20 diciembres impunes: reeditan el informe completo de la Comisión Investigadora de 2001

El dato se recordó mucho en estos días en que se cumplieron 20 años del estallido social y la masacre policial de diciembre de 2001: hubo nueve muertos en la provincia y seis de ellos fueron asesinados en los barrios de Rosario. Pero el informe final de la Comisión Investigadora No Gubernamental de los hechos del 19 y 20 es mucho más que una enumeración de esos crímenes. Detalla el contexto previo, expone una matriz y demuestra que no fueron hechos aislados.

Por su importancia, el trabajo se reeditó para este aniversario en forma de libro: “20 diciembres impunes”. Se presenta este martes a las 18 en la Sede de Gobierno de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), Maipú 1065.

El informe tiene una versión PDF que se puede ver en esta nota o descargar online desde este link. La ilustración de tapa y contratapa es de El Tomi (Tomás Muller, integrante a su vez de la comisión) y la redacción es del periodista y escritor Osvaldo Aguirre.

La masacre y la investigación

El 19 y 20 de diciembre de 2001, seis personas fueron asesinadas a balazos en los barrios de Rosario. Hubo dos víctimas en la localidad vecina Villa Gobernador Gálvez (una por infarto durante la represión) y una más en la ciudad de Santa Fe (el disparo fue de un comerciante). Son: Walter Campos, Rubén Pereyra, Yanina García, Graciela Acosta, Claudio Lepratti, Graciela Machado, Ricardo Villalba, Juan Delgado y Marcelo Pacini.

Como el gobierno de Carlos Reutemann se opuso a revisar lo ocurrido (los crímenes que había cometido su Policía), organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales, familiares de las víctimas y legisladores crearon en julio de 2002 la Comisión Investigadora No Gubernamental.

El informe final expone la investigación realizada a lo largo de los años, soportada en pruebas y testimonios de múltiples testigos y víctimas. Contrasta ese material con documentos oficiales de la Policía, declaraciones de funcionarios y fallos judiciales que dejan dudas.

Antes de entrar en ese detalle, el documento hace un ejercicio de memoria que evidencia que diciembre no fue un hecho aislado. Los reclamos al gobierno provincial para depurar una fuerza policial con vicios de la última dictadura cívico militar (y represores activos cuyos nombres constaban en la megacausa Feced) convivieron los meses previos con una tensión social que iba en aumento.

A la abogada de derechos humanos y hoy diputada provincial, Matilde Bruera, una de las que reclamaba, le dejaron en su domicilio un libro ahuecado que contenía 350 gramos de un explosivo TNT. Fue una muestra más: el aparato represivo no estaba desmantelado, recuerda el texto.

El entonces ministro de Gobierno Angel Baltuzzi expresó la línea del gobierno en derechos humanos. A los militantes de Hijos les dijo: “A mí no me van a correr con la vaina cuatro pendejos que no vieron una picana ni por Internet”. Y a las Madres de Plaza de Mayo: “No pueden estar cincuenta años buscando las cenizas de sus hijos, me parece que en una sociedad esto no va”.

En junio de 2000, Rafael Gutiérrez (primo político de Reutemann) y Eduardo Spuler, su abogado personal, se convirtieron en ministros de la Corte Suprema de la Provincia.

Antes de diciembre de 2001, los funcionarios ya anticipaban las órdenes fatales. “La decisión de reprimir la tomé yo, y no tengo ningún problema en hacerme cargo”, dijo el subsecretario de Seguridad y ex Side, Enrique Álvarez, semanas antes en un piquete con mujeres y chicos.

“Nadie actuó sin órdenes”, declaró después ante la comisión el delegado del Ministerio de Gobierno en Rosario, Osvaldo Turco, sobre el uso de balas de plomo. Afirmó que la Policía respondía a Álvarez y el subsecretario hablaba de forma directa con Reutemann.  

Después de exponer ese gérmen de violencia e impunidad, el informe avance sobre la impunidad judicial y la muerte como mensaje. Cosa rara: a Claudio Lepratti, el militante que gritaba por los demás, lo asesinaron de un balazo en la garganta; a Rubén Pereyra, el joven de 20 años que empujaba un carro y recogía cartones, el disparo le perforó la mano y después lo mató; y a Walter Campos, el pibe de 16 que venía de hacer una cola para pedir comida para su familia, un francotirador de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) le vació el hipotálamo, la parte del cerebro que controla las funciones del cuerpo, como la sed y el hambre.

Conclusiones

Los párrafos finales del libro resaltan: “Las pruebas recabadas por la Comisión Investigadora indican que después de las 14 horas del 19 de diciembre de 2001 hubo un cambio en la acción policial en todos los puntos de conflicto de Rosario y que la Unidad Regional II actuó orgánicamente y bajo la orden de reprimir el reclamo social, con armamento de fuego disuasivo y letal. Las personas asesinadas y las heridas por balas de plomo disparadas por la policía son la prueba más elocuente al respecto”.

“La falta de entrega de alimentos por parte del gobierno provincial el 19 de diciembre; y una policía acuartelada 72 horas antes son hechos que demuestran la orden de represión que guió los procedimientos”, añade.

“Las órdenes existieron y resultaron ilegales en cuanto se dispuso reprimir a la población utilizando la fuerza y cualquier tipo de armamento, desconociendo el reclamo social con la finalidad de sacar a la gente de la calle a cualquier costo”, resume más adelante.

El texto señala también: “La Justicia fue el mecanismo que selló la impunidad. A través de simulacros de investigaciones, desarrolladas mediante actuaciones que en general sólo existieron en las apariencias y en formalidades sin mayor consecuencia, su objetivo central fue impedir el conocimiento de la verdad histórica y dejar impunes a los responsables”.