La intervención del Sindicato Unidos Portuarios (Supa) de Puerto General San Martín, Bella Vista, Timbúes y Puerto Gaboto, dispuesta tras la detención del sindicalista Herme Juárez por malversación de fondos, repudió un reciente ataque a los vehículos de la nueva empresa contratada para efectuar el traslado de los afiliados a sus puestos de trabajo. A un minubús le arrojaron –y le dejaron incrustada– una maza contra el parabrisas.
"Si bien sólo se verificaron daños materiales, el hecho delictivo merece la absoluta condena ya que podrían haber sido lesionados los conductores de los vehículos o los afiliados del Supa que transporta", señaló el gremio en un comunicado, acompañado de contundentes imágenes de la agresión.
El repudio tiene relación con el ataque perpetrado contra los vehículos de la nueva prestadora del servicio para traslado de afiliados, en reemplazo de la empresa Ben Hrnos SAS tras haberse detectado manifiestas irregularidades en su accionar ya denunciadas ante la Justicia Federal.
El incidente se produjo un día después de asumida la operación de traslado a cargo de una nueva firma, que se comprometió a incorporar a los trabajadores que se desempeñaban para la empresa Ben Hrnos, por gestión de la intervención.
En ese marco, se recalcó que la demora en la contratación del nuevo prestador se debió a que ninguna empresa de la comunidad estuvo dispuesta a asumir la operación del traslado, no por cuestiones comerciales, sino por el fundado temor de recibir represalias delictivas a su personal o a sus vehículos.
Desconocen protesta
Desde la delegación regional del Supa también se condenó el bloqueo del acceso del Centro de Contratación Portuaria (Cedecon) verificado este martes y “organizado por menos de una decena de manifestantes, con el objetivo de impedir que los afiliados del sindicato concurran a las terminales para cumplir con su trabajo”.
"Los pocos manifestantes invocaron la representación de cierto sindicato que, según los registros oficiales, se trata de una entidad que representa los conductores de remises en el ámbito territorial de Rosario. Por lo tanto, el Supa desconoce totalmente a esta entidad sindical, ya que carece de toda legitimación personal y territorial para invocar la representación alegada", explicaron desde la intervención.
El interventor a cargo del Supa, Marcelo Urban, informó a sus afiliados que la actual gestión continuará “con firmeza” en el proceso de normalización sindical y "que no se van a tolerar ataques, amenazas o cualquier hecho repudiable con el fin de utilizar al Supa para la satisfacción personal de unos pocos".
Asimismo adelantó que por estas horas se adoptarán medidas para normalizar el servicio de traslado del Cedecon, el cual se ha visto entorpecido por todos los hechos violentos, amenazas y aprietes ocasionados en las últimas semanas.
Medio año de intervención
La intervención del Supa, por un plazo de 180 días –vence en mayo–, fue dictada el año pasado por la Justicia Federal en el marco de la causa que investiga supuesta malversación de fondos y que derivó en la detención del conocido sindicalista del cordón industrial Herme Juárez y el ex intendente de San Lorenzo Ramón Rubén Tévez, entre otros acusados.
Según fuentes cercanas al interventor, una de las conclusiones a la que arribó en esos primeros meses fue que el Supa prácticamente no tenía bienes a su nombre, puesto que muchas propiedades estaban registradas por la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín, lo que destaparía irregularidades de los años anteriores de gestión.
En este marco, deslizaron las fuentes, una de las gestiones encaradas fue desmantelar un negocio que tenía vigencia por más de 20 años, vinculado al transporte de los afiliados. Y eso habría sido el detonante del reciente ataque con una maza.
La intervención detectó irregularidades con el prestador de este servicio, que según trascendió, le facturaba al gremio 3 millones de pesos mensuales. La firma era controlada por personas vinculadas a la anterior conducción del gremio.
Pero en el momento que la Justicia Federal procesó a Herme Juárez, bloqueó el CUIT de Sandra Jorgelina Tolosa, una de las que facturaba los servicios de transporte. Y para resolver ese tema, crearon una Sociedad Simplificada por Acciones (SAS) denominada Ben Hrnos SAS, de la cual Tolosa era tenedora del total de acciones, todo según fuentes del entorno del interventor del Supa.
