“Sacamos la reforma previsional, que era lo más difícil, lo que sigue son temas que tienen mucho más consenso, casi unánime”. La referencia es a la renovación de la Corte y la reforma de la Constitución)”. La frase fue pronunciada en el primer piso de la Casa Gris el viernes por la tarde, donde el largo trámite que llevó a la sanción de la ley previsional fue leído como la superación de la prueba de fuego.
La ley salió dos meses más tarde de lo planificado por la Casa Gris. Fueron los tiempos que la realidad impuso para lograr los acuerdos dentro de Unidos, desarrollar la comisión de análisis de la reforma y el diálogo con los sindicatos.
Se votó sin bajas en las filas del oficialismo siendo un tema donde se dirimen cuestiones económicas, pero también ideológicas. La alianza entre partidos de la centroizquierda y la centroderecha santafesinas mostró capacidad para procesar diferencias y articular soluciones. Como resultado, el jueves a la noche depositó en el escritorio del gobernador Pullaro la nueva ley previsional.
La reforma previsional clausuró su trámite político, aunque tendrá una secuela en tribunales a partir de este lunes. Seguramente empezarán a ingresar amparos de beneficiarios de la Caja que se sienten afectados. Varios de ellos, se descuenta, serán de los propios jueces y juezas. La magistratura sentó posición gremial de rechazo hace 15 días, como parte de una movida que casi no tiene antecedentes desde el retorno de la democracia.
Al igual que el resto de los funcionarios y cargos políticos que cobran los sueldos más altos del estado, los integrantes del Poder Judicial deberán aportar el porcentaje más alto a la Caja en función de sus ingresos y estarán alcanzados por un tope jubilatorio que es entre un 25 y 30% más bajo que el actual.
Oficialismo y oposición
Las fuerzas políticas de la oposición entendieron rápido que no habría fisuras en Unidos a la hora de votar, por lo tanto se movieron con libertad y cada uno se abocó a su libreto le habló a su electorado y trató de capitalizar a los descontentos.
Los diputados de la izquierda confluyeron con la línea de los sindicatos docentes, en el sentido de oposición franca bajo el argumento de que la Caja no requería ninguna reforma y que el déficit debe ser cubierto con fuentes de financiamiento distintas a los activos y pasivos del sistema previsional.
Amalia Granata aprovechó a profunizar su rol de oposición, que ejerce con las mismas herramientas que le permitieron entrar a la política: tono denunciante en sus alocuciones, críticas al gobernador directamente e incipiente léxico libertario. El jueves, en medio de la votación a los apurones, salió eyectada de su banca, se dirigió a los gritos al estrado y manoteó el micrófono de la presidencia. Granata parece haber identificado que en la oposición santafesina está vacante el nicho que a nivel nacional ocupó Javier MIlei y está dispuesto a ocuparlo.
Aun así, Granata no consigue que el oficialismo responda a sus provocaciones. Unidos, y en especial el gobierno, eligen a un sector del peronismo y la izquierda como adversarios. El senador radical Felipe Michlig lo explicitó al responsbailizar, por ahora sin pruebas concretas, al “kirchnerismo y la izquierda” por los incidentes violentos ocurridos en la Legislatura.
En tanto, el peronismo parlamentario supo hace tiempo que, a pesar de las tiranteces entre radicales y socialistas, no tendría oportunidad de trabar la reforma previsional y se concentró en que al menos la batalla previsional desgaste el cuero de Unidos.
Que no habría fisuras también lo tuvieron en claro todos los gremios estatales, incluso líneas internas como Amsafé Rosario, después de varias reuniones y conversaciones que hubo, tanto en Rosario y Santa Fe, con la dirigencia del socialismo.
El PS fue el que más les prestó oído y abrió la puerta de acceso a cambios en el texto original. Sus espadas legislativas dicen haberle puesto “sensatez y sentimientos” a la reforma al haber llevado a la mesa de discusión miles de casos concretos que, al revés de lo que se piensa, mostraban que en términos económicos no convenía subirles las edades jubilatorias, especialmente en los empleos físico-intensivos (docentes frente al aula, enfermeros, camilleros, entre otros) porque lo que se ahorra por un lado se paga en licencias y reemplazos. También haber mejorado el pilar complementario y dejar aspectos abiertos para que puedan jugarse en la negociación paritaria, como el traslado de los aumentos a los pasivos. Sin embargo, en todo momento el socialismo transmitió claridad a los sindicatos en cuanto a que es parte de Unidos y que votaría la reforma previsional a favor.
El dato que preocupa en la Corte
Hay un dato del trámite legislativo de la reforma previsional que pasó desapercibido en casi todos los análisis periodísticos. Y es que la ley utilizó mayorías especiales en ambas cámaras en algún momento.
En el Senado con dos tercios holgados, tanto para habilitar el tratamiento como para darle media sanción.
En Diputados, el resultado final de este jueves fue ajustado, por 23 a 20, pero una semana antes el oficialismo reunió una mayoría especial con diputados de otras fuerzas para poder ingresar el proyecto y en la misma sesión darle preferencia de tratamiento de una semana. Hubiera preferido ese acompañamiento también para votar en el inicio de la sesión, antes de los discursos, pero ningún opositor estuvo dispuesto a hacérsela tan fácil. Una vez iniciada la sesión, y con los incidentes en la puerta, pudo adelantar la votación con mayoría simple pero con el ruido ya conocido.
Ese dato relativo a las mayorías especiales no es menor para lo que viene. Si bien no es una mayoría alineada que esté disponible para que Unidos eche mano a gusto, debe haber preocupado a la Corte Suprema de Justicia, donde el gobierno quiere que cuatro de sus seis integrantes se vayan por haber sobrepasado los límites de edad.
Esa mayoría especial que ya se alcanzó en varias oportunidades puede sentenciar el futuro de Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y María Angélica Gastaldi en el máximo tribunal si, como dicen en la Casa Gris, no hay una salida por “las buenas” y hay que hacerlo por “las malas”.
Hacerlo por “las malas” refiere a cesar a los ministros en sus funciones por decreto a causa de que superaron los 75 años que, sostiene el oficialismo, fijan la Constitución y los últimos fallos de la Corte nacional. Es un camino que tiene sus riesgos, porque podría dar inicio a un litigio judicial de años.
Los tiempos para la renovación de la Corte se van a acelerar ahora que concluyó el trámite político de la reforma previsional. Al igual que ésta, el plan del gobierno insumió más tiempo del que se calculaba originalmente. El año se aproxima a su último trimestre y en la agenda de Unidos todavía falta la reforma constitucional.
Meses atrás, uno de los cuatro jueces que el gobierno quiere renunciar pidió irse último. Los otros tres vieron la jugada y avisaron que si se van, se van todos, pero ellos no se van primeros. El máximo tribunal ya casi no tiene diálogo interno, a lo que se suma que Mario Netri se retira en noviembre y Daniel Erbetta y el procurador Jorge Barraguirre, los dos que están en condiciones de continuar, están al margen de esas disputas.
La señal de que aquel plan no caminaba, la dio el presidente de la Corte Rafael Gutiérrez al decir que dejaría el cargo cuando él disponga y no cuando le digan. Las relaciones volvieron a tensionarse al máximo con el Ejecutivo y desembocaron en la picante y poco productiva reunión del domingo pasado. Allí la Corte puso sobre la mesa los reclamos por vacantes, presupuesto y ascensos. Y Pullaro y sus ministros ratificaron la mirada crítica a la conducción de la Corte sobre el Poder Judicial.
Aún queda margen para una salida acordada, pero los tiempos son acotados. De no suceder el Ejecutivo avanzará con el decreto de cese, como hizo Javier Milei con el cortesano de la Nación Juan Carlos Maqueda, al que acompañó con un pliego de reemplazo.
Ese camino implica tener de antemano definido qué perfil de Corte quiere empujar Unidos y luego nombres concretos. Y además mucho consenso político para que no quede margen de judicializar el cese de funciones.
Cómo renovar la Corte
En el escenario actual, no solo se necesita una amplia coincidencia en la evaluación de que la actual Corte cumplió su ciclo sino también en lo que debe venir. Que sectores del peronismo y de otras fuerzas políticas acompañen dependerá del camino que elijan Unidos y el Ejecutivo.
El gobernador Pullaro da una definición que va en ese sentido: “No va a ser una Corte de amigos, no quiero eso. Va a ser un tribunal con aval político, por supuesto, pero con conocimiento, capacidad técnica y si tienen trayectoria judicial mejor”. Puede ser un buen primer escalón, aunque faltan muchas otras definiciones por delante.
Incluso falta una vuelta de tuerca al debate dentro de Unidos. El socialismo le plantea a sus socios radicales que la renovación no debería alcanzar sólo a la Corte, sino que ésta sea parte de un plan integral de reforma del Poder Judicial. Una nueva Corte, dicen, será el gran legado que puede dejar Pullaro (se sumaría la reforma constitucional si se avanza), y por lo tanto debe pensarse en un tribunal de prestigio, con un peso adecuado de Rosario y con representación académica, política y judicial.
Esta idea de reformar la Justicia, y como parte de ese proceso la Corte, se plasmará en un proyecto de ley que ingresaría los próximos días, del que sólo adelantaron que abarcará propuestas de “un nuevo plan para la Justicia provincial sobre territorialidad, competencias, y cuestiones referidas al gobierno del Poder Judicial”, entre las que se apuntaría la novedad de que quien ocupe la estratégica secretaría de Gobierno de la Corte Suprema requiera acuerdo legislativo.
