La aprobación de la reforma previsional, con escándalo en el recinto de la Cámara de Diputados y violencia en la puerta de la Legislatura provincial, es un antes y un después en varios sentidos para la gestión de Maximiliano Pullaro. No solo por el peso de la norma que ahora es ley y porque es la primera de las tres reformas clave que fueron fijadas como objetivo para el segundo semestre –las otras son la judicial y la constitucional–, sino también porque confirmó una novedad del escenario político institucional que solo se había insinuado con una manifestación de jueces dos semanas atrás en los Tribunales de Rosario: tensiones y resistencias que en los primeros nueve meses desde la asunción habían estado ausentes.

¿Puede significar esto un enrarecimiento de clima de convivencia política que caracterizó hasta acá a Santa Fe? ¿Puede eso complicar los planes de un oficialismo que para avanzar en sus otros objetivos necesita consensos mayores que la mayoría propia que le alcanzó para imponer la reforma previsional?   

“No vemos que esto cambie lo que viene. Las futuras reformas son temas distintos. Con respecto a la reforma constitucional hay siete u ocho proyectos de todos los bloques, es decir que es algo que ve como necesidad el arco político en su conjunto. En cuanto al recambio de la Corte, la continuidad de los jueces de más de 75 años es algo que está fuera de la ley. Cada tema tiene su propia dinámica, su propia construcción de consensos y estamos seguros de que el gobierno va a seguir avanzando sin demasiada dificultad”, minimizó este viernes, en el inicio del día después, una fuente del entorno más cercano al gobernador.

Sin embargo, hay algo de lo que el oficialismo tomó nota y que otros sectores de Unidos leen luego de la escandalosa sesión de este jueves: se corrió el celofán que protegía a una gestión nueva y se ingresó a una etapa de disputa política más dura. “Todo el mundo se está posicionando para el año que viene. En ese marco hay que seguir avanzando, pero entendiendo que los demás juegan”, advirtió en ese sentido, en off the récord, un alto dirigente del socialismo.

El factor Amalia

Quien claramente sacó provecho de la situación fue Amalia Granata, que –experta en hacer show– se erigió en protagonista en medio del caos, como cara más visible de una oposición que sale del closet. 

La referente del bloque Somos Vida centró su ataque no tanto en la reforma previsional, que guste o no es fruto de un debate y negociaciones que llevaron meses, como en el eventual intento de Pullaro de ir por la reelección. Lo que marca dos posibilidades: o se plantea intentar trabar que la Legislatura sancione antes de fin de año la ley de necesidad de reforma constitucional, o –lo que parece más probable– se posiciona para, el año que viene, encabezar una lista de constituyentes que enfrente desde una postura antipolítica a la del oficialismo, muy probablemente encabezada por el propio gobernador.

El factor Perotti

Ese escenario le da mayor peso al bloque de cinco diputados que comanda el exgobernador Omar Perotti como el socio posible de Unidos no solo para la sanción de la necesidad de la reforma, sino también para acordar un núcleo de coincidencias básicas que se convierta en el corazón del nuevo diseño institucional que surgiría de una hipotética reforma de la Constitución santafesina.

La mirada del perottismo sobre lo ocurrido en la Legislatura es que el oficialismo, que tenía los votos asegurados para imponer la reforma previsional, actuó con “impericia” en el operativo de seguridad y con “una avidez que parece que los ciega al momento de cuidar los procesos”. “No hay justificación para lo que hicieron”, resumió una fuente de la bancada, que entiende que ante el desmadre que provocó un pequeño grupo de violentos, cuando el grueso de la manifestación gremial se alejaba de la zona de los incidentes, se podría haber suspendido la sesión y armado un mejor contexto para sancionar la ley.

Sin embargo, ese sector fue el que durante el cuarto intermedio posterior a la votación de la ley se allanó al diálogo e impulsó retomar la sesión junto al oficialismo, mientras Amalia Granata quemaba las naves adjudicando pretensiones monárquicas al gobernador en una entrevista por Radio 2 con Sergio Roulier.

Legitimidad o judicialización

 

No solo eso: el perottismo reclamó que se revisara la votación, que de tan desprolija y apurada que fue tomó como abstenciones una decena de votos que finalmente resultaron negativos. Pero de ninguna manera se sumó al pedido de nulidad que también encabezó Granata, quien después del rechazo del mismo amenazó con judicializarlo.

Justamente, la actitud del grupo de los 5 que responde al exgobernador –con quien Pullaro comparte una gestualidad de sostén institucional desde que asumió–, al facilitar que continuara la sesión y cada diputado pudiera aclarar como había votado, es lo que finalmente legitima la sanción de la norma y desacredita la nulidad como estrategia de la oposición.

Esto, de todos modos, no cierra a que los tribunales intervengan en torno a los cuestionamientos que pueda haber sobre la constitucionalidad del articulado de la ley de reforma previsional, que el oficialismo –con voces como la de la vicegobernadora Gisela Scaglia y el diputado socialista Pablo Farías– volvió a defender este viernes como el único camino posible para no aumentar impuestos ni transferir la Caja de Jubilaciones a una Ansés que paga beneficios mucho menores que los de Santa Fe. Habrá que ver si también en ese punto escala el conflicto entre un Poder Judicial que ya dio señales de que tiene voluntad de resistir y un gobierno dispuesto a abrir frentes y dar las batallas que cree que tiene que dar, aun cuando eso implique, como este jueves, tensar la cuerda.