*Por Ximena Sola, diputada provincial por el PRO
La reciente condena en segunda instancia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner es un ejemplo concreto de por qué impera la necesidad de reforzar la confianza en nuestras instituciones republicanas. Ante este fallo, cabe preguntarse: ¿Cuál es la razón por la que a un político condenado por corrupción se le permite competir en elecciones? Aunque la mayoría de los argentinos rechaza rotundamente esta posibilidad, y lo ve con claridad y justicia, aún existen sectores del arco político que eligen mirar hacia otro lado o hasta oponerse abiertamente y con pobres argumentos a la Ley de Ficha Limpia.
Quienes se oponen rotundamente al proyecto, argumentan que sólo una condena firme debería inhabilitar, pero confunden dos planos distintos: el penal y el político-electoral. Prohibir candidaturas a quienes tengan condenas en segunda instancia no vulnera el principio de inocencia.
La ley puede y debe establecer condiciones razonables para las candidaturas, y eso incluye exigir idoneidad para ocupar cargos públicos. La Cámara Nacional Electoral lo ha señalado en numerosas ocasiones: la idoneidad es un requisito para desempeñar funciones públicas, y se espera de los candidatos un compromiso ético superior, dado que su responsabilidad es mucho mayor que la de un ciudadano común. Garantizar transparencia en las candidaturas n. amenaza ningún principio democrático.
Incluso el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica permite que los Estados limiten el derecho a ser elegido en casos de condenas, sin requerir que la sentencia sea inapelable. Este criterio no solo es razonable, sino también constitucional. Esto es porque la reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorporó el artículo 36, que permite la “inhabilitación de quienes cometan delitos graves contra el Estado que impliquen enriquecimiento”. Así, se establece un claro mandato: quienes atenten contra el sistema democrático a través de actos de corrupción pueden ser restringidos en su derecho a ser candidatos.
Hoy estamos frente a una oportunidad histórica. Tenemos ante nosotros la posibilidad de que en las próximas semanas la Ley de Ficha Limpia obtenga media sanción a nivel nacional y los argentinos no podemos perder esta oportunidad. Desde el PRO Nacional la venimos promoviendo desde el año 2017 y en mi provincia, Santa Fe, finalmente logramos su promulgación en 2022 a partir de un proyecto que presenté como legisladora durante mi primer mandato. A su vez, merece destacar y agradecer al movimiento ciudadano encabezado por Gastón Marra, quien nunca bajó los brazos para que sea una Ley nacional.
La reforma de la Constitución de nuestra provincia y la adecuación del texto a los tiempos actuales. es una deuda pendiente con los santafesinos. Desde nuestro espacio insistiremos en la incorporación de los requisitos de la Ley de Ficha Limpia dentro del nuevo articulado de nuestra Carta Magna, otorgándoles rango constitucional para buscar la perdurabilidad en el tiempo.
La corrupción es una enfermedad que causa pobreza, obstruye el desarrollo, erosiona la legitimidad democrática, destruye la confianza ciudadana en las instituciones, en el gobierno republicano y representativo, y por ende, genera incredulidad en los políticos elegidos por el pueblo, y en el sistema en general.
Argentina merece candidatos íntegros, que no solo respeten la ley, sino que se destaquen por su compromiso ético. Ficha Limpia es más que una necesidad, es un paso ineludible hacia una política transparente y responsable. Es el paso a una Argentina mejor.
