El juez de Reconquista que lleva la convocatoria de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, se dispone a homologar el miércoles el contrato que la agroexportadora firmó con el Grupo Olio para que opere y exporte en sus plantas aceiteras de San Lorenzo y Ricardone hasta 2022.
Así se lo aseguraron este mediodía a Rosario3 fuentes judiciales. La homologación del contrato es fundamental para la empresa defaulteada que necesita los ingresos por fasón (manufactura de un producto por mandato de un tercero, dueño de una marca, en el cual este puede proveer de las materias primas e insumos que son necesarias para la misma) para poder seguir afrontando gastos, por ejemplo el pago de sueldos. Es que, por el contrato, la concursada obtendrá entre u$s80 millones y u$s100 millones por año.
El grupo Olio, a través de su exportadora Díaz y Forti, firmó en mayo pasado un primer acuerdo de fasón hasta fin de año con Vicentin para procesar y embarcar hasta 200 mil toneladas de soja. Pero para el nuevo contrato, que es el que la Justicia quiere homologar, se logró un entendimiento mayor y se subió a 300 mil toneladas al mes. Y además empezará a operar la planta de girasol (en Ricardone) por 500 mil toneladas al año.
Al Grupo Olio operar en Vicentin le cierra porque puede escalar posiciones en el negocio de la exportación sin tener que abocarse a operar un complejo fabril y logístico. Además, le permite seguir desde adentro la marcha del accidentado proceso de convocatoria de acreedores con miras a poder participar en el futuro de la empresa. Y si bien al mercado de granos le vino bien que haya aparecido un nuevo exportador que evite que el negocio se concentre, operadores de la Bolsa siguen mirando de reojo el fuerte crecimiento del grupo y manteniendo distancia con ellos.
En otro orden, esta martes se reunió en Rosario la comisión de legisladores provinciales que siguen la crisis de la empresa con el fiscal Miguel Moreno, quien investiga a la empresa por vaciamiento y hasta citó como testigo al presidente Alberto Fernández. Tras la reunión, en la que el fiscal aportó datos sobre la evolución de las causas iniciadas por los productores damnificados y los bancos extranjeros, los legisladores comentaron que Moreno trabaja en la hipótesis de que la mayor fuga de dinero se dio entre los años 2017 y 2019 y que la firma contó con un sofisticado equipo para construir información falsa para conseguir cereal y dinero que luego fueron a parar a paraísos fiscales.
En paralelo, tal como adelantó Rosario3 hace dos dias el Senado de Santa Fe le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que el concurso de acreedores de Vicentin vaya a los Tribunales de Rosario porque entiende que, pese a que la empresa tenga sede en el norte su crisis debería resolverse con jueces del sur porque la actividad de la compañía está centrada en Rosario.
En rigor, apenas la empresa entró en default acreedores comerciales buscaron que la causa se tramite en Rosario argumentando la falta de estructura de la Justicia en el norte para llevar la convocatoria de acreedores más grande en la historia de Santa Fe, pero el juez Lorenzini se declaró competente, y también lo ratificó la Cámara.
En la medida de que el papel del juez empezó a ser cuestionado (sobre todo por permitirle a Vicentin iniciar en febrero una convocatoria sin presentación del último balance y recién exigírselo hace algo más de un mes, luego de la presión de los acreedores y autoridades) volvió a cobrar fuerza el pedido de acreedores para sacarle la causa al magistrado.
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