La Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación abrió un sumario para detectar qué integrante del cuerpo brindó información sobre una causa por la detención de dos personas vinculadas al brazo armado de un grupo acusado por desplegar acciones de juego clandestino y extorsiones y realizó un "recorte" sobre empleados y funcionarios bajo sospecha.
"Estamos realizando medidas preliminar para dilucidar si se trata de un empleado o de un fiscal. Estamos avanzando en este sentido para investigar poder identificar quien es", dijo a Telenoche María Cecilia Vranicich, la Auditora, que actúa más allá de la pesquisa penal.
Vranicich afirmó que "la sospecha es que ha pasado información de modo indebido o hasta podríamos decir ilegal" a Leonardo P., un empresario del juego, que lo reenvió luego a un preso por el atentado al Casino, ahora también imputado en la nueva causa por asociación ilícita, juego clandestino y extorsiones. Lo hizo, en principio, recortando el nombre o teléfono.
Los detenidos por Gendarmería tenían al menos un arma y responderían a "Cachete" Díaz, quien pidió por su situación y recibió en segunda instancia la información a su celular.
"No tengo la causa yo, pero déjame ver cómo metemos un comentario ahí", escribió el presunto fiscal o empleado, quien señaló que estaba en manos de "Aníbal Vescovo (un fiscal) y quedó "avisar qué historia ahí". En el medio se produjo la consulta en el sistema interno. Vescovo era quien por turno disponía sobre los detenidos, y sobre quien está descartada sospecha alguna.
En la búsqueda de Leonardo P., los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli ordenaron allanar a su entorno, algo que sucedió el sábado a través de la Tropa de Operaciones Especiales y el Organismo de Investigaciones.
Por el interés y la gravedad institucional, la propia Auditora abrió el sumario y ahora confirmó a El Tres que pudieron hacer "un recorte" sobre quienes ingresaron al sistema "pero no todavía sobre quienes accedieron al legajo en cuestión".
Extraoficialmente, trascendió que entre los funcionarios y empleados que estaban en feria en enero y los que usaron el sistema el día y horario del mensaje, la sospecha se redujo sobre un universo de unas diez personas sobre las cientos que pueden acceder.
"Estamos haciendo medidas sobre las que, por el estado de la investigación, tenemos que tener una gran reserva", se excusó Vranicich.
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