La jueza en lo criminal y correccional de la ciudad de Buenos Aires, Alejandra Alliud, resolvió enviar la investigación que llevaba adelante por estafa y asociación ilícita contra los financistas rosarinos Fernando y Guillermo Whpei a partir de un incumplimiento contractual por 952 millones de pesos con el fondo de inversión TMF al juzgado federal penal económico por encontrar indicios de que también se habrían registrado maniobras de lavado de dinero.
La escalada en la complejidad del delito cometido complicó a los empresarios, que enfrentan ahora denuncias por delitos que tienen penas de hasta 10 años de cumplimiento efectivo como es el lavado.
En un escrito de 24 páginas firmado el 13 de julio, la magistrada hace suyos los argumentos de los denunciantes y de la fiscalía para pedirle a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico que asigne un Juzgado en lo Penal Económico que se avoque en esta investigación.
"Entiendo que la conducta a investigar en esta causa es la de lavado de activos, previsto y reprimido en el artículo 303 del Código Procesal el que concurre con el delito de administración fraudulenta, cometido por las autoridades de la Mutual y con participación de los hermanos Whpei, siendo que ambos ilícitos concurren en forma ideal", sostiene la jueza Alliud.
Ocurre que habiendo logrado primero la Justicia información detallada de la existencia de una maniobra de estafa, encontraron luego que ese dinero obtenido de forma ilícita fue girado al Grupo Unión, que es la firma madre de los Whpei, que lo usó para inversiones y pagos, lo que amerita -entonces- la presunción del lavado.
El inicio de la causa
El 20 de marzo de 2018 la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales acordó la venta de su cartera de préstamos a la filial argentina de TMF Trust Company, una firma global que administra negocios financieros.
Una vez cerrados los contratos de traspaso, los créditos fueron transferidos por la mutual a un fideicomiso financiero privado llamado Double Blue Argentina Crédit Turst II, que tenía como fiduciario (administrador) a la propia TMF. El Fideicomiso pagó por adelantado el total del precio a la mutual por los créditos cedidos por 865.900.000 de pesos.
Como la mutual opera con los códigos de descuento del sector público, Municipalidades y Provincias le informan a los bancos en los que depositan los sueldos y haberes qué descuento le deben hacer de sus ingresos a los tomadores de créditos.
Por uso y costumbre en estas operaciones de compra de carteras, que son muy frecuentes, el dador original sigue recibiendo el dinero del deudor (y cobra una comisión por el servicio) y luego le envía los fondos al comprador de la cartera, en este caso TMF. En este caso, la mutual quedó con la obligación de seguir recibiendo cada uno de los 25.000 pagos de los créditos individuales, y re-enviarlos mensualmente al fideicomiso Doubleblue.
TMF también le compró a la financiera Lancers (parte del grupo de Whpei) su cartera de crédito, que también fue al fideicomiso Double Blue pagándole por adelantado $137.900.00.
¿Y la plata?
Pero TMF detectó que en marzo de 2020 los pagos tanto de la mutual como de Lancers dejaron de cumplirse, "lo cual inicialmente provocó reclamos oficiosos". Según los denunciantes, "la negativa de pago fue fundada en la cuarentena".
Para el 5 de mayo del 2020, los denunciantes calculaban que la deuda de la mutual con ellos sumaba $66.936.211.
Tras el cruce de cartas documentos, el grupo inversor inició primero un reclamo comercial ante el juez comercial número 21 a cargo de Diego Paz Castañeda contra la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales y la financiera Lancers.
Pero al detectar que los tomadores de crédito seguían igual abonando las cuotas, presentaron una denuncia penal por fraude que recayó en el fuero de Alliaud. La demanda original contra la mutual fue por $505.913.065, pero para agosto de 2021 el cálculo es de $925.000.000. En tanto, el impago de Lancers acumuló en agosto $90 millones.
La hipótesis de TMF es que los Whpei desviaron ese dinero para pagar deudas defaulteadas en dólares con un fondo financiero (Earl Street Investement, propiedad de Gramcery, a quienp previamente le incumplieron pagos por deuda contraída con otras empresas del grupo) y con bancos provinciales del grupo Eskenazi tomados en tiempos de la bicicleta financiera del macrismo, cuyas devaluación de 2018, los agarró con pesos en la mano y por eso habrían quedados descalzados.
Ahora bien: ¿cómo la mutual pudo lograr saltar la barrera del fideicomiso, que dejó en manos de TMF la administración de los créditos cedidos? Los denunciantes apuntan que lo podría haber logrado a través de la persona designada para el cobro a que se llama Adalberto Oscar Perraud (vinculado familiarmente a los Whpei), y por eso le imputaban la posible comisión del delito de administración fraudulenta al haber violado los deberes a su cargo perjudicando los intereses de TMF al no entregarle a esta el dinero percibido por los créditos.
Primer round a favor de los Whpei
Fue así que, con las cuentas embargadas, el juez Alliaud llamó a declarar en abril de 2021 en Buenos Aires a los hermanos Guillermo y Fernando Whpei, junto con todos los directores del grupo (Marcelo Broardo, Adalberto Perroud, Angélica Galliano y Marcelo Marrau).
Durante las declaraciones, todos los directores coincidieron en repetir el argumento original: que los clientes les habían dejado de pagar por los embates del coronavirus: ya sea por enfermedad, muerte, por haber sido despedidos o tener que haber cerrado sus negocios en cuarentena.
Y sumaron otro argumento: por razones humanitarias usaron de emergencia el poco dinero recaudado para multitudinarias compras de barbijos y alcohol en gel que donaron por todo el país apenas inició la cuarentena. En definitiva, la estrategia era mostrar el faltante como deuda comercial y no como un fraude penal, como sostenían los denunciantes.
Además, los financistas pusieron dos cuestiones sobra la mesa que consiguieron llamar la atención del juez: reconocieron toda la deuda que los demandantes exigían porque, insistían, no lo estaban cobrando y, que en cuanto, se recupere la actividad abonarían su pasivo.
Y el otro dato era que, en efecto, en la cuentas de recaudación de los pagos por los créditos de la mutual y de Lancers (que habían sido embargadas) había muy poco dinero ingresado sin registros de retiros indebidos. Además, tampoco habia indicios de que el contador apuntado para el cobro hubiese desviado el dinero, como especulaban los denunciantes.
En definitiva, no había indicios certeros de que los Whpei estuvieran cometiendo un delito penal y todo parecía una deuda comercial. Fue así que la magistrado dictó, antes de la feria judicial de mediados de año, la falta de mérito a todos los involucrados. Y los financistas rosarinos –que no fueron sobreseídos pero si zafaron de ser procesados- se volvieron muy satisfechos a Rosario con el round ganado.
La pista rosarina
Pero en el fondo TMF seguían sospechando que no había un retraso en los cobros y que, por el contrario, estaban siendo víctimas de una estafa. Fue así que armaron así un call center que empezó a contactarse con deudores y detectaron muchos casos en los que los pagos eran normales porque se los seguían descontando de sus recibos de sueldos.
Pero se mantenía el interrogante: ¿A dónde iba la plata si las cuentas a las que Municipios y Provincias depositaban el dinero descontado de los sueldos estaban embargadas y con escasos ingresos? Fue así que pidieron en agosto pasado a la Justicia que dicte oficios a los gobiernos y bancos que descontaban los sueldos en busca de seguir el rastro de los fondos.
Las respuestas que llegaron de Santa Fe, Tucumán, Rio Negro, Chubut, Neuquén, adonde los Whpei operan mutuales con códigos de descuentos, no ofrecieron novedades. Pero la nota que llegó en agosto de la Tesorería de la Municipalidad de Rosario cambió todo.
Resulta que informaron que semanas antes de que empiece el conflicto (julio del año pasado), desde la Mutual le pidieron que cambien las cuentas a las que les giren el dinero descontado de haberes y sueldos, una atribución que tiene la mutual y que legalmente la administración local debe obedecer.
Fue así que a raíz de la respuesta del Palacio de Los Leones, que informó hasta el número de la cuenta al que le pidieron que haga el depósito de los descuentos, se reactivó la causa penal porque ahí aparecía el indicio de que los Whpei podrían estar desviando los fondos.
¿A qué cuenta les habían pedido que depositen el dinero? A una del fideicomiso AMP, que la Justicia allanó en 2021 en la ciudad de Buenos Aires porque ahí tiene sede y que está vinculado al grupo Whpei.
Un fideicomiso, administrado por Miguel Mazzei, que tuvo una constitución a las apuradas en julio del año pasado (con papeles todavía pendiente de autorización), justo antes de que la causa penal y comercial empiece a tomar vuelo en su contra.
Es que la hipótesis de los denunciantes es que el año pasado enterados (extraoficialmente) de que se venían los embargos, armaron el fideicomiso AMP a las apuradas, al cual los directivos de la mutual le están enviando (al menos la Municipalidad de Rosario) todo el dinero desde Julio 2020 en adelante.
Es más, el fideicomiso que recién se inscribió en la Afip en septiembre y octubre de 2020 para obtener el CUIT y su registración en los respectivos impuestos.
Ahora, investigados por lavado
Con esa revelación en la mano, TMF presentó en septiembre de 2021 una nueva denuncia penal ampliando la original (por estafa) para acusarlos de “desbaratamiento de derechos acordados” (que tiene pena de hasta 6 años de prisión efectiva), asociación ilícita (con penas de 10 años) y lavado de dinero de origen ilícito (tiene hasta 10 años de prisión).
Y fue así que la Justicia ordenó en diciembre de 2021 unos siete allanamientos en Rosario y Buenos Aires. Y fue a partir del procesamiento de los datos obtenidos que la fiscal del caso decidió darle curso a la investigación por lavado planteando la incompetencia del tribunal ordinario, requerimiento que culmina con el dictamen de este mes de la jueza enviando el caso al tribunal penal económico, que es el entendido en la materia.
Los datos principales que aportaron los allanamientos fueron los encontrados en el domicilio oficial del fideicomiso AMP. Es que allí estaban muy claramente precisada de manera contable la maniobra de canalización el dinero, desde cómo se realizaban las operaciones de desvío de los cobrado a los acreedores al fideicomiso y hacia adonde eran girados. Y allí aparece que mucha plata fue directamente al Grupo Unión, que tiene sede en el Palacio Fuentes y que -como se dijo-es la empresa madre del holding de los Whpei.
¿Por qué lavado? Precisamente, porque el dinero que desapoderan al fideicomiso DoubleBlue (los pagos mensuales de los miles de créditos cedidos) fue transferido a una entidad pantalla (fideicomiso AMP) y de allí los Whpei envían dinero para pagar deudas con lo que utilizan y reinsertan en el circuito financiero dinero proveniente de un delito.
Ahora bien: ¿por qué el dinero termina en el Grupo Unión SA (Gusa) y no en otras firmas pantallas para dificultar el rastro? Según las hipótesis de los denunciantes, los Whpei necesitaban parte del dinero para cumplir con el pago de deudas contraídas por Gusa, cuyos acreedores (a quienes le reprogramó el pago de las deudas luego de incumplir compromisos) tienen monitoreado de cerca sus números, por lo que incumplir pagos significaría que le ejecuten cauciones e hipotecas sobre activos perdiendo así sus edificios y negocios. Y es por eso que a diferencia de la mutual y de Lancers, Gusa nunca entró en default.
