El efecto más palpable del desguace del Estado con una política de motosierra que no se detiene caso por caso sino que despide trabajadores para llegar a un porcentaje preestablecido es el cierre de oficinas de atención al público de la Ansés.
Pero las bajas son transversales y afectan a diversas áreas como los Centros de Recepción de Desarrollo Social, Conicet, Discapacidad, Niñez, Parque Nacional Islas de Santa Fe, Inta, Senasa o Agricultura familiar, entre mucho otros.
La dimensión del impacto es todavía difícil de mensurar. El presidente Javier Milei elevó (y celebró) la cifra de nuevos desempledos a 70 mil contratados pero su vocero Manuel Adorni lo redujo a unos 15 mil ahora y el resto más adelante (con la incertidumbre que eso genera para los otros 55 mil en suspenso laboral).
Sin embargo, los echados también pertenecen a la planta permanente, en algunos casos con muchos años de experiencia.
En un primer relevamiento realizado este jueves, y mientras algunos telegramas y notificaciones siguen llegando en pleno inicio de la Semana Santa, los despidos en Rosario son –al menos– los siguientes.
Ansés: oficinas cerradas y 11 despidos en Rosario
El gobierno nacional dispuso más de 1.300 despidos (al menos 850 ahora y 450 en enero). En la región Litoral (Santa Fe y Entre Ríos), fueron 50 cesanteados sobre 500 empleados que sostenían 40 oficinas de atención al público.
Fueron desmanteladas las sedes de Ansés de Funes y Puerto General San Martín (había solo tres puestos y fueron dejados vacantes), en el sur de la provincia, o de Vera y en Villa Ocampo, en el norte, lo que dejaba sin cobertura a amplias zonas. (Ver más en “Despidos masivos en Ansés”).
En la sede local de calle Rioja a 1100 se registraron ocho bajas en las últimas horas, cinco contratados y tres de planta permanente, informaron desde ATE a Rosario3. Se suman tres jerárquicos echados en enero.
“Soy planta permanente, trabajo hace nueve años en la primera línea con los casos más vulnerables que tiene nuestra sociedad como discapacidades, desempleados, madres solteras o jubilados”, contó Juan Puccio, uno de los echados sin motivo esgrimido.
Ex combatientes de Malvinas, denuncia en la vigilia por el 2 de abril
La Confederación de Combatientes de Malvinas de la República Argentina denunció una serie de “despidos arbitrarios en las reparticiones públicas de todo el país”.
A través de un comunicado, la Confederación hizo foco “cinco hijos/as de Veteranos de Guerra que trabajan en la Ansés y que fueron injustamente despedidos”, uno de esos casos es una joven en Rosario.
"La desidia del nuevo gobierno nacional nos toca de cerca como a muchos compatriotas”, señalaron y preguntaron: “¿Cuál es el criterio a la hora de realizar estas acciones? Nuestros compañeros/as no son casta, son laburantes que día a día salen a trabajar y que además acompañan la Causa Malvinas”.
Cierre del Centro de Referencia (CDR): nueve echados
En calle España al 500, este miércoles se hizo un acto de repudio al cierre de los casi 60 Centros de Referencia (CDR) del ex ministerio de Desarrollo Social anunciado para el 31 de marzo, incluida esa sede rosarina. Eso implicaría el despido de entre 600 y 800 personas que ya empezaron a concretarse.
En Rosario, eran hasta ayer 48 empleados, de los cuales 30 son contratados y nueve ya fueron despedidos sin indemnización. El alquiler de la oficina se dio de baja.
“Hubo una primera tanda de despidos a fines de febrero en el programa Andis (ex-pensiones no contributivas) 160 a nivel nacional, de los cuales tres compañeras son de Rosario (dos trabajadoras sociales de 20 y 25 años de antigüedad y una administrativa con 27 años de laburo y a punto de jubilarse)”, detalló para este informe Lautaro, uno de los trabajadores afectados.
“El miércoles hubo otra tanda de 168 despedidos a nivel nacional en el mismo programa: uno de Rosario (la responsable y fundadora de la oficina empleada de carrera ex-Ansés con casi 30 años de trabajo)”, agregó.
A la noche, después del acto en calle España, llegaron los correos electrónicos con más novedades: cinco nuevos despidos, todos con más de ocho años de trabajo.
“Todos tienen contratos basura que se renuevan por un año. A los contratados que no despidieron se les renuevan por tres meses más (y ahí vendrá otra tanda de despidos). Nosotros trabajamos con la población más vulnerable socioeconómicamente. Estamos acéfalos desde diciembre y el ministerio está totalmente paralizado. Muy triste todo. Y las formas son terriblemente crueles”, definió.
Agricultura familiar: clausura y 42 incertidumbres
Además del cierre o intervención del Inadi, Télam o de la programación de la TV Pública, el gobierno nacional anunció el fin del Instituto de Agricultura Familiar con 900 puestos en riesgo. Eso implica 42 cargos en Santa Fe bajo la modalidad de asesores técnicos (ingenieros agrónomos, veterinarios, trabajadores sociales y psicólogos, entre otros).
Hasta ahora no fueron echados pero se quedaron sin funciones y desmantelaron una política iniciada en 1993 con la creación de Programa Social Agropecuario. “En Santa Fe, llegamos a alrededor de 20 mil familias, horticultores, pescadores, ganaderos, productores ovinos, caprinos, avícolas, apicolas, familias campesinas, pueblos originarios, entre otros”, explicó Laura, una de las integrantes del instituto.
“Para trabajar utilizamos nuestras computadoras, nuestros teléfonos, nuestros vehículos, nuestros recursos”, defendió su rol puesto en jaque.
Parque Nacional: el Delta del Paraná más desprotegido
La Administración de Parques Nacionales (APN) perdió 79 trabajadores por el ajuste. En el caso de “Islas de Santa Fe”, el único espacio de ese tipo en la provincia que cuida los recursos del Delta del Paraná, fue cesanteada una empleada administrativa.
En el Parque Nacional con base en Puerto Gaboto, 15 de los 20 trabajadores tienen contratos bajo el artículo 9º y eso incluye a seis administrativos y técnicos, y nueve brigadistas.
Según informaron a Rosario3, el gobierno renovó los contratos de los brigadistas hasta diciembre (después podrían tener un vínculo precario por temporada). A los demás les extendieron el contrato hasta junio pero bajo amenaza de una nueva tanda de despidos. Además, hubo un fuerte recorte en insumos y apoyo de logística.
Conicet, Enacom, Discapacidad, Niñez, Senasa y sigue la lista
Además de los organismos nacionales ya citados, hubo 87 despidos en el Conicet (tres en Rosario) y peligra el dispositivo regional de Enacom Rosario, que fue intervenido, con 30 puestos de trabajo, además de la importancia estratégica del sector ante los controles en las telecomunicaciones.
En la Agencia Nacional de Discapacidad, hubo 332 bajas (tres en Rosario). En la Secretaría de Trabajo fueron 517 a nivel nacional (tres en la Superintendencia local en enero). En Vialidad, 67 (uno local).
En el Senasa de Santa Fe, entre tres y cinco puestos quedaron anulados (personal para la exportación de carnes dentro de las normas de México y Estados Unidos, y también por la gripe aviar del año pasado con esa figura de contratación). Uno más en el Inta de Santa Fe.
En la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) fueron 300, según un relevamiento preliminar de ATE que se completa con Secretaría de Comercio: 225; Nación ART: 200; Secretaría de Cultura: 170; INCAA: 170; Acumar: 120; Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo): 120; Subsecretaría de la Mujer: 150.
Se suman: Indec: 100; Secretaría de Derechos Humanos: 100; Administración General de Puertos: 100; Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV): 89; Servicio Meteorológico Nacional: 80; Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP): 40; Ministerio de Economía: 26; COPREC (Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo): 25; Secretaría de Energía: 21; CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte): 2.
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