La ley 11.220, en su artículo 22, dice que uno de los cinco directores del Enress, órgano de control de Aguas Santafesinas (Assa), debe ser propuesto por el sector sindical. La polémica surge porque la persona apuntada para ese lugar tiene una historia particular: se trata de Vivian Orellano, quien trabajó en Assa, la despidieron sin causa, la indemnizaron y ahora sería quien debería controlar a la empresa de la que fue despedida.
Pero hay algo más: su marido es Oscar Barrionuevo, el líder del sindicato de Obras Sanitarias, que forma parte del directorio de la empresa y que es quien propone su nombre. Es decir, Orellano debería controlar a la empresa en la que su marido es director.
Según contó en Radio 2 la periodista Ivana Fux, Barrionuevo venía proponiendo para ese cargo a su mujer desde 2018, en tiempos de la gobernación de Miguel Lifschitz. La ley amparaba este pedido pero el ex gobernador socialista nunca mandó el pliego a la Legislatura; entonces el gremio judicializó el caso y demandó al estado santafesino.
La Justicia le ordenó a Lifschitz que envíe un nuevo pliego, pero el ex mandatario no lo envió. Entonces, la magistrada a cargo decidió cobrarle una multa de mil pesos por día por el incumplimiento de la sentencia judicial.
Los actuales funcionarios de la provincia sostienen como defensa de esta decisión que no tuvieron margen para hacer otra cosa.
Una de las quejas de la oposición refiere a que en ningún momento el Ejecutivo comunicó a los legisladores que enviaría este pliego, por lo cual el socialismo ya anunció que votará en contra.
El primer llamado para tratar el pliego está fechado para el 20 de agosto, en medio de esta extraña situación en la que los diputados aún no pueden sesionar: el Senado lo viene haciendo de manera virtual y la Cámara baja lo haría esta semana de manera semi presencial.
