Siete personas fueron imputadas en la mañana de este lunes por las autopartes, metales, medidores y armas que fueron incautados la semana pasada en allanamientos a una chatarrería de Cerrito al 4700 y a dos propiedades linderas. Además, según la acusación, los responsables del galpón inspeccionado –que funcionaba con habilitación municipal– pagaban periódicamente dinero a un oficial de la comisaría 13ª a cambio de que el lugar no sea investigado.
El fiscal Franco Carbone, quien había solicitado el allanamiento a la chatarrería, imputó a los responsables del lugar: Ángel Adolfo Del Valle (78 años), Luis Eduardo Del Valle (74) y Carlos Alberto Del Valle (70), y a Alfredo Daniel Ruani (58), Eduardo Sánchez (53), Carlos Gabriel Del Valle (42) y Gerardo Meza (39). A todos les atribuyó haber adquirido el material que fue secuestrado en el operativo en conjunto que hizo Control Urbano junto con el personal de la seccional 13ª.
De los siete, tres quedaron en prisión preventiva domiciliaria por 60 días, que son los tres hombres que superan los 70 años. Los otros cuatro quedaron en libertad bajo una serie de reglas de conducta que fueron ordenadas por el juez Hernán Postma.
Para Alfredo Ruani se fijó una caución de $50.000 y para Carlos Gabriel Del Valle, Eduardo Sánchez y Gerardo Meza de $1.000.000. Además, los cuatro deberán presentarse cada 15 días en una oficina judicial, fijar domicilio, y tienen prohibido salir del país y acercarse al galpón de Cerrito al 4700.
Según se ventiló en la audiencia, el jueves pasado uno de los dueños de los galpones de Cerrito al 4700 comentó ante los agentes provinciales y de control municipal que no entendía por qué era inspeccionado, ya que él pagaba supuestamente todos los meses una cifra de dinero a un oficial de la comisaría 13ª para evitar ese tipo de procedimientos. Dicha situación le generó una formación de causa penal por cohecho tanto al hombre como al policía que, casualmente, ese jueves pasó parte de enfermo y no participó del allanamiento.
Para Carbone, todos los elementos secuestrados en los dos galpones y en una casa vecina no tenían documento que pueda respaldar la trazabilidad de los mismos. Añadió que ninguno podía desconocer el origen de algunos de los materiales, que eran, de mínima, de dudosa procedencia.
De acuerdo a los datos publicados por Rosario3, en los tres operativos del jueves pasado se hallaron dos motores adulterados de una moto 110cc, 150 baterías blindadas de gel para alarmas, 106 baterías de moto, 70 de autos y camiones, 2.223 kilos de cobre, 170 kilos de aluminio macizo, 128 kilos de aluminio, 8 kilos de válvulas de GNC, caños y flexibles de gas, un bolsón con más de 70 medidores de agua, partes de motocicletas con numeración limada, caños de medidores de agua, cubiertas con y sin llantas, partes de bicicletas, ópticas de vehículos, dos armas de fuego, 310 mil dólares y 24 millones de pesos.
