No sólo en las calles se hace palpable la inseguridad en Rosario. Entre 2004 y 2019, la Intendencia multiplicó por diez las gestiones asociadas a la contratación de vigilancia privada para espacios públicos. Además de plantear un fuerte dilema –porque el Estado termina pagando por un servicio que debería garantizar–, el fenómeno generó un jugoso negocio para un puñado de empresas: entre ellas, se destaca una que ganó mucho más que el resto.
Los mecanismos para contratar seguridad privada son similares a los utilizados para realizar una obra pública o adquirir resmas de papel. Según los montos, las gestiones pueden ser (de menor a mayor jerarquía) concursos de precios, licitaciones privadas o licitaciones públicas. Estas últimas representaron apenas el 23% de los 690 expedientes ejecutados entre 2004 y 2019, pero explican más del 68% del presupuesto oficial asignado (que a nivel global asciende a más de 553 millones de pesos).
En total, en el período analizado se realizaron 156 licitaciones públicas, por un presupuesto oficial de 379 millones de pesos. Si bien a lo largo de los años fueron 15 las empresas que se quedaron con al menos un contrato, hubo una que se quedó con poco más de la mitad de los fondos. Se trata de Bunker Seguridad, a la que le adjudicaron 71 trabajos, por 216 millones de pesos. Si se contemplan las 690 gestiones (es decir, sumando las licitaciones privadas y los concursos de precios), también es la que encabeza el ránking, pero con un margen menor.
Acorde a la información que brinda el Boletín Oficial, Bunker Seguridad es una firma que presta servicios de vigilancia privada desde 2008. En su sitio web exponen que además del municipio tiene como clientes a diferentes empresas de la ciudad, entre ellas reconocidas constructoras e industrias. Actualmente es uno de los diez proveedores habilitados por el Municipio su categoría (renovó su licencia el pasado 26 de mayo).
En el siguiente gráfico puede observarse cómo se repartieron los 379 millones de pesos por licitaciones públicas, que representan la porción más importante de la torta vinculada al negocio.
Un dilema que fue ganando peso
La seguridad privada en espacios públicos es un asunto que no deja de generar una contradicción, porque el Estado termina abonando sumas millonarias para contratar un servicio que debería garantizar. Podrá argumentarse que la responsabilidad primaria le cabe al gobierno provincial, pero al final de cuentas el Estado es uno solo: sería deseable que ambos estamentos acuerden cómo gestionar el tema y así evitar que la Intendencia afecte parte de su presupuesto.
Más allá del debate respecto a las responsabilidades jurisdiccionales, el caso de la vigilancia privada en centros de salud, polideportivos y demás sitios municipales suma otro factor de análisis. En el año 2004 -año que inicia la serie estadística que da cuerpo a este informe-, se creó por decreto la Guardia Urbana Municipal (GUM), una dependencia que, entre otras funciones, debía encargarse de proteger los espacios públicos. En 2017, la ONG Sinergia Ciudadana se hizo eco de este tema (¿Por qué pagar seguridad privada?, se preguntaron desde su página de Facebook).
Lo cierto es que el gasto en seguridad privada fue in crescendo. Entre 2004 y 2019 el Palacio de los Leones fue autorizando cada vez más dinero en este tipo de contrataciones. Por la inflación que acompañó a la economía argentina, no resulta sencillo realizar un análisis de la evolución, pero sí es posible tomar algunos indicadores para corroborar que el tema fue ganando importancia. Uno de ellos es la cantidad de gestiones realizadas, que se multiplicó por diez entre inicio y final de la serie. La curva ascendente puede observarse en la siguiente infografía, donde también se verifica un pico durante la primera gestión de Mónica Fein -período coincidente con la mayor crisis de inseguridad-.
Otra manera de dar cuenta del mismo fenómeno es analizar la relación entre los presupuestos oficiales de las gestiones y el gasto global ejecutado por el municipio durante cada año. Así, puede observarse que mientras que en 2004 lo destinado a vigilancia representaba un 0,09% del total, para 2018 (último año completo disponible en la web oficial) pasó a ser el 0,71%. Su importancia se multiplicó casi ocho veces. Nuevamente, en 2012 se verifica el punto más alto de la serie.
Vale una aclaración sobre este indicador. La base de datos que dispone la Intendencia no brinda todos los montos adjudicados a cada empresa, por lo que el presupuesto oficial para cada expediente es el único dato disponible respecto al gasto. Si bien no resulta del todo exacto, el indicador permite inferir cómo evolucionó el fenómeno a lo largo de los años.
Fuentes oficiales consultadas por Rosario3 no supieron precisar causas específicas que motivaron el aumento de las licitaciones entre 2011 y 2015, pero reconocieron que por esos años era uno de los temas recurrentes en las reuniones con los sindicatos. Esto último fue corroborado por Sandra Maiorana, secretaria General de la seccional local de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA): “Desde hace 10 años venimos reclamando por mayor presupuesto en seguridad para los efectores públicos, porque desde ese momento han sido cada vez más los episodios de violencia y las amenazas”, dijo.
