El Ministerio Público de la Acusación (MPA) investiga a la empresa rosarina Alimentos Argentinos por una denuncia presentada por una sociedad paraguaya que asegura que la alimenticia local desvió los fondos adelantados para una importación de granos a otros fines con los que se cayó la operación.
Tras las primeras investigaciones, la Unidad de Delitos Económicos Complejos, a cargo del fiscal Miguel Moreno, imputó a los titulares de la empresa, Rodolfo Raffìn, Lourdes Raffin y Ana María Barrios.
Según las investigaciones, la sociedad paraguaya Oryza Group pactó una operación de importación, y como ocurre en el comercio exterior, se gestiona un adelanto para que el vendedor prepare toda la logística y la producción a exportar. En este caso, se gestionó un crédito a través del Banco Santander.
En concreto, en agosto de 2023 se acordó la compra venta de 22 mil toneladas de maíz. Como es uso y costumbre en los negocios, los exportadores rosarinos recibieron en su cuenta del banco Santander un adelanto, un millón y medio de dólares (del total de 4.5 millones que representaba la operación) girados por los paraguayos desde el banco Itaú.
Pero esos fondos -según los denunciantes- no se usaron para financiar la exportación y por eso frenaron todo y presentaron la denuncia. Las sospechas empezaron cuando -con el barco ya agenciado llegaría a puerto para buscar la carga- vieron que la operación se demoraba y por eso contrataron a una certificadora (Control Union) para que vaya a constatar la existencia y calidad de los granos.
Al presentarse, los auditores se encontraron con una situación sospechosa. Rodolfo Raffin los llevó a Pergamino y les mostró que en la cooperativa Unión de Alfonso había 7 mil toneladas que, supuestamente, eran de ellos, y que el resto estaba almacenado en los silos de Terminal VI del puerto de Rosario. Pero los certificadores no pudieron ingresar al puerto porque en esa terminal no tenían contrato alguno con Alimentos Argentinos.
En el MPA siguen la pista de que ese dinero se habría utilizado para colocaciones financieras (fondos de inversión), e incluso para la compra de activos para la firma, como vehículos. Al equipo del fiscal Moreno tampoco le cierra el monto de la operación, que parece mucho para una empresa -con sede en la zona sur de Rosario y conocida por operar en el sector de legumbres- sin mucha experiencia exportadora
Este domingo, en Rosario3 se publicó que la causa se complica por la inminente denuncia penal contra ejecutivos locales del Santander. Ocurre que, según los denunciantes, el banco incumplió una medida cautelar dictada en el marco de una investigación. La medida cautelar disponía la inmovilización de $270 millones que se encontraban en un fondo común de inversión a nombre de uno de los imputados y que para los fiscales escondía parte del dinero mal habido. Pero en circunstancias poco claras, el banco permitió que sus clientes pudieran rescatar esos fondos a espaldas de la Fiscalía.
Los abogados de querella sospechan que hubo uno o varios colaboradores dentro del banco que facilitaron la maniobra. De hecho, uno de los imputados reconoció ante el juez de la causa que tenía un amigo que era gerente del banco.
