudo hacerle escuchar a la operadora el otro llamado. “Te lo vamos a largar lleno de puñaladas a tu hijo, lo vas a tener que ir a ver al Heca y no sé si va a estar entero”, se oyó del otro lado.
Las grabaciones fueron expuestas en la audiencia. “Toda la veracidad se ve evidenciada en el llamado al 911”, le dijo el fiscal Carbone al juez Facundo Becerra.
Aunque en un primer momento C. B. no quiso instar la acción penal, finalmente identificó a un grupo de reclusos mediante fotos y prestó declaración. “Yo estoy imputado como miembro de la asociación ilícita de Vilches pero no tengo nada que ver, estoy preso por un remís que hice”, dijo al abundar sobre los supuestos motivos del verdugueo que sufrió.
Para el 13 de octubre, C. B. ya había sido trasladado y la Fiscalía ordenó una requisa en la se halló el TV, el anillo en la celda de un interno, y en un patio interno la ropa de Central.
Por el episodio que se originó con una denuncia que “desafió el oscurantismo del Servicio Penitenciario”, diez internos de ese sector que cumplen condenas o prisión preventiva por otros delitos violentos fueron imputados como coautores presuntos de robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda, extorsión en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad, lesiones leves agravadas y encubrimiento por receptación dolosa.
Aunque en un momento manifestaron “¡nadie va a declarar!”, sobre el final de la audiencia, varios de los imputados hicieron una especie de catarsis frente a la cámara y se quejaron: “Esto es un problema entre presos”. Y algunos manifestaron no tener nada que ver con el incidente. “Se peleó con otro muchacho”, dijeron acerca de C. B.
No pasó desapercibido en la sala de videoconferencia del penal que uno los imputados se puso frente a la cámara y entre ademanes de portar una pistola dejó ver un primer plano de una remera con la imagen de la bandera que la barra leprosa desplegó en el partido a Maxi Rodríguez. El emblema con un mono, un pollo y un toro con la firma de “Los Leprosos” que se convirtió en una causa de intimidación pública, luego desestimada.
La exhibición de la bandera fue uno de los hitos simbólicos de la disputa entre la facción que conduce la barra en el enfrentamiento con los díscolos de la cárcel de Rawson, que tuvo su pico de violencia a comienzos de año. La situación fue advertida por Carbone como una intimidación a la labor de la Fiscalía.
La decena de imputados se ofuscó y ni siquiera escuchó la resolución del juez Becerra para esta carpeta judicial, ya que decidió retirarse y volver al pabellón. Para nueve de ellos, el magistrado dictó prisión preventiva por el plazo, en tanto que el restante –acusado de encubrimiento– recibió una cautelar hasta el 27 de febrero de 2024.
