La Fiscalía Federal de Rosario pidió que se eleve a juicio la causa contra el capo narco Esteban Lindor Alvarado y su ex pareja Rosa Natalí Capuano, procesados en junio pasado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. La solicitud se presentó la misma semana en que terminaron las audiencias de apelación a la prisión perpetua dictada este año por la Justicia provincial al sindicado jefe narco, cuyo veredicto se conocerá en febrero, una sentencia que comprende, entre otros delitos, también el de lavado narco.
El pedido fue elevado el último jueves ante el juez federal Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Nº 4 de Rosario, por el fiscal federal Javier Arzubi Calvo –titular de la Fiscalía Federal 1 de Rosario–, la Procunar, a cargo de Diego Iglesias y cuyo auxiliar en Rosario es Matías Scilabra, y la Procelac –cuyo titular es Diego Velasco–, quienes investigaron a Alvarado y Capuano por haber hecho entre 2012 y 2019 maniobras por más de diez millones de pesos para darle apariencia lícita al dinero de la organización, aparentemente proveniente del narcotráfico.
Alvarado fue condenado en junio pasado a la pena de prisión perpetua tras un juicio de la Justicia santafesina que duró aproximadamente tres meses y medio. Fue considerado responsable de planificar el crimen del prestamista Lucio Maldonado, los ataques a tiros de diciembre 2018 a los Tribunales provinciales y el Centro de Justicia Penal, amenazas y una balacera a una empleada judicial, y cinco maniobras de lavado de activos.
Además, el capo narco recibió en el mismo mes la pena de 15 años de cárcel por parte de la Justicia federal, que lo condenó por considerarlo dueño de un cargamento de 494 kilos de marihuana que fue incautado en un operativo de noviembre de 2017 en General Roca, provincia de Río Negro.
Por su parte, Capuano fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional por la Justicia provincial por formar parte de la asociación ilícita que lideró Alvarado, su ex pareja. En esa resolución también se le ordenó el pago de 51,6 millones de pesos en concepto de multa.
En la causa federal que pidió ser elevada a juicio esta semana, a Alvarado y su ex pareja se les atribuyó haber adquirido y puesto en circulación bienes por un valor superior a los 10 millones de pesos con el fin de blanquear dinero de la venta de estupefacientes. En la nómina de bienes figuran seis vehículos, entre autos y camionetas 4x4, un camión y un semirremolque.
“Específicamente, las operaciones de puesta en circulación habrían consistido en operaciones de adquisición, administración y venta de bienes muebles e inmuebles, inscriptos en los registros correspondientes a nombre de los propios investigados, de terceras personas, o de 2 sociedades comerciales, poniendo en circulación en el mercado bienes de origen ilícito con un valor aproximado de, por lo menos, $10.367.000”, sostuvieron los fiscales en el requerimiento de elevación a juicio.
Si bien Capuano eligió no declarar, Alvarado sí lo hizo el 31 de mayo pasado, ocasión en la que negó los hechos que se le atribuyen y sostuvo que el avance de la causa vulnera sus derechos y garantías constitucionales porque los hechos por los que fue convocado a indagatoria ya le fueron imputados por la justicia de Santa Fe, que lo investigó y condenó por el delito de lavado de activos en junio de este año.
También refirió que permaneció detenido desde el año 2012 hasta el 2017, por lo que le resultaba “imposible llevar adelante las conductas” que se le atribuyen.
La causa federal toma gran parte de la prueba obtenida por los fiscales en la investigación de la justicia provincial. El resto de la evidencia está conformada por escuchas y el resultado de allanamientos de la causa provincial, lo que para los fiscales conforma un “contundente cuadro probatorio” de las maniobras de lavado.
Indicaron que, tras una reforma del Código Penal que ubicó ubicó al lavado como delito
autónomo, no es necesario probar el delito precedente sino que basta con que esté inferido, al menos de manera indiciaria.
