Este miércoles la ex presidenta y vicepresidenta Cristina Kirchner rompió el silencio sobre la gestión libertaria de Javier Milei y publicó un duro documento contra sus políticas económicas y sociales, con advertencias incluso al propio presidente sobre el peligro de una alianza con Juntos por el Cambio que podría arrebatarle el control político. Es un análisis extenso en el que si bien Cristina no escatima en críticas, también realiza algunas concesiones a los planteos del nuevo gobierno que parecen un llamado de atención a los propios a no quedarse en el tiempo y rediscutir algunas reformas, entre las que se descartan la laboral, impositiva y educativa, por ejemplo.
“Resulta ineludible discutir seriamente un plan de actualización laboral que brinde respuestas a las nuevas formas de relaciones laborales surgidas a la luz de los avances tecnológicos y de una pandemia que trastocó todos y cada uno de los ámbitos de la vida de las personas”, sostuvo Cristina y señaló el teletrabajo y las plataformas digitales, que intermedian entre oferta y demanda, como modalidades que se deben amparar normativamente. Y también: revisar convenios colectivos de trabajo. En este punto, hizo un doble llamado de atención: a respetar los derechos consagrados, pero también las obligaciones que de ellos se desprenden. “El ejercicio de un derecho sin el cumplimiento de sus obligaciones correlativas, no es mas ni menos que un privilegio”, observó.
Sumó como “fundamental discutir un sistema tributario simplificado con pocos impuestos en cantidad –para ordenar y facilitar la vida, en especial de las Pymes que por lo general llevan una contabilidad muy doméstica y son las principales generadoras de trabajo en la Argentina– pero muy estricto en su cumplimiento con normas que aumenten la percepción de riesgo por elusión y evasión”.
En cuanto a la educación pública, dijo que “hay que pensar cuál es la razón por la que parte de los sectores medios y medios bajos hacen un esfuerzo para enviar a sus hijos a escuelas de gestión privada para que tengan clases todos los días”.
“Estamos de acuerdo en que la Argentina debe revisar la eficiencia del Estado, y que no basta con la consigna del «Estado presente» para resolver los problemas del país, que son demasiados. Se debe analizar y controlar la correcta asignación de recursos para poder corregirla, en caso de ser necesario”, reconoció la vicepresidenta y agregó “discutir la integración de la empresas del Estado tanto por vía de la participación del capital privado como de las provincias” y “un régimen de incentivo a las grandes inversiones pero que agreguen valor y transfieran tecnología”. “Lo contrario sería reprimarizar nuestra economía y condenarnos al extractivismo”, advirtió.
Además, Cristina planteó la necesidad de reconfigurar el actual sistema público de salud, “cuya descentralización (entre Nación, provincias y municipios), fragmentación (entre los subsistemas público, de obras sociales y prepagas) y mala regulación, han ido provocando su debilitamiento y, fundamentalmente, su inequidad e ineficiencia en términos de asignación de recursos (...) condenando al pueblo a una peregrinación sanitaria indigna y a los profesionales de la salud a una tensión que quiebra la relación médico-paciente”.
"Esta enumeración no es de carácter taxativo sino enunciativo. Seguramente habrá
más cosas que debatir y proponer –aclaró–, pero también es imprescindible señalar que todo debate sobre cuestiones de Estado, para poder prosperar y llegar a conclusiones efectivas, útiles y de posible realización debe reunir, al menos, dos condiciones básicas. La primera es que debe efectuarse con conocimiento de lo que se habla, no sólo desde la teoría sino, fundamentalmente, desde la realidad y la experiencia histórica que nos permite confirmar empíricamente lo que pensamos o revisar lo que creíamos. Va de suyo que esto requiere el manejo de ejemplos y números objetivos y no tirados a la marchanta. La segunda condición ineludible para dar ese debate, es el marco de respeto al que piensa diferente".