El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de Rosario inició un juicio oral y público por la responsabilidad de 26 personas acusadas de conformar una organización dedicada a la tenencia y comercialización de estupefacientes, la cual se encontraría liderada por Walter Rivero y su pareja.
De acuerdo a la investigación, la banda administraba más de veinte puntos de venta de estupefacientes en distintas localidades de Santa Fe, tales como Arroyo Seco, Chabás, Pérez, y también en Rosario.
El juicio continuará en la audiencia fijada para el próximo 11 de noviembre, donde se esperan la declaración testimonial de integrantes de la fuerza policial que llevó adelante la investigación, y la reproducción de las principales escuchas telefónicas que dan cuenta de cómo funcionaba la banda.
Según detalló el sitio web del Ministerio Público de la Acusación de la Nación, el tribunal que lleva adelante el proceso está integrado por los jueces Mario Gambacorta, Eugenio Martínez Ferrero y Osvaldo Facciano.
Los jueces tienen prevista la declaración de al menos 50 testigos, y que las audiencias culminen los últimos días de noviembre o primeros de diciembre. En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal Federico Reynares Solari.
Los hechos llevados a juicio
La investigación, que estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Rosario, tuvo su inicio en una denuncia anónima que daba cuenta de actividades de presuntas ventas de estupefacientes en Chabás.
Iniciada la pesquisa y advertidos distintos puntos de ventas en la localidad cercana a Rosario, a través de la disposición de intervenciones telefónicas y tareas de campo pudo ascenderse y llegar a los eslabones superiores de la organización, que trabajaban desde Pérez, y desde allí regenteaban distintos puntos de ventas de estupefacientes no sólo en Chabás, sino también en Rosario y otras ciudades aledañas como Capitán Bermúdez, Arroyo Seco y San Lorenzo.
Entre los principales acusados se encuentran Walter Rivero y su pareja Claudia Giustra, quienes llegan al debate imputados por la comisión del delito de organizador y que tiene previsto un mínimo de doce años de prisión.
Al resto de los imputados, entre los que se encuentra Carlos Betito Godoy –condenado por el homicidio de Roberto Pimpi Camino– les cabe la figura de tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas, que tiene prevista una pena de 6 a 20 años de prisión, a excepción de tres imputados que se los acusa de la figura de tenencia de estupefacientes con fines comercialización y tiene prevista una pena que va de los 4 a los 15 años.
