Dos adolescentes de 16 y 17 años que fueron traídas en febrero a Rosario bajo engaño –una promesa de trabajo– desde la localidad de Coronda se convirtieron en la clave de la caída de una presunta banda narco que opera en la Zona Cero y en Nuevo Alberdi a las órdenes del recluso Lautaro G., de 26 años, que está detenido en la cárcel de Coronda. Ambas, cuando llegaron a la terminal de ómnibus Mariano Moreno fueron trasladadas al supuesto lugar en el que iban a ser empleadas. Pero en su lugar, conocieron el horror. Fueron golpeadas y obligadas a consumir cocaína para mantenerse despiertas con el único fin de comercializar droga. También fueron prostituidas bajo amenazas con soldaditos de la estructura delictiva y policías, según denunciaron las propias víctimas.
De acuerdo a la investigación que llevan adelante la Fiscalía Federal Nº 2 –a través del fiscal Claudio Kishimoto y el auxiliar fiscal Franco Benetti– y el Juzgado federal Nº 4, a cargo del juez Marcelo Bailaque, las causas por las que cayeron las chicas fueron diferentes.
La víctima de 17 años contó ante el Personal Nacional de Rescate que en febrero publicó en un grupo de Facebook dedicado a la compra y venta de artículos de Rosario, Gálvez y Coronda que buscaba trabajo para solicitar la tenencia de su hija, ya que su situación económica era vulnerable. Una mujer se comunicó con ella, le ofreció empleo y le dijo que fuera a la terminal de ómnibus, donde fue recogida y llevada hasta el Pasaje 1.368 al 3300, donde funciona uno de los puntos de venta de droga de la organización.
Una vez que ingresó al inmueble, un joven que estaba con celular en mano hizo una videollamada y le presentó a su nuevo “patrón”. Era Lautaro G., alojado en el pabellón 4 de la cárcel de Coronda. “Van a trabajar para mí, si no les voy a pegar un tiro en las piernas. Vivas no van a salir”, le dijo.
Distinto fue el modo en el que engañaron a la otra víctima, la de 16 años. Según explicó en una de las entrevistas, a mediados de febrero la pasaron a buscar dos de sus amigas para ir a bailar a Rosario. No obstante, cuando bajaron del colectivo, las llevaron en taxi hasta el mismo búnker de la Zona Cero.
Cuando la chica de 16 años llegó al Pasaje 1.368 al 3300 ya vio un anticipo de lo que pasaba ahí. En la puerta de quiosco de droga había una mujer baleada que estaba recibiendo asistencia médica. Se trataba de una vendedora de droga que había sido atacada hacía pocos minutos.
Las dos víctimas expresaron que eran rotadas para hacer los turnos de la comercialización de las bochitas y que para mantenerse despiertas las obligaban a consumir cocaína. Agregaron que policías iban generalmente los domingos a buscar una coima, que generalmente rondaba en los 50 mil pesos.
Las jóvenes también precisaron que un miembro de la banda les llevaba bidones que contenían cada uno entre 20 y 22 bochitas de cocaína. Y que por cada bidón que comercializaban cobraban una comisión de mil pesos.
Otro dato importante que destacaron fue que frecuentemente iban policías de la zona a exigir “contactos sexuales” a cambio de no llevarla detenidas.
Cuando la burocracia revictimiza
Las menores tuvieron una frustrada declaración en Cámara Gesell. “Es un fracaso rotundo de todos los estamentos del Estado (nacional, provincial y municipal) el destrato, revictimización y falta de contención que se les ha dado a las menores, lo que inevitablemente derivó en que se frustre una medida tan importante como es una Cámara Gesell”, indica parte del escrito de la causa.
Los fiscales sostuvieron que el 26 de abril pasado habían solicitado un pedido de Cámara Gesell y protección a las dos adolescentes, ya que una de ellas había denunciado que estaba bajo amenaza por la propia banda. La respuesta del juzgado de turno fue darle intervención el 28 de abril a la Defensoría del Niño, quien contestó recién el 1º de mayo. Fue el 5 de mayo que desde el Ministerio Público Fiscal se volvió a repetir el pedido y recién el 10 de mayo se le hizo lugar a la petición, pero solo para la Cámara Gesell y no para la protección.
La adolescente de 16 años, en Cámara Gesell, reiteró el 16 de mayo pasado estar bajo amenaza, por lo que se presentó un escrito al día siguiente para que se le dé intervención al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. Si bien la respuesta fue favorable, desde el Ministerio Público Fiscal no pudieron acreditar que “efectivamente esté protegida por el Estado”.
Un dato no menor es que las dos víctimas lograron escaparse de Rosario, pero la organización las fue a buscar a Coronda, hecho que efectivamente ocurrió, aunque la adolescente de 16 años pudo zafar y dirigirse a la Policía de esa localidad para hacer la denuncia de que tenían retenida a su amiga de 17 años, situación que derivó en el rescate de esa chica y en el impulso de la causa.
