Tras las denuncias de corrupción contra el ex fiscal regional Patricio Serjal y el fiscal Gustavo Ponce Asahad, la trama de las extorsiones mafiosas en Rosario parece completarse con la “pata judicial”: funcionarios que piden dinero para frenar causas. Hace tiempo ya que la Justicia local investiga a bandas que cobran por protección... de ellos mismos. “Con la mafia no se jode” es un mensaje que se repitió una y otra vez en la ciudad, ligado a un apellido muy conocido: Cantero. Con el escándalo en Fiscalía, todo indica que el círculo de protección se cerraba con funcionarios que hacían la vista gorda por plata.
En contacto con el programa Radiópolis (Radio 2), el fiscal general de Santa Fe, Jorge Baclini, confirmó que hay muchos empresarios bajo la lupa de la Justicia, que “se manejan en el marco de la legalidad y la ilegalidad” y que también son blanco de extorsiones.
Hasta ahora estaban acreditados los aprietes de algunas bandas, como los Cantero, pero las denuncias contra Serjal y Ponce Asahad, destapó “una pata judicial”: miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que pedían dinero para frenar investigaciones.
Entre ellos el ahora famoso Leonardo Peiti a quien, según contó su abogado Luis Rossini, el propio Ponce Asahad le pidió ni más ni menos que un pago en euros para viajar a Italia.
Son dos, entonces, las “protecciones” detectadas: en la calle y en la Justicia.
Pero para Baclini no se trata de un método enquistado en Fiscalía, sino por ahora de apenas “dos hombres que han tratado de corromper el sistema”. Casi la misma opinión mantuvo este martes el juez de la Corte Suprema de Justicia santafesina, Daniel Erbetta al asegurar que la transparencia del nuevo sistema penal hace “imposible” que se generen cajas negras.
Con todo, Baclini advirtió que si Serjal y Ponce Asahad son apenas “la punta del iceberg”, la investigación continuará hasta las últimas consecuencias.
