Día 1. La familia era numerosa. La madre y jefa del grupo, el padre, los hijos más grandes, la joven que ya los había hecho abuelos, los chicos más pequeños y hasta el nieto bebé. Eran diez en total que llegaron a Rosario en un colectivo que partió desde Jujuy y arribó a la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno. Venezolanos que dejaron su país ocho meses antes y venían bajando por el continente. Su destino final era Montevideo. Antes, debían pasar por Colón, Entre Ríos, para cruzar la frontera hacia Uruguay, donde los esperaban familiares.
Pero ese día, el martes 19 de septiembre pasado, en que Rosario debía ser un lugar de tránsito, apenas una conexión de algunas horas, un imprevisto lo complicó todo.
Una amenaza de bomba a las 15 en la terminal cambió los planes y el lugar fue desalojado. El colectivo que debían abordar salía hacia Colón esa misma tarde pero la familia venezolana lo perdió, por la conmoción y la confusión entre los andenes. Se hizo de noche y quedaron varados en la ciudad, ya sin pasajes. No había nadie para darles respuesta. Los cuatro adultos y los seis chicos, algunos con ojotas y pantalones cortos, durmieron en la estación.
Esa falla desnudó que, más allá de redes solidarias y buena voluntad, hay una carencia de protocolos oficiales y articulados entre organizaciones internacionales, autoridades de gobierno y ONGs locales dedicadas al trabajo con migrantes forzados y refugiados.
Día 2. El miércoles 20 de septiembre el alerta por la situación de extrema vulnerabilidad del grupo llegó a la Municipalidad. Nicolás Gianelloni, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, se hizo cargo de la urgencia. “A nosotros nos llega como una situación de calle pero la familia estaba en tránsito, no eran residentes de la ciudad. Había nenes chiquitos, era delicado”, recordó en diálogo con Rosario3.
A los integrantes de la familia, la Cruz Roja de Jujuy les había comprado los tickets en micro hasta la frontera de forma online y no se hicieron cargo de la situación que se desencadenó al quedar varados. Ellos ya habían cumplido con su parte.
“Caminemos”, dijo la mujer mayor de la familia venezolana y todos empezaron a marchar con su mochila del Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados), los niños a cuestas y el cochecito con una rueda rota. No tenían plan más allá de seguir avanzando hacia la frontera. Hasta que los alertaron que transitar de noche era peligroso, que les podían robar sus pertenencias y al final decidieron quedarse en la terminal.
Para la gente que trabaja en las ventanillas de la Mariano Moreno ese hecho no fue algo inusual: ya hubo casos de migrantes sin recursos que durmieron ahí. El secretario municipal consiguió un alojamiento para que no quedaran expuestos una segunda noche sin techo ni comida.
También notificó de lo ocurrido a la delegación local de Dirección Nacional de Migraciones pero esa oficina no dispone de fondos para asistencia humanitaria o traslado de personas (su rol es el control de ingreso, egreso y permanencia de personas en el país).
Por eso, Gianelloni llamó a la abogada Paula Carello, coordinadora de la Fundación Migra, una ONG local que trabaja en la protección de personas en situación de movilidad. Solicitó apoyo para destrabar el conflicto de los pasajes y acompañar un paso fronterizo seguro hacia Uruguay.
Día 3. El jueves 21 el equipo de Migra se acercó al alojamiento donde estaba la familia y entrevistó al grupo para conocer su situación, el destino final y los contactos del otro lado de la frontera. Desde la Cruz Roja de Jujuy le respondieron que habían sacado los pasajes en colectivo pero no podían volver a hacerlo. Carello se contactó entonces con la coordinadora de la Asociación de Venezolanos en Rosario, Milagros Marcano Robles, quien se puso a disposición.
En momentos como ese es cuando la existencia de un protocolo de acción claro y coordinado para asistir a migrantes y desplazados es vital. Algo similar ocurre cuando arriban a los puertos de la región jóvenes africanos escondidos en barcos como polizones. Son pocos, ocurre de forma episódica, pero nadie sabe bien qué hacer con ellos y se activan las redes solidarias, con o sin apoyo estatal. En síntesis, se notan los efectos de una ausencia de gobernanza del tema con “enfoque integral”, algo que los Estados se han comprometido a hacer tanto desde la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible como en el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.
Paula Carello, la abogada especializada que fundó Migra en 2019, presentó una propuesta de ordenanza para llenar ese vacío con un organismo específico en el Ejecutivo pero la norma no avanzó en el Concejo (ver más abajo). “Nuestra intervención consistió en que las personas puedan llegar seguras a destino, dotarlas de herramientas como por ejemplo que tengan contactos en Rosario y ropa de abrigo. También que sepan dónde están para que se orienten y por eso los llevamos ese jueves a una recorrida por la ciudad”, describió.
Les presentaron a Paloma, que es dominicana y tiene una peluquería en la zona de la terminal, y a Frank y su familia venezolana, muy solidarios y titulares de una bicicletería. Carello aprendió esas prácticas (tours de reconocimiento), y le sumó la generación de redes, en su trabajo en distintos organismos y en la agencia belga de atención de refugiados en Bruselas, donde vivió.
Mientras asistían a la familia en la ciudad, el equipo de Migra se contactó con organizaciones y autoridades uruguayas para tender un puente: “En zona de fronteras pasan muchas cosas graves y es necesario evitar situaciones de riesgo, como abusos, fraudes y hasta trata de personas”.
Día 4. El viernes 22 no llegaron a coordinar el nuevo viaje desde Rosario hasta Colón, Entre Ríos, para que la familia cruzara a Paysandú, Uruguay. “Antes de sacar los pasajes, tienen que estar garantizadas las condiciones de seguridad y dignidad en destino”, precisó la abogada especializada.
La familia pasó el fin de semana en la ciudad. La Municipalidad garantizó la comida y el alojamiento.
Según afirmó a este medio Alexander Astudillo, secretario de la Asociación Civil de Venezolanos en Rosario, en los últimos años hubo al menos siete casos de familias o personas connacionales que quedaron varadas en la ciudad. Aunque las ayudas se activan, entre municipio, Concejo o redes solidarias, el referente analizó: “Hace falta un protocolo oficial o un organismo específico a nivel local, lo que existe está más vinculado a las colectividades o eventos culturales”.
Si bien el arribo de migrantes de ese país se redujo en los últimos años, “siguen llegando y somos entre 4.500 y 5.000 en la ciudad”, agregó.
Día 7. La mañana del lunes 25 de septiembre finalizó el largo operativo con la familia que forma parte de la diáspora venezolana por el continente. Según la plataforma R4V, que recopila datos de fuentes oficiales, los refugiados y migrantes de ese país en América Latina y el Caribe ascienden a 6,5 millones. La mayoría está en Colombia, que es limítrofe (Rosario3 estuvo en el puente de Cúcuta para narrar parte de ese fenómeno). Argentina es el sexto país de acogida (unas 220 mil personas).
Ese sitio además refleja que la experiencia de la familia venezolana en Rosario no es aislada. El viaje hacia Uruguay es una ruta migratoria en crecimiento. Esa población aumentó en más de cinco mil entre diciembre de 2022 y junio de este año. “El número total de refugiados y migrantes venezolanos en Uruguay ha llegado a 32.939 personas (+5.452), lo que representa un aumento del 18% en comparación con la cifra reportada anteriormente”, dice el informe.
El último lunes de septiembre, para no demorar aún más los trámites, la Fundación Migra compró los pasajes para los diez migrantes con fondos propios (unos 60 mil pesos). Eduardo, funcionario municipal retirado y uno de los voluntarios de esa organización, aportó su camioneta para el traslado en dos viajes desde el alojamiento céntrico hasta la estación Mariano Moreno. Se unieron dos voluntarias del Equipo de Situación de Calle de la Municipalidad y el director de la Terminal.
Los apoyos son vitales para sostener redes que, al no ser oficiales, se nutren de la buena voluntad (y por eso mismo tienen un límite).
Esa noche la familia envió mensajes de alivio al celular de Migra (+549 3415887048, abierto las 24 horas para urgencias y contactarse como voluntario). “Llegamos. Tardamos mucho en Migraciones”, comunicó la mujer y vocera de la familia. “Los bebés ya duermen”, completó. Al otro día, el martes 26, más relajada después de un trance largo y difícil, envió el agradecimiento por la ayuda desde Uruguay: “Ya estoy donde mi familia, gracias”.
Sin ordenanza
En junio de 2021, Carello y el equipo Migra presentaron un proyecto de ordenanza para la “creación de la Dirección de Vinculación con Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados (Divier)”.
El texto cita la ley nacional de migraciones 25.871 que indica que el “Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias" a la protección y los derechos.
La iniciativa observa la necesidad de contar con políticas migratorias concertadas “entre los países de origen, tránsito y destino de población migrante; como así también, la necesidad de trabajo coordinado y estratégico entre autoridades nacionales y locales”.
Si bien Rosario cuenta con un Programa sobre Migrantes y un área de Relaciones Internacionales (en el Ejecutivo) y un Foro de Colectividades (en el Concejo), lo que el proyecto propone es centralizar los esfuerzos dispersos y trabajar con protocolos sobre las urgencias.
Esa nueva dirección (Divier), dependería de la Secretaría de Gobierno local. Pretende contribuir a la falta de capacitación y centralizar las acciones en un órgano específico.
Agrega, además, que el trabajo con la diáspora rosarina también tiene un potencial enorme para el desarrollo local y la atención de las necesidades de quienes emigran o retornan a la ciudad. “Hay que mirar a la migración con un lente de 360 grados, y desde diversas perspectivas y en todo su ciclo, promoviendo los beneficios de la movilidad humana, y mitigando sus riesgos e impactos negativos”, resumió Carello.
Como la “temática de la movilidad humana internacional es transversal a distintas áreas del gobierno municipal”, lo que el proyecto plantea es crear “un espacio de coordinación” porque hoy las funciones “están dispersas en distintas áreas/secretarías/subsecretarías”.
Y, como probó el caso de la familia venezolana o el arribo de tres jóvenes migrantes desde África (dos de ellos adolescentes) en 2022, la falta de planificación y protocolos pueden agravar urgencias o hacer que se extiendan en el tiempo soluciones que podrían darse de forma más simple (incluso con menor inversión).
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