Las universidades de todo el país realiza este jueves un paro de 24 horas contra el veto del presidente Javier Milei a la ley de Financiamiento Universitario.
En medio de las tomas de las casas de altos estudios y las clases públicas, el Frente Sindical de Universidades Nacionales llevará a cabo la medida de fuerza tras el aval de la Cámara de Diputados al veto del Gobierno al proyecto presentado por la UCR y Unión por la Patria.
"El Frente Sindical ha resuelto la profundización del plan de lucha con un horizonte de disputa con el gobierno nacional, que nos ha privado de la herramienta de la Ley de Financiamiento Universitario", considera el comunicado del gremio.
Los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario continúan su plan de lucha, mientras se realizaban diferentes asambleas en muchas facultades para determinar la modalidad, que en muchas de ellas se traslucía en tomas o en vigilias de 24 horas.
Lo mismo ocurre en la Universidad Nacional de Buenos Aires y en muchas otras de las casas de altos estudios de todo el país.
En medio de la combustión, el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales.
Barra informó que el sistema de control interno previsto está incluido en la ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y de aplicación a las universidades nacionales detallaron fuentes oficiales.
La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y en respuesta a la solicitud que habían hecho legisladores del PRO y el MID ante el Gobierno nacional en el marco de las mesas conjuntas que funcionan en Casa de Gobierno.
Hasta este martes, solo la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Congreso, podía llevar adelante las auditorias.
Ese cuerpo está encabezado por Juan Manuel Olmos, dirigente peronista y vicejefe de Gabinete durante el gobierno de Alberto Fernández.
La conclusión del dictamen firmado por Barra establece: "A la luz del texto constitucional modificado en el año 1994 y de los antecedentes normativos, jurisprudenciales y de la doctrina de esta Procuración del Tesoro, opino que el sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N.º 24.156 es de aplicación a las Universidades Nacionales".
Se justifica en que "el ejercicio de dicho control no contradice ni vulnera la autonomía funcional y la autarquía administrativa-financiera que les reconoce la Constitución Nacional, reglamentada por el Legislador a través de la Ley de Educación Superior N.° 24.521".
