Fachadas tiroteadas. Notas firmadas por “La mafia”. Cifras exorbitantes a cambio de protección. Puestos laborales y emprendimientos en riesgo. La semana, en materia de seguridad, estuvo signada por los ataques extorsivos a comerciantes. Nada novedoso en los últimos años. La nueva saga, sin embargo, motivó una reunión entre investigadores y la Cámara de Comerciantes. Entre los presentes, estuvo personal de la Brigada de Balaceras de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), un grupo de investigadores de reciente creación para este tipo de pesquisas.
En el mitín, llevado a cabo en la sede el Ministerio de Seguridad y con la presencia del jefe político de la AIC, el subsecretario de Investigación Criminal Andrés Rolandelli, “se aunaron criterios de trabajo, protocolos a seguir, tratamiento de víctimas en este caso de hechos de extorsión, amenazas y balaceras. La intención es desarrollar un diálogo fluido con los representantes de comerciantes quienes manifestaron su agradecimiento y apoyo hacía con la flamante brigada por su colaboración y respuesta hacia sus necesidades”, indicaron voceros del Ministerio de Seguridad.
En tanto, el ministro Jorge Lagna analizó el fenómeno en diálogo con De 12 a 14 (El Tres) y habló de una suerte de corrimiento de rubro delictivo. “Hay bandas que se dedican al delito complejo que ven un negocio no sólo en el narcodelito, sino también en las extorsiones, quizás a veces más fácil de conseguir que vender droga”.
El funcionario instó a las víctimas de extorsiones que “denuncien inmediatamente”.
“Si (la víctima) quiere mayor confidencialidad, le tomamos la denuncia en el Ministerio. Hay mucho temor por denunciar, por las consecuencias. Pero la única manera en que podemos llegar a resultados positivos es actuar con una denuncia previa”, señaló.
La saga, al menos lo que trascendió públicamente, se intensificó desde el domingo. Una carnicería de Formosa al 100, en zona noroeste, fue blanco de diez tiros para compeler el pedido insólito de 60 mil dólares, según dijo el propietario. La misma cadena barrial fue tiroteada en la madrugada del miércoles, en un local de Teniente Agneta y Junín.
A esos casos se sumaron un local del mismo rubro en Parque Casas; un súper de barrio Tablada y un modesto bar de Urquiza y Magallanes. Y en las últimas horas, un lavadero de Liniers al 600 bis. Ello, por no contar la nota amenazante que le dejaron a un almacenero de Camilo Aldao y Juan José Paso. “Eduardo, poné 5.000 dolares, si no mañana te matamos a uno en la puerta con el comercio abierto. Atte la mafia”.
“Los tiros no tienen un único objetivo. No son sólo para la víctima, sino para que el resto lo vea. Extorsionan a diez y balean a uno. Ese efecto se derrama”, analizó al respecto el fiscal de la Unidad de Balaceras Pablo Socca.
El mismo funcionario acusará este viernes a dos mujeres sospechadas de extorsionar al dueño de una conocida pizzería de la ciudad, junto con dos presos. Ambas fueron detenidas en un procedimiento de entrega controlada por personal de AIC Balaceras.
El caso expuso otra vez el rol de presos que con teléfonos celulares instigan los aprietes con mano de obra disponible en la calle. Y otra vez puso sobre el tapete la cuestión de los inhibidores de señal en los penales. Otra vez un tema remanido que trajo nuevas promesas. Ahora del ministro Lagna.
“Avanzamos el mes pasado con la llegada los científicos del Invap (Instituto de Investigación Aplicada) en una reunión inédita con fiscales. Coincidimos todos en la solución de inhibición total. El Invap trabaja a velocidad para conseguir los insumos, que son extranjeros. Tenemos la ambición de que antes de fin de año esté solucionado. También el tema escáneres que son tan importantes como los inhibidores”, prometió el ministro.
Y cerró: “Todo lo que entre a la cárcel debe ser escaneado con rayos X, como en un aeropuerto. Los telefonos y los chips entran por lugares inverosímiles”.
