La transición santafesina transcurre sin mayores sobresaltos. El nivel de diálogo entre Omar Perotti y Maximiliano Pullaro y sus respectivos equipos es calificado como aceptable desde ambos lados. El punto de tensión son los nombramientos de personal y nuevas licitaciones, cuestiones que el entorno de Pullaro sigue con ojo de halcón y no deja pasar sin levantar el teléfono.
De todos modos, la mayor atención está puesta en los números, en particular en la deuda flotante que dejará el actual gobierno, el pase a planta de personal y la masa salarial indexada por cláusula gatillo después, al final del semestre de más inflación en los últimos 32 años.
El equipo que ya trabaja sobre economía, con Pablo Olivares a la cabeza, sigue de cerca el déficit que recibirá a fin de año, pero resalta como lo más complicado que el acumulado de gastos del Estado provincial siga creciendo a mayor velocidad que los recursos. Es decir, la distancia creciente de gastos sobre recursos, en un contexto en el que en enero de 2024 habrá varios miles de personas más en planta permanente por los acuerdos paritarios –los gremios hablan de entre 6 y 7 mil–, con cláusula gatillo e inflación récord. “Ni hablar si desde Nación se les ocurre hacer reducciones de coparticipación, sea bajando impuestos nacionales o por vía de recortes de coparticipación que luego se judicialicen”, dicen y se agarran la cabeza.
El armado del gabinete provincial empieza a traducirse en nombres y apellidos, aunque la decisión de Pullaro es que no se confirme a nadie formalmente. Hay conversaciones con todos los sectores de Unidos, pero los más cercanos al gobernador aclaran que “no se trata de una negociación”.
Es un punto muy relevante para esta instancia. Unidos para Cambiar Santa Fe nació como un acuerdo por partido, pero después hubo acuerdos por listas para competir en las Paso. La lista de Pullaro, en alianza con el PRO de Gisela Scaglia, obtuvo 507 mil votos, cifra que fue la más alta de toda la elección. “Ganamos solos –recuerdan–, no hay negociación. El gobierno lo vamos a armar nosotros con la propuesta de nuestra lista en la interna, es el contrato social que la gente votó mayoritariamente. Sin embargo, queremos que estén todos, por eso hemos pedido al PRO y el socialismo que propongan cuadros para las primeras y segundas líneas”. En términos históricos, el planteo recuerda a la lógica con la que Hermes Binner armó su gabinete en 2007.
Mientras todos preguntan por los ministerios, se está escapando del radar la figura de Gisela Scaglia. Pullaro explica en distintos ámbitos que la vicegobernadora ejercerá funciones “casi de cogobierno”, lejos de ceñirse a la presidencia de la Cámara de Senadores. Esa afirmación en boca del gobernador electo despeja cualquier duda sobre quién ordenará la participación del partido amarillo en el gobierno provincial.
Después del gabinete, la segunda capa de armado son los espacios de poder institucional en la Legislatura. La Cámara de Diputados es la que aún tiene algún interrogante abierto, sobre todo, porque el pullarismo aclara que aquello de que no existen “acuerdos previos” para el armado del gabinete, también corre para la Cámara baja. ¿Eso quiere decir que la presidencia de Clara García está en riesgo?, pregunta Rosario3. “No, lo que quiere decir es que esos acuerdos todavía hay que construirlos. Maxi (Pullaro) ve con buenos ojos que la UCR esté al frente del Ejecutivo, el PRO del Senado y el socialismo de Diputados. La relación con Clara es muy buena, pero ahora hay que construir un acuerdo que dé garantías a todos. Si es Clara, Pablo Farías o Antonio Bonfatti, eso deberá definirse en la Cámara”.
La mención de otros nombres muy cerca del gobernador –un ex mandatario y el actual presidente de la Cámara– no es inocente, más en un momento en el que Pullaro le pide a los referentes de los partidos aliados ordenar sus internas a la hora de pedir participación en el Ejecutivo. En el PS dan por descontado que hay tradiciones legislativas que se van a respetar y que finalmente Clara Garcia presidirá la Cámara.
En el Senado, las cosas están muchísimo más adelantadas. Felipe Michlig y Lisandro Enrico estarán al frente de los ministerios de Gobierno y Obras Públicas. Ambos, asumirán las bancas para las que fueron reelectos por San Cristóbal y General López y tomarán licencia de inmediato. Para no ceder los dos tercios de las bancas que consiguió Unidos, ya tienen acordado con sus pares radicales y peronistas una fórmula posiblemente sin antecedentes en el país: asumirán de forma interina sus suplentes –ambas mujeres– por el tiempo que ellos se desempeñen en el Ejecutivo. Si necesitasen volver antes de terminar el mandato, la interina se va y ellos recuperan la silla.
Con respecto al resto del gabinete, hay nombres definidos y otros en etapa de definición. Roal Báscolo será ministro de Trabajo; Domingo Rondina se encamina a ocupar la Fiscalía de Estado; Pablo Olivares, el Ministerio de Economía, y Gustavo Puccini es la mano derecha que Pullaro imagina en el ministerio dedicado a producción, que también tendrá bajo su órbita la EPE, conectividad y caminos rurales. Este caso, como Educación, donde José Goyti es el que suma más puntos, y Desarrollo Social, donde la candidata es Victoria Tejeda, aún no tienen una decisión final porque también están en consideración nombres que llegaron desde el socialismo y el PRO. Los socialistas son la primera opción en Salud y Cultura.
El ministerio más crítico, Seguridad y Justicia, estará a cargo de Pablo Cococcioni. La novedad de estos días es que debajo de Cococcioni, en la Secretaría de Justicia, asumirá Santiago Mascheroni. El dirigente histórico de la UCR es fundador del MAR, sector radical que acompañó a Carolina Losada, y que Pullaro quiere adentro del Ejecutivo. De hecho, también el diputado Julián Galdeano, del mismo sector, tendrá “un lugar relevante”, aunque no como ministro.
Mascheroni se hará cargo de las relaciones con el Poder Judicial, pero fundamentalmente de llevar adelante las reformas “profundas” que buscará de entrada el nuevo gobierno. Desde la renovación de la Corte Suprema, hasta un paquete de leyes que hacen “al funcionamiento, rendimiento y eficiencia de la Justicia”.
Con casi todos los miembros de la Corte en edad y condiciones de jubilarse, en el entorno del futuro gobernador se apunta a una renovación total. “Es una Corte que quedó antigua, el tiempo le pasó por encima en sus concepciones. La sociedad demanda otro rol de a Justicia”, dice una voz de peso en la mesa de decisiones. Cambiar de pleno un tribunal supremo no es una pavada y sólo probable en determinados momentos históricos, como pudo ser el 2003 en el que Néstor Kirchner pidió al Congreso activar el juicio político a la ignominiosa corte menemista. En Santa Fe, si hay un momento histórico para proponer un recambio institucional de esa envergadura es el actual, en el sentido de que se combinan jueces con muchos años en el cargo y un gobierno que llega con mucha legitimidad popular y mayoría amplia para perfilar una nueva cabeza del Poder Judicial.
Mascheroni estará al comando de un área con pronóstico de turbulencias. Quizás ya no estén aquellos jueces que aquella noche de diciembre de 2007 escribieron una página oscura en la historia de la corporación judicial al entonar a boca de jarro la canción “Resistiré” para recibir al gobierno de Hermes Binner y el Frente Progresista, pero se descuenta que el plan que trae entre manos Pullaro también generará cortocircuitos.
¿Cuál es ese plan?, pregunta Rosario3 al interlocutor que reproduce el espíritu de lo que piensa el gobernador electo. “El MPA y al Poder Judicial ya saben, porque se los dijimos, que por el momento no vamos a nombrar ni un juez ni un fiscal más, excepto cuando esté más que justificado. Antes de llegar a eso, vamos a exprimir los recursos existentes hasta la última gota. Haremos las reformas necesarias porque esto así no funciona más. No va más esto de algunos jueces que tienen dos audiencias al mes y cobran millones. Como siempre, hay gente en la Justicia que trabaja, y trabaja mucho, pero el ritmo general es el de un sistema ineficiente y caro. No podemos seguir discutiendo recursos para la Justicia en función de un porcentaje del presupuesto total, porque sólo se nombran cargos, los problemas no se solucionan y esos fondos se necesitan en otro lado”.
En verdad esas palabras transmiten convicción, aunque bien puede ser un posicionamiento previo a meter manos a la obra en una tarea que encontrará resistencias y que necesariamente demandará instancias de diálogo y acuerdos, más tratándose de otro poder. Además, porque en la Justicia no acuerdan con la totalidad de ese diagnóstico.
Sin margen para desarmar la ley de enganche que años atrás equiparó los sueldos de la Justicia provincial con la federal, lo que los ubica varios escalones arriba del Poder Ejecutivo, el plan del futuro gobierno parece apuntar a una mejora por “productividad y eficiencia”. En definitiva, hay un convencimiento de que los problemas que se le achacan a la Justicia no se resuelven con más cargos sino readecuando procesos de trabajo, redistribuyendo causas, optimizando recursos y estructura existentes, entre otros.
Bajar la espuma
Lo único que distrae a la política provincial, más allá de la transición y el armado del gabinete, es la crisis en la Fiscalía Regional Rosario. Esta semana la Fiscalía General resolvió meterse de lleno ante la falta de reacción de la fiscal María Eugenia Irribarren. Dispuso un monitoreo permanente de tres áreas claves. Es el primer paso para una reestructuración total en la organización, procesos de trabajo y modos de conducción que necesita la regional.
Hay cierto consenso, por afuera de la fiscalía de Rosario, en avanzar lo antes posible. La crisis que hizo tocar fondo, el contexto de recambio institucional en la provincia y la Justicia y la baja tasa de resolución de casos lo justifican.
Uno de cambios cantados parece ser desarmar las actuales unidades fiscales de balaceras, homicidios y delitos complejos que, por las características de lo que ocurre en la región, están condenadas a superponerse en las investigaciones, ya que los actores que protagonizan esos delitos son los mismos.
Será relevante la actitud que esté dispuesta a asumir Iribarren para reorganizar la fiscalía regional y con ella rearmar de capacidad de mando, que quedó en entredicho en medio de la fractura irreconciliable entre sus subordinados.
En la semana también se dispusieron refuerzos en la custodia de la informante cuyo nombre fue revelado por los fiscales Moreno y Socca, de fiscales y de una empleada. El clima de enemistad puede ser responsabilidad de todos, pero que Moreno y Socca hayan expuesto como lo hicieron a una informante de la fiscalía, manifiestamente motivados por una rivalidad personal, lejos de la objetividad que les demanda el cargo, puso en riesgo vida de personas y corroe más todavía la imagen del MPA.
Con la intervención directa de la Fiscalía Regional, de la Auditoría General, y con la investigación penal a cargo de fiscales de otra jurisdicción, la crisis parece haber tomado los carriles institucionales que siempre debió tener.
Ahora también entró en escena la Legislatura, ya que el viernes el auditor general Leandro Mai se inhibió y le trasladó la investigación disciplinaria sobre el accionar de Edery. Serán diputados y senadores los que definan la suerte del fiscal cuestionado. Debería ocurrir lo propio con la denuncia contra Moreno y Socca que les hizo el abogado de la informante Ortigala.
Será también necesario el máximo cuidado por parte de la fiscalía regional de Santa Fe, que tiene a cargo la investigación penal, sobre el contenido de los teléfonos secuestrados a Edery y a la empleada de la Agencia de Delitos Complejos. No puede volver a ocurrir la circulación de chats privados que se vio en la causa de espionaje (que no fue responsabilidad de la fiscalía) donde está acusado Marcelo Sain, o lo que ocurrió en estos días con la divulgación pública que Socca y Moreno hicieron de las conversaciones de Edery con Ortigala y otra imputada, cuyo destino no era otro que dañar a quien consideran su adversario.
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