El presidente Alberto Fernández utilizó las redes este lunes a la tarde para anunciar una extensión temporal de la moratoria previsional de la ley 26.970, que permite jubilarse sin tener los aportes requeridos por ley, al declarar deudas con el Estado por aportes impagos correspondientes a períodos previos a 2004, y pagarlas mediante el descuento de haberes, en un plan subsidiado de hasta 60 cuotas.
Concretamente, lo que ocurriría en caso de que no haya ninguna medida por parte del Gobierno, es que las mujeres que cumplan 60 años a partir del próximo domingo, 24 de julio, ya no podrían acceder a esa prestación utilizando la vía de la moratoria. En el caso de los varones, ya no pueden hacerlo quienes cumplieron la edad de 65 años a partir del 18 de septiembre de 2016.
La medida tiene un costo fiscal y la decisión de extender ese plazo se toma casi a último momento. De hecho, corresponde que sea definida por una ley. Y el Congreso ya no llega con los tiempos. Según el Presidente, la extensión se hará (se entiende que por un decreto de necesidad y urgencia) “hasta que el Congreso sancione una nueva ley”.
La normativa que se trate en el Poder Legislativo, en rigor, podría ser una extensión de plazos como la que dispondrá el Poder Ejecutivo, pero con una nueva fecha de finalización para la posibilidad de acceder al beneficios, o bien podría tratarse de la iniciativa que crea la “unidad de pago de deuda previsional”, promovida por senadores del kirchnerismo y que, de hecho, ya tuvo votación favorable en la Cámara Alta. Ese proyecto se instaló en la interna del propio Gobierno, ya que fue llevado al Congreso sin consulta previa con el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, pese a que incide en las posibilidades de cumplir con las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), referidas a las cuentas del sector público.
“La moratoria previsional fue una política indispensable en nuestro país para garantizar que millones de mujeres mayores puedan acceder a su jubilación”, observó el mandatario, y anunció: “Por eso tomamos la decisión de extender su plazo hasta que el Congreso sancione una nueva ley”.
“De este modo reforzamos nuestro compromiso con garantizar que todas las personas mayores, después de toda una vida de trabajo, puedan acceder a su jubilación”. continuó.
La ley 26.970, aprobada en 2014, establece las condiciones de una de las dos moratorias aún vigentes para acceder a una jubilación sin haber reunido, al momento de cumplir la edad exigida por la ley, los 30 años de aportes requeridos. El otro plan es el de la ley 24.476 del año 1993, reglamentada en 2005, que permite regularizar la situación de los aportes no hechos en su momento, pero solo por períodos anteriores a octubre de 1993. Por una cuestión del paso del tiempo, cada vez pueden declararse menos aportes por moratoria (para que los períodos sean válidos, la persona debe haber tenido al menos 18 años en el mes más antiguo por el que declara tener una deuda previsional).
Concretamente, la ley de 2014 dispuso que solo por un período de dos años podrían acceder a la moratoria quienes cumplieran 60 años (en el caso de las mujeres) o 65 años (los varones). Ese plazo venció en septiembre de 2016 y luego hubo prórrogas para el caso de las mujeres. El esquema surgió, de esa manera, con un carácter de vigencia temporal, cuando, en realidad, el problema de la falta de aportes para jubilarse es persistente en la sociedad y no hay señales de que se aliviará en el futuro, dadas las altas tasas de informalidad y precariedad laboral.
De hecho, frente a la magnitud y al carácter de largo plazo de la problemática del mundo del trabajo (que hace difícil cumplir con los requisitos rígidos que tiene la ley previsional), las moratorias no resultan una solución real. La estadística oficial demuestra que, a poco más de una década y media de haberse lanzado, dos de cada tres jubilados del sistema general de la Anses requirió de esos planes para acceder a su jubilación. Cada mes, entre quienes comienzan a cobrar su prestación mensual, son más los que llegan por la vía de la excepción (es decir, habiendo recurrido a una moratoria) que quienes obtienen su beneficio luego de haber reunido los aportes indicados por la ley. Es un hecho que se transforma en un llamado a analizar una respuesta de fondo, que no sea temporal y que contemple las necesidades de recursos para pagar las prestaciones y la manera en que el Estado se hará de ellos.
Tras aquel primer vencimiento del esquema creado en 2014, en el año 2016 otra ley creó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de al menos 65 años de edad sin aportes suficientes para la jubilación ordinaria. Esa misma normativa votada por el Congreso Nacional estableció que las mujeres que en los tres años siguientes cumplieran la edad jubilatoria podrían adherir a la moratoria prevista en la ley 26.970.
En ese entonces se definió, además, que ese período de tres años sería prorrogable por otros tres más. Por eso, en virtud de la fecha exacta fijada por un decreto reglamentario, rigió la moratoria para las mujeres que cumplían los 60 años hasta el 23 de julio de 2019. Y luego la Anses, haciendo uso de una delegación de facultades, extendió la vigencia de la medida y la fecha clave pasó a ser el 23 de julio de 2022. Es decir, el sábado próximo.
El mensaje de Fernández llegó luego de un encuentro con la titular de la Ansés, Fernanda Raverta en la Casa Rosada. “Hoy me reuní con Fernanda Raverta para analizar la situación de las y los jubilados de Argentina y las medidas a tomar por el vencimiento del plazo de la moratoria previsional sancionada en el 2014″, dijo el Presidente.
