Mayo de 2017. Alan Funes está detenido por un crimen en una cárcel de menores. Ya cumplió los 18 años pero todavía sigue alojado en el entonces instituto Irar. Las paredes no lo alejan del todo de la calle. Habla a diario con su hermano Lautaro, alias Lamparita, por esos días uno de los animadores de las balaceras en Tablada y los Fonavi de avenida Abanderado Grandoli en una guerra callejera contra los clanes Caminos-Segovia.
Un diálogo con “Lampa” lo muestra ansioso de escuchar cómo suena la nueva arma que engrosa el poder de fuego de su banda, que está en ascenso y cuenta con el padrinazgo de un pesado: René Ungaro, pionero en manterse activo aún desde el encierro.
–Recién René me pasó la metra –le cuenta Lamparita.
–¿Qué metra? –pregunta Alan.
–La FMK3.
–Esa re va, boludo, vi una foto tuya.
–Y tengo la 230 llena; el Chileno me mandó la mini Thunder, tengo dos Glock y acá hay dos revólveres más. Hay como siete u ocho pistolas.
Alan le pregunta quién va a tener la metra y su hermano le informa que será un tal Carlitos.
–Uh, pero alto tiroteo, hay que ver quién lo graba (...) Quiero escuchar cómo suena esa metra, debe sonar re zarpada –dice Alan.
Seis años después de esa escucha judicializada, Alan Funes está alojado en un penal de máxima seguridad. La cárcel federal de Marcos Paz, su último destino tras casi dos años en el complejo de Ezeiza.
Tiene condena por homicidio –el precio de la venganza por sus familiares asesinados– y otros delitos, por los que suma un monto bruto de 44 años. Ello sin contar los 12 años que le impuso un juez de menores por el crimen de Eugenio “Pupi” Solaro 1º de mayo de 2016, cometido en un pasillo de Ayacucho y Ameghino, 51 días después del crimen de su madre, Mariela Miranda.
"Esto es por culpa de tu hermano que mató a mi mamá", le espetó a Solaro un encapuchado, desde una moto, antes de descerrajar los tiros. La lluvia de balas hirió también a un nene de 11 años y un chico de 18.
La notoriedad temprana que cosechó Alan en los pasillos de la zona sur tuvo un costo alto. En apenas dos años, entre marzo de 2016 y febrero de 2018, fueron asesinados su madre y dos hermanos. Su padre, Jorge Funes, sobrevivió varios disparos.
En un capítulo más reciente, a fines de mayo pasado, su hermana menor se salvó de un balazo mortal por milímetros. Una familia diezmada en medio de la dinámica ultraviolenta del mercado de las sustancias ilícitas y de las rivalidades entre clanes ligados al delito.
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Alan Funes cumplirá 25 en septiembre. Su nombre trascendió al universo de investigadores y periodistas especializados en enero de 2018 cuando fue detenido junto con su entonces pareja y madre de su hija, Jorgelina “Chipi” Selerpe, por la saga criminal contra quienes juró venganza, las familias Caminos-Segovia.
Integrantes de estos grupos recibieron condenas por el crimen artero de Mariela Miranda, de 2016, y de los hermanos Ulises y Jonatan, asesinados a principios de 2018, en uno de los capítulos más sangrientos de la historia de los clanes ligados al delito en Rosario.
Ese enero de hace cinco años fue vertiginoso. Un video en que se lo ve disparando una ametralladora en la madrugada del 1° de enero armó un escándalo por el que pidieron su captura. Se convirtió en fugitivo. Le mataron a su hermano Ulises. La ola de homicidios en Rosario hizo que su foto con camisa azul y portando una pistola y una metralleta llegara a la prensa internacional.
“Dos familias ajustan cuentas a balazos y ponen en jaque a Rosario. Las pandillas se pierden en venganzas y agrandan la tasa de homicidios en lo que va de 2018”, tituló el diario El País de España.
En junio de 2021, ocho presos se fugaron de la cárcel de Piñero en uno de los escapes más memorables de la historia reciente, cuyas imágenes fueron captadas por el celular de un interno.
El revuelo penitenciario propició que siete detenidos de alto perfil de ese penal provincial fueron trasladados a cárceles federales de máxima seguridad donde, se suponía, iban a estar mejor custodiados. Entre los mudados, estaban el peruano Julio Rodríguez Granthon, René Ungaro, Esteban Alvarado y los hermanos Alan y Lautaro Funes.
La estadía en la cárcel de Ezeiza depararía nuevos capítulos judiciales. Una investigación de la fiscal Valeria Haurigot, que salió a la luz pública en marzo de 2022, dio cuenta de que a los pocos meses del traslado al penal federal bonaerense, Alan ya tenía una nueva bandita operando en las calles de Rosario.
El sello del clan lo puso su hermana menor, Solange, que se manejaba como una especie de jefa de operaciones a pedido de su hermano. El teléfono de la adolescente terminó secuestrado y permitió reconstruir una “historia delictiva de mucho tiempo” que resultó ser muy rica en cuanto al esclarecimiento puntual de “balaceras, extorsiones y hasta una tentativa de homicidio”, señalaron los investigadores.
El celular de Solange arrojó que Alan, como en el ya lejano 2017 desde el Irar, necesitaba un reporte constante de los movimientos callejeros. Un minuto a minuto de las acciones criminales, incluso a riesgo de que terminen como prueba de investigaciones. Otras vez, aparecen los videos como garantía de concreción de los encargos.
Por esos días, Alan publicó una historia de Instagram que, de ser cierta, daría cuenta que tal vez la cárcel sea un buen lugar para hacer negocios.
Solange Funes –nacida en 2005– sufrió un roce de bala en la cabeza en la madrugada del 28 de mayo. La chica estaba en las Cuatro Plazas con un amiga cuando quisieron matarla dos tipos que se acercaron a las 5 de la mañana. Estaba acompañada de Leila, hija de Carlos Schmitt, el mecánico condenado por atropellar y matar a un cadete a 120 kilómetros por hora en 2016. Los investigadores cuenta que Alan y Leila se conocieron en la cárcel de Piñero, cuando la chica iba a visitar a su padre.
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“Todo comenzó en 2012, 2013. Mis hermanos Alan y Ulises iban a la escuela. Para llegar tenían que pasar por el barrio Municipal. En ese barrio, la familia Caminos controlaba todo lo que pasaba. Ellos querían que mis hermanos sean sus sicarios y empiecen a matar gente para ellos. Empezaron a verduguearlos, le pegaban cachetazos y les mostraban armas. Ulises tenía 16 y Alan cerca de 12, ellos querían que mis hermanos maten a los que habían matado a su padre, de la banda de los Ungaro”.
Esas fueron las palabras de Jonatan “Bam Bam” Funes al declarar como testigo del asesinato de Mariela Miranda. Al igual que Ulises un mes antes, Jonatan terminó asesinado. Fue en febrero de 2018, en una emboscada a la salida de la cárcel de Piñero, donde había ido a visitar a sus hermanos Alan y Lamparita.
Lamparita está fuera de las calles desde septiembre 2017, cuando personal de la Policía Federal Argentina (PFA) se adentró en los pasillos todavía no abiertos de Ameghino y Colón, en la villa de barrio Tablada.
Por esos días, las usinas policiales decían que Lamparita tenía sobre su espalda al menos cuatro muertes. Sin embargo, fue condenado a siete años de prisión como organizador de asociación ilícita y partícipe de un crimen. Luego, le unificaron la pena en 14, por una causa federal de narcomenudeo.
Los sueños de libertad de Lampa, ausente durantes años en la crónica roja, parecen postergarse nuevamente. En los últimos días, la Cámara Federal le confirmó un nuevo procesamiento por gerenciar una red de venta de drogas desde la cárcel federal de Neuquén con la complicidad de su madre, Alejandra, y de su hermana Joana.
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Mariel Lezcano fue asesinada en la tarde del 13 de octubre de 2021 en su casa de Ayacucho al 4389. La chica estaba merendando con su hijo de 3 años, su hermana de 13 y otros menores de edad. Cuando fue a abrir la puerta recibió dos balazos, uno en la cadera y otro en la cabeza. Alan Funes terminó imputado como instigador de este asesinato que tuvo el blanco equivocado.
La intención de Alan Funes era asesinar, bajo promesa de pagar 150 mil pesos, a la madre de Mariel, Gisela “Paquete” Gutiérrez, una mujer luego vinculada con un intento de asesinato. El “error” del sicario ameritó un descuento de 50 mil pesos. Al menos así lo señala el legajo de la Fiscalía de Homicidios.
De esa causa surgió que Alan, como un CEO de una Pyme delictiva con un departamento de sicarios en su organigrama, ponía a prueba al entonces novio de Solange, un tal Fabito.
–Ese anda con vos. Ya me dijeron. Que active si quiere ser mi cuñado. Que se empiece a mover, a hacer cosas –le advirtió a su hermana.
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Las nuevas investigaciones sobre Alan Funes podrían depararle prisión perpetua. Su sombra sigue apareciendo detrás de crímenes resonantes, en una carrera delictiva que, después de enero de 2018, sólo tiene capítulos desde el encierro en calidad de instigador.
Y, como su mentor René Ungaro, ya está imputado como jefe de su propia banda dedicada no sólo al narcomenudeo y a las extorsiones, sino al sicariato. La cárcel como posgrado en el gerenciamiento del delito y los mercados ilegales.
La última causa ruidosa que salpicó a Alan Funes, pese a que no está imputado, fue el crimen de Valeria Nasca, una mujer que junto con su marido, Jorge Benegas, se declaró culpable de integrar el estamento empresarial del emporio de Esteban Alvarado, en calidad de testaferra. Eric Rojas, el sicario nogoyense que disparó el 7 de mayo, mantuvo conversaciones Leila, la hija del mecánico, que según investigadores sería la pareja actual de Funes.
Marzo de 2023. El nombre de Alan Funes surge en una nueva investigación, esta vez como invitado en el descomunal plan de escape en helicóptero de su compañero de prisión Esteban Alvarado, tal vez el hampón más sofisticado de la criminalidad rosarina.
El dato se desprende de escuchas telefónicas y de las imágenes que captó el Servicio Penitenciario Federal el 10 de marzo, la fecha del plan de fuga frustrado. Lobo, el piloto del viaje que no fue, está oficialmente prófugo. Pero a esta altura es un secreto a voces que fue él quien delató el complot de Alvarado. Su paredero es desconocido. Y es posible que ya tenga otra identidad.
Días después de la fuga frustrada, una historia de Instagram de Alan reforzó la hipótesis del piloto delator. “Lobo Sapo”, escribió el joven pistolero de zona sur, ya entonces con cinco de prisión sobre su espalda. Su derrotero es, además, la evidencia de celdas que no detienen y de una violencia que se diversifica y especializa aún bajo custodia estatal.
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