Los titulares de salones de fiesta de Rosario advierten que Sadaic y Aadi-Capif siguen cobrando por pasar música en eventos privados, un costo que terminan pagando los clientes pero que, según consideran, ya no se debe abonar tras el decreto 765/2024 firmado por el presidente Javier Milei en agosto pasado. Es un valor que ronda los 480 mil pesos, equivalente a entre ocho y diez invitados en un presupuesto. “El cliente no quiere pagar y los cobradores se plantan. Nos pone en un lugar incómodo, quedamos en el medio”, señaló el empresario Arturo Milano, dueño de varios salones en la ciudad.
En agosto, el gobierno nacional mediante el decreto 765/2024 publicado en el Boletín Oficial, estableció que las canciones, películas y otro tipo de obras artísticas que se reproduzcan en ámbitos privados dejarán de pagar por el uso de la propiedad intelectual, es decir, no abonarán más por el uso a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic).
Sin embargo, después de la oficialización por parte del gobierno nacional de las modificaciones en la normativa que regula el alcance de los aranceles que cobra dicha entidad, desde Sadaic salieron con algunas críticas y aclaraciones.
Según consideraron desde el ente que agrupa a los autores y compositores, el decreto en cuestión tiene una redacción “absolutamente imprecisa” y, por eso, su interpretación es que los salones de fiestas tienen que seguir pagando por pasar música en los eventos.
A partir de ese contrapunto por la interpretación del decreto, según el sector empresario de los salones de fiesta los clientes siguieron pagando el canon porque las entidades de cobro así lo exigen. Quienes contratan los espacios se quejan porque también entienden que ya no deben abonar ese costo, pese a que los inspectores lo piden.
“Los prestadores de servicios quedamos en el medio porque el pago se traslada a los clientes y lo cobran las entidades recaudadoras, el salón no recibe nada en ese intercambio. La responsabilidad de la definición de esta situación termina recayendo sobre los titulares de los salones y de la propiedad, todavía no hay ninguna resolución judicial que ponga blanco sobre negro”, puntualizó Milano en diálogo con el programa De boca en boca (Radio 2).
Es decir, hay un tire y afloje entre clientes y cobradores sobre el que deben mediar los titulares de los salones: “Conozco a los cobradores de diferentes zonas porque tengo salones en distintos lugares de la ciudad. Nos pone en una situación incómoda porque la gente, viendo las noticias y estas decisiones del gobierno, se planta y no quiere pagar. Y el cobrador también se planta”.
Milano explicó que, en la práctica, lo habitual es que los clientes sigan pagando. “Ese monto automáticamente se le entrega a los cobradores de las distintas entidades y ellos emiten un recibo que respalda el pago del arancel”, dijo.
A su vez, el empresario anticipó que la llegada de la época de graduaciones y fiestas de fin de año es un factor que podría determinar el comportamiento de los salones frente a la incertidumbre en torno a la normativa.
“Viene fin de año y hay muchas graduaciones, los que pagan no son los usuarios porque generalmente se cobra una tarjeta fija. Ahí vamos a ver qué es lo que terminamos haciendo los salones de fiesta, que son los que se harían cargo de ese pago (que se traslada a las tarjetas)”, expresó.
El tema llegó al Concejo
Tras la polémica, en el Concejo Municipal de Rosario se presentó un pedido de informe sobre este asunto.
“Una parte de lo que pagamos cuando hacemos una fiesta es el derecho de propiedad intelectual (Sadaic y AADI CAPIF), y esto encarece el costo de las tarjetas. El que paga siempre es el cliente del salón. Lo que también ocurre es que lo pagan los salones y lo trasladan al contrato de alquiler o valor de la tarjeta”, remarcó Lisandro Cavatorta, autor del proyecto.
Iván Hawryluk, presidente de la Cámara de Eventos y Afines de Santa Fe, explicó a Rosario3 que para ellos el decreto es “clarísimo”. Y que a la hora de reunirse con los clientes optaron por consultarles si se adhieren o no a dejar de pagar el arancel que en la actualidad equivale al costo del salón.
En caso de que durante la fiesta inspectores labren un acta, son los graduados, los novios o los padres de la quinceañera quienes continúan con el reclamo. Ya que, según lo publicado el Boletín Oficial, “la representación o ejecución pública solo será aquella la que se reproduzca en un espacio de acceso público, libre y dirigido a una pluralidad de personas”. Es decir, que los eventos privados quedan exentos.
“El decreto es claro pero hay mucha confusión en el rubro, por eso presentamos en el Concejo este proyecto, para saber cuál es el alcance del decreto publicado a nivel nacional y por qué los salones y la gente que los contrata, aún, siguen pagando Sadaic. Queremos saber si la gente está pagando algo que no debería. Pagar Sadaic hace más cara la fiesta”, argumentó Cavatorta.
Tras la polémica y la queja de los organizadores y los clientes, desde el Concejo pidieron que Nación aclare cuál es el alcance del Decreto 765/2024, en particular en lo que respecta a la diferenciación entre el ámbito público y privado y su incidencia en la obligación de abonar derechos de autor, respecto de los diferentes factores intervinientes en la reproducción de temas musicales; conocer los criterios a aplicar para determinar quién es el obligado al pago de los derechos de autor en eventos realizados en salones de fiestas, especificando, en su caso, si el mismo es el dueño del salón, quien realiza el evento como contratante del servicio de organización de eventos, quien ofrece el servicio de organización de eventos como contratado, ninguno de ellos, o si la obligación de pago es compartida, y en ese caso, de qué manera y con qué características.
