La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ratificó la constitucionalidad de la ley que le da el control disciplinario de los fiscales a la Legislatura.
Los integrantes del máximo tribunal provincial resolvieron de esa manera la tensión de poderes que se generó por el caso del fiscal rosarino Adrián Spelta, quien se opuso al procedimiento que le iniciaron.
El caso de Spelta fue presentado como una forma de condicionar las investigaciones del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La Asociación de Fiscales planteó que "el sistema de remoción de fiscales en manos de la Legislatura deviene en inconstitucional y constituye un claro avasallamiento a la autonomía del Ministerio Público de la Acusación, a los principios republicanos de gobierno, y más preocupante aún, a la independencia que se espera del órgano encargado de la persecución de delitos".
En septiembre del año pasado, la Cámara Laboral de Rosario declaró inconstitucional la Ley 13.807, que otorgó el poder sancionatorio de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación a la política.
Con ese fallo inhibió a la Legislatura para avanzar con el sumario administrativo contra el fiscal Spelta, jefe de la Unidad de Homicidios de Rosario (y frenó los 90 días de suspensión por una decisión judicial de 2018).
La definición podría condicionar otras causas paralelas. Por ejemplo, el amparo del ex ministro de Seguridad y actual director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain. La Legislatura avanza con una suspensión mientras Sain reclamó que no pueden removerlo de un cargo que ganó por concurso por hechos que se remiten a su rol como ministro.
El caso Spelta
La Comisión de Acuerdos de la Legislatura elevó el año pasado una suspensión por 90 días del fiscal Adrián Spelta.
Es por la domiciliaria o libertad asistida de Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval que acordó en 2018 y que revisaron al menos dos jueces, uno de ellos Hernán Postma, por quien un tribunal conformado no avaló avanzar con un jury por esa actuación.
A Spelta, entonces, lo investigaron años después sólo a partir del desenlace, que fue el crimen de Sandoval en la casona de La Florida, y no antes.
De los fiscales investigados como Mauro Blanco (Venado Tuerto) o Gustavo Ponce Asahad (imputado y detenido por corrupción), Spelta es el único que no tiene una causa penal en contra. Cuenta, además, con el apoyo explícito de sus colegas por intermedio de la Asociación de Fiscales, que envió una nota a la Legislatura. Pero ahora la Corte avaló el trámite de los legisladores.
