La secuencia se repite a diario en Rosario: una persona, a pie o desde un vehículo, saca un arma –calibre 9 milímetros, reza la norma– y dispara. El objetivo puede ser: un grupo de personas random, el frente de una casa, comercios, empresas, instituciones estatales o de la sociedad civil.
El blanco dependerá de quién haya hecho el encargo y lo que se quiera transmitir al destinatario. Su ejecutor suele ser un cuentapropista multitareas que ofrece el terror como servicio no registrado. Un trabajador más del bull market que es la economía delictiva rosarina que emergió pospandemia y que se estima que este año reparta, en promedio, alrededor de 2500 balaceras.
Este escenario de porno violencia dio origen a una fiscalía única en su tipo en Argentina: Equipo de Trabajo para el Abordaje de Delitos Cometidos con Armas de Fuego (su nombre institucional) que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La unidad especial de balaceras se creó en 2020 aunque fuentes judiciales ubican su génesis en 2018. Cuando las balas empezaron a cruzar los bulevares y a pegar contra edificios judiciales y casas de magistrados.
Este tipo de ataques intimidatorios o extorsivos son rápidos y furtivos –no siempre precisos, en ocasiones con heridos o derivaciones mortales– y suelen ir acompañados de una amenaza o mensaje escrito en papel o vía redes sociales. El kit de trabajo se completa con un smartphone, la herramienta natural del emprendedor moderno y el trabajador de la economía de plataformas. Balas y hamburguesa, hermanadas bajo una misma lógica de mercado.
Con variaciones mínimas, esta metodología delictiva tiene objetivos concretos, según los investigadores judiciales. Desde un llamado de atención por deudas impagas, mensajes por broncas tumberas y guerras territoriales narco; a la intimidación de autoridades, para dejar/entregar una casa o el pago de cuota a comerciantes y empresarios –de todos los tipos de flujos y colores de balances–, entre otros.
La Fiscalía Regional N° 2 que conduce María Eugenia Iribarren, en su informe anual, registró que 2022 fue el año de mayor cantidad de personas heridas con armas de fuego y víctimas de homicidios dolosos (291), en la historia de la circunscripción. Nueve de cada diez heridos tuvieron como escenario los departamentos La Capital y Rosario. Solo la ciudad alcanzó los 73 heridos por cada 100 mil habitantes, superando el 2020 (72,35) y en 2021 (70,67).
En Rosario se suceden por día, en promedio, entre seis y siete balaceras –incluidos los heridos por arma de fuego– y unas cinco o seis son por extorsiones. Las exigencias de dinero por “tranquilidad” representan el 80%.
Ese volumen de episodios delictivos –que dividido en 24 horas da una balacera cada tres– lo absorbe la fiscalía de balaceras que se compone por cuatro fiscales y 13 técnicos (empleados judiciales y contratados). Por un tema de espacio físico la unidad trabaja en oficinas repartidas en tres pisos diferentes del Centro de Justicia Penal de Rosario.
Del mundo ideal a la realidad
El trabajo de cada fiscalía –por regla general– se reparte en forma piramidal y divide funciones políticas de operativas. El trabajo del jefe de unidad se emplea en administrar relaciones, no abusar de recursos de forma innecesaria y manejar los tiempos para saber cuando disponer de lo que se necesita. Ese equilibrio constante es lo que le permite a su equipo de trabajo contar con los apoyos jerárquicos y las herramientas tecnológicas necesarias para resolver cada caso.
En la fiscalía de balaceras es Valeria Haurigot la jefa de unidad, quien junto a Pablo Socca y Franco Carbone se reparten el trabajo de coordinación y las imputaciones. Federico Rébola se enfoca en la investigación y recabar pruebas.
Cada funcionario del MPA gestiona con elementos de las fuerzas de seguridad de su confianza el ida y vuelta de información que permite construir los casos. “Un buen policía no está detrás de un escritorio, sino que conoce la calle” y eso a veces tiene consecuencias indeseadas, ejemplificó un investigador policial que se aboca a este tipo de delitos y pidió reserva para hablar.
El investigador judicial es consciente de esa relación vidriosa entre el policía y la calle y tiene que equilibrar sus dudas y temores con el trabajo investigativo que le ofrecen los agentes: “El día que te defrauda esa relación se termina y vos lo derivas con un fiscal que se dedica a investigar conductas delictivas de policías”.
Las órdenes de allanamiento que dictan los jueces precisan de argumentos legales, pero también de la construcción de relaciones humanas. Esto en ciertos casos –contó otro funcionario judicial– acelera instancias burocráticas y permite alcanzar resultados al lograr aprovechar una ventana de oportunidad.
Los dueños de los (otros) fierros
Si bien el trabajo en la calle no pierde valor, el principal insumo para investigar hoy en día son las pericias a celulares. Un solo teléfono puede resolver varios casos debido a la red de relaciones que se pueden establecer con un peritaje. “Se parte de las conversaciones, a veces de una frase y una foto que no necesariamente pertenecen al mismo chat o es de un mismo día”, contaron a Rosario3 desde la fiscalía de balaceras.
El objetivo del equipo de trabajo es reconstruir toda la conversación, o partes relevantes, a partir de fragmentos mínimos. En ocasiones, cuando no se puede resolver el caso, la investigación permite identificar de dónde viene el conflicto, lo que sirve de prueba para imputar y condenar a personas hasta ese momento sospechadas de participar en otros delitos.
Los fiscales dependen en gran medida de los perfiles técnicos que conforman sus equipos. Son personas con facilidad para trabajar con software de mediana y alta complejidad que permiten analizar y desarrollar bases de datos y hacer identificación a través de imágenes.
Las cámaras de seguridad también son importantes para los investigadores. Muchas veces los casos que llegan a una unidad como la de balaceras se empiezan a resolver desde el fragmento de una imagen de una cámara de seguridad enviada a peritaje. Un fotograma aunque borroso, acompañado de un pedido puntual, puede hacer la diferencia para identificar el vehículo utilizado en un ataque y darle continuidad a la investigación.
En un hecho de este tipo la mecánica sería la siguiente: los investigadores judiciales hacen un pedido de información en base a palabras clave al 911. Esa data se carga en un sistema informático y, si se encuentran coincidencias, devuelve resultados puntuales. Estos a su vez se cruzan con bases de datos propias y con las de otras fiscalías que pueden tener causas resueltas o investigaciones en curso relacionadas por la naturaleza del delito que se investiga.
Ese mapeo permite a los fiscales perfilar el hecho y los potenciales sospechosos (personas y organizaciones) y enviar a los magistrados los pedidos de allanamientos para buscar indicios probatorios.
Los cambios tecnológicos que permitieron sistematizar información y cruzarla, es clave tanto para el trabajo de las fiscalías como de las fuerzas de seguridad. Pese a que no siempre se cuenta con software y equipo actualizado debido a los costos –generalmente en dólares– que tienen las licencias. Situación que se repite en las agencias de investigación con relación al instrumental para el recabado de pruebas en escenas del crimen.
La compartimentación de la información que maneja la fiscalía con los equipos de peritaje de la policía y los agentes de calle que investigan, es una partida de truco que ayuda a evitar filtraciones. Un juego de confianzas mutuas que puede rozar la paranoia o demoler una causa, si está mal administrado.
El otro lado
La persecución y la desarticulación de los principales clanes y bandas narco criminales que logró el MPA, terminaron con sus líderes presos pero no con el problema. Las extorsiones y las intimidaciones a tiros, los robos violentos, el sicariato y el ataque frontal al Estado, son fenómenos singulares de Rosario. Y se planifican y ordenan desde las cárceles provinciales y federales.
La ramificación del delito y su violencia, hizo crecer las causas en los juzgados y las condenas junto con el estrés de los recursos en infraestructura penal, seguridad y también en el sector de la salud pública.
El costo en términos de intranquilidad con la que vive la sociedad rosarina afecta a la educación, su economía local y destruye lazos comunitarios que aumentan la desigualdad. Quiénes más sufren esto último son los hombres y mujeres de la economía informal que sobreviven con la venta ambulante o mendigando.
La ciudad tiene una zona protegida que divide al centro de los barrios. No solo es desigual en términos de inseguridad, sino que aceleró un proceso de gentrificación que precede la crisis de violencia y que elevó los costos de vida a niveles prohibitivos entre los bulevares. Rosario, lejos de volverse más igualitaria, se cerró y naturalizó las derivaciones de la narco criminalidad. Alarma la desmovilización –masiva– de su sociedad frente al sufrimiento de las víctimas y la constante descripción de la realidad como respuesta de la política.
Tal vez un camino alternativo para terminar con esta violencia urbana, no con el crimen organizado ni el narcotráfico, pase por sacar la mirada exclusivamente de lo punitivo. Poblar las cárceles de delincuentes demostró que lejos de reducir los conflictos los multiplica y diversifica. ¿Qué puede hacer una persona con recursos ilimitados que está sin otra actividad que pensar y planificar junto a un celular dentro de un penal? ¿Y aquel que es encarcelado por un hecho menor y sale con una maestría en delito y más conexiones que cuando entró?
Una de las tareas principales de los funcionarios judiciales es investigar el delito y condenar a los culpables. Hasta el momento, en lo que hace a Rosario, ese enfoque desarticuló a un número no menor de bandas de forma exitosa, pero tuvo como consecuencia la diversificación del negocio y sumo nuevos jugadores. La preocupación por esa consecuencia es algo que comparten varios de los judiciales consultados por Rosario3. Lo mismo que el enfoque secundario que se le da a la ruta del dinero y su inserción en el circuito legal y en la economía en negro que representa el 40 por ciento de la total en el país.
Los casos testigo de México y Colombia deberían obligar a pensar y aplicar una política criminal integral que Argentina se debe desde la recuperación democrática. El escenario que se vive en Rosario es un híbrido entre el abandono de la regulación de dichos mercados y la incapacidad estatal para adaptarse y dar respuesta a los cambios que produce el delito ante su persecución.
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