El after Child de Maipú y San Juan, donde este viernes a la madrugada se produjo una balacera que terminó con dos muertos, no tenía habilitación pero siguió funcionando en el centro de la ciudad con cinco clausuras, cuatro denuncias penales y un desalojo.
La Secretaría de Control informó durante la mañana de este viernes que el local había sido denunciado por el municipio. Luego el subsecretario del área, Guillermo Turrín, detalló en Radio 2 que en junio de 2016 se caducó la habilitación del local y a partir de allí hubo 40 inspecciones de agentes municipales y policiales, la última el jueves 2 de marzo.
En las 40 visitas realizadas entre junio del año pasado y principios de marzo, se constataron cinco violaciones de clausura y en cuatro casos se presentaron las correspondientes denuncias penales.
Turrín explicó que esas denuncias deben presentarse al juzgado provincial de Faltas, que luego las remite a la fiscalía provincial. Añadió que las denuncias por el after Child ya habían pasado a Fiscalía en febrero.
Por otra parte, el subsecretario de Control dijo que también se avisó a la policía provincial que el local no tenía habilitación ni podía funcionar.
En diálogo con el programa La primera de la tarde (Radio 2), el funcionario dijo que “la gente ingresaba por un pasillo contiguo al local, que funcionaba con las persianas bajas”. Agregó que el after abría “complentamente fuera de la norma, de manera esporádica”.
“A veces funcionaba tres horas durante la madrugada, algunos días de la semana o del fin de semana”, explicó Turrín. Indicó que el local tenía capacidad para no más de 100 personas y en general estaba ocupado por unos 15 ó 20 clientes.
“Hace poco hicimos un desalojo. Siempre que íbamos por una inspección encontrábamos unas 15 personas”, dijo Turrín.
Finalmente, el funcionario municipal contó que la EPE estaba informada de la situación irregular del bar y hasta le retiró el medidor.
“Todo el camino recorrido administrativamente es lo que las normas nos indican que teníamos que hacer”, dijo el subsecretario y remarcó que ahora la Fiscalía debe determinar las responsabilidades por la apertura irregular del after.
"¿Dónde está el Estado que no puede controlar un bar?"
La concejala Norma López recordó que ya había solicitado un pedido de inspección el año pasado ante denuncias de irregularidades y se preguntó: "¿Dónde está el Estado que no puede controlar un bar o after?"
“La responsabilidad de que siga abierto sin habilitación recae sobre el municipio, que es quien posee el poder de policía sobre las habilitaciones de locales. Realizar la denuncia ante el fiscal de turno, como se hizo, era algo propio de la obligación que tiene todo funcionario de denunciar la comisión de un delito, pero allí no termina la cadena de responsabilidades de la Intendencia. No puede ser una excusa como que la Municipalidad hizo lo que debía hacer”, aseguró la titular del bloque del FPV-PJ.
"La Municipalidad debía ir a fondo con el contralor, procurarse de la presencia de personal policial e incautar todo lo referido a la explotación comercial, y siendo conocedora de la constante violación a la clausura, poner un punto fijo para impedir la re apertura”, cuestionó.
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