La Cámara de Diputados de la Nación aprobó –con 250 votos afirmativos y dos abstenciones– un proyecto consensuado entre todos los bloques parlamentarios que declara la emergencia hasta el 31 de marzo de 2021 para procesos de concursos preventivos y quiebras, en el marco de la pandemia por coronavirus.
Los proyectos que modifican de forma temporaria la ley 24.522 de concursos y quiebras, que determina la ampliación de los plazos procesales en el caso de los concursos acreedores y la suspensión de ejecuciones por 180 días, y que fueran presentados por diversos bloques, fueron debatidos esta mañana en la Comisión de Justicia de la Cámara baja.
Además, el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, brindó su primer informe de gestión ante la Cámara. Respondió a las 1651 preguntas de todos los bloques a través de un informe escrito.
En su exposición, Cafiero detalló en el recinto las acciones del Poder Ejecutivo para enfrentar la pandemia de covid-19 y se refirió a la situación de emergencia sanitaria y económica. “A una economía dañada, se le agrega la amenaza a la vida y al trabajo que trae la pandemia”, dijo.
Durante la reunión de labor parlamentaria que mantuvieron –previo a la sesión– el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de bloque acordaron impulsar la iniciativa con la firma de todos los espacios, excepto la izquierda, que optó por la abstención.
La reforma de la ley de quiebras fue reclamada por diversas entidades empresarias para evitar que se sucedan decenas de quiebras cuando se normalice la actividad en la Justicia.
Al inicio del debate, el diputado oficialista, Rodolfo Tailhade, destacó que se haya "podido avanzar a un acuerdo político en torno a un texto".
En tanto, su compañero de bancada, Carlos Selva, destacó que "el proyecto original tenía plazo de cobertura hasta el 31 de diciembre y con muy buen criterio, los miembros de la Comisión de Justicia interpretaron razonablemente llevar este plazo hasta el 31 de marzo" de 2021.
"Se ha ahondado y se ha ampliado y se han salvado situaciones que en el proyecto original podrían haber generado mayor litigiosidad y conflicto", subrayó Selva al destacar la unificación de proyectos del oficialismo y de la oposición.
A su turno, el titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, indicó: "Entendimos que este proyecto era el complemento de la ley de moratoria que vamos a tratar luego. El aislamiento obligatorio ha planteado una serie de desafíos que nos demanda respuestas para el aparato de producción. Miles de empresas están en riesgo y con ellas muchos empleos formales".
“El desafío que hoy tiene la política es extender esa mano para que los argentinos puedan defender su trabajo. En esta ley, tanto oficialistas como opositores hemos logrado llegar a un consenso común. Desde la política hemos encontrado la forma de colaborar con leyes para salir adelante”, agregó.
Por su parte, la diputada de Consenso Federal, Graciela Caamaño, celebró el acuerdo de todos los bloques para “encauzar esta sesión en este marco donde cerca de 100.000 empresas corren riesgo. Todos entendimos que lo más importante era suspender por 180 días la posibilidad de que estas empresas entren en riesgo y pongan en riesgo las fuentes de trabajo”.
“Hay un sector al que no tenemos que dejar solo y ese sector es el empresarial de nuestro país. No podemos darnos el lujo de no acompañarlo. Tenemos que sostenerlo para poder sostener la patria”, continuó y advirtió que sin esta ley “vamos a tener un problema muy serio a partir de la semana que viene”.
En tanto, el titular del interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, explicó que este proyecto busca congelar la situación de las quiebras e hizo hincapié en la inclusión de personas humanas.
“Desde nuestro bloque incorporamos la cuestión de las personas humanas. Poder ingresar al consumidor y al trabajador en este proyecto es un avance enorme. Para aquel ciudadano común que no es una empresa y que ahora tiene la oportunidad de sanear un proyecto de quiebra es fundamental”, indicó.
El texto aprobado
El texto consensuado plantea la suspensión del cómputo de los plazos procesales regidos por la ley de quiebras por 180 días e indica que será el juez de cada proceso el que deberá fijar un nuevo cronograma.
Además, quedarán suspendidos “en pleno derecho y sin requerimiento de parte” los procesos de ejecución de cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras; la totalidad de las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias; la prescripción y caducidad de los créditos.
También se prohiben “nuevos embargos sobre cuentas bancarias, excepto para el caso de los procedimientos de comprobación y pronto pago de créditos laborales, y créditos de origen alimentarios”.
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