Además de las confesiones, declaraciones y careos, la causa judicial contra el capitán Florin Filip y los otros marineros del RM Power sumó una prueba física en los allanamientos realizados en el barco el 26 de julio de 2013, apenas arribado al puerto de Dreyfus en General Lagos.
En la panza del temible bulk carrier fabricado en China, 18 metros bajo la cubierta, en el Bow Thruster, quedaron rastros humanos. Ninguno de los otros lugares donde fueron hallados los polizones que se notificaron y devolvieron con vida los primeros días de viaje tenían conexión con ese espacio. Pero en ese hueco donde funciona la hélice que se usa para doblar el barco, levantaron aquellos restos de comida, pedazos de ropa, botellas con orina y la mierda ya sin olor. Unos rastros gastados de humanidad que implicaban una presencia anterior pero que ni para sacar un ADN servían.
¿Qué hubiese hecho de todas formas el juez con esa eventual información genética, con quién la compararía, a los familiares de quiénes acudiría? ¿Dónde queda el banco de datos genéticos de los fantasmas sin identidad; de los “migrantes desaparecidos”, como las clasifica la Organización Internacional de las Migraciones (OIM)?
La Justicia federal argentina se volvió a topar ante el desafío de crímenes sin cuerpo, de pactos de silencio y de la obediencia debida como autodefensa exculpatoria de los ejecutores. Aunque con otro tipo de violaciones a los derechos humanos, eso ya ocurrió con los casos por el terrorismo de Estado de la última dictadura cívico militar.
Lo claro es que el juez Vera Barros usó ese hallazgo como un indicio claro de que hubo más personas en ese barco y “escondidas por un prolongado período de tiempo”. La evidencia formó parte del procesamiento para el capitán, el primer oficial y los cuatro marineros del 16 de agosto de 2013.
En ese texto, el titular del Juzgado Federal Nº 3 de Rosario incluyó entre las pruebas: el reporte preliminar del Administrador Marítimo del RM Power (el primero en notificar la confesión de Filip que había “tirado la basura al mar”). También el coincidente pedido de baja de los marineros identificados como partícipes del hecho. Sumó la declaración de Berbec, que forzó a su vez a Estrope a reconocer que Siguan, uno de los involucrados, le había contado todo. Vera Barros incluso mencionó que Racovita le reveló a Colgiu que a los polizones “los hemos tirado al agua”, aunque después dijo que fue un “chiste”.
El juez defendió la jurisdicción argentina sobre el caso y afirmó que los acusados “actuaron con dolo requerido” y con su accionar “no se puede esperar otro resultado que la muerte”. Los procesó con prisión preventiva por “homicidio calificado por alevosía e intervención de dos o más personas”.
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Filip no declaró ante la Justicia federal pero sí lo hizo por escrito ante el “investigador especializado en siniestros e incidentes en el mar” de la República de las Islas Marshall. Fue el 29 de julio, antes de que el contramaestre Danilo Dumogho cayera al agua, el rumano Berbec le entregara la nota en inglés al prefecto Aquino y eso impulsara aún más el caso en los tribunales de Rosario.
Sin saber todo lo que ocurriría durante esos días posteriores, el capitán escribe: “A los fines de identificarme, soy hombre caucásico, de 55 años. Nací el 8 de abril de 1958 en Constanza, Rumania. Mi domicilio permanente es Constanta Bratianu 106, donde mi esposa vive actualmente. Soy marino mercante, capitán del buque RM Power. Esta declaración se refiere al presunto incidente a bordo”.
En el texto, Filip vuelve al 3 de julio de 2013 cuando zarpó del puerto de Matadi, en el Congo. Detalla paso a paso las operaciones en las horas y días siguientes hasta que el jueves 6 de julio a la noche, asegura, un hecho lo cambió todo.
"Luego de la cena –cuenta en su nota–, la tripulación de cubierta se dirigió a mi camarote a decirme que no querían seguir trabajando como si fueran limpiadores de baños. Debo mencionar que luego de irnos del puerto de Matadi, el buque estaba muy sucio, había excremento y orina por todos lados: sobre la cubierta principal, entre las tapas de escotilla, en las bodegas, espacios vacíos, grúas, etcétera. Estos tripulantes también me mencionaron que yo los obligaba a buscar polizones en cada sitio escondido del buque, lo cual era de mucho riesgo para sus vidas dado que los polizones son peligrosos y están armados con cuchillos. Yo estaba nervioso y les dije que prepararan su pedido de repatriación o, de lo contrario, lo haría yo mismo lo cual sería peor”.
"Yo estaba decepcionado de la tripulación –sigue– y no había otra cosa que hacer más que enviarlos a sus casas en el próximo puerto. Además, es sabido que la Compañía estaba atravesando un muy mal momento, no contaba con el dinero suficiente ni para pagar a la tripulación en tiempo. Durante la conversación con el Sr. Stravos (por la comunicación telefónica con el gerente de operaciones de la empresa griega), me indicó que la tripulación debía pagar sus pasajes de avión y los de sus relevos”.
"Para mí era imposible seguir con una tripulación que no obedeciera mis órdenes. Y para obligar a la Compañía a hacer algo, inventé una historia sobre los polizones (considerando los sucesos previos). Y en ese momento pensé que si yo decía que la tripulación había encontrado algunos polizones y que los tiramos al agua, finalmente la Compañía aprobaría el cambio de tripulación sin problemas. También dije que yo mismo podría pagar los pasajes de avión si no existiera otra solución; pero de ninguna manera podría seguir trabajando con esta tripulación. Luego, existió la segunda llamada en la que dije más o menos lo mismo. Ambas comunicaciones fueron desde mi camarote y no desde el puente. No puedo repetir exactamente lo que dije en aquel momento porque lo hice directamente y sin plantearlo con anterioridad. Yo estaba loco por culpa de la tripulación y porque la Compañía no quería ayudarme a enviarlos a sus casas”.
Filip dice que creyó que su relato “había sido un éxito” pero como nadie más le preguntó “nunca pude contar la verdadera historia a nadie”. “Esta es una declaración breve que puedo ampliar”, aclara aunque días más tarde, el 6 de agosto, cuando es citado por la Justicia argentina y ante las nuevas evidencias, prefiere callar en esa sala de la planta baja del viejo palacio de los Tribunales Federales de Rosario.
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El capitán primero fue trasladado a una sede de Prefectura en Victoria, Entre Ríos. Después lo llevaron preso al pabellón de extranjeros de la cárcel de Ezeiza.
Desde ese lugar, el 13 de noviembre de 2013, recibió una buena noticia. La Sala A de la Cámara Federal de Rosario dictaminó que el juez Vera Barros no tenía competencia para actuar y que se debían remitir las actuaciones a las Islas Marshall o a los países de nacionalidad de los acusados.
Los jueces, superiores de Vera Barros, argumentaron que se investigaban hechos ocurridos en altamar, en un buque con bandera de otro país y con procesados de nacionalidad rumana y filipina. Sin embargo, no declararon nulo lo actuado (“la investigación puede ser relevante”, dice el fallo) e incluso advirtieron el riesgo de que “se desmembrara irrazonablemente el proceso” .
La causa empezó a ser una molestia en Argentina y el principal imputado pidió volver a su país. La mujer de Filip y un hijo viajaron para pagar la fianza y llevaron el comprobante del depósito del Banco Nación al juzgado de Vera Barros en Rosario. En enero de 2014, Rumania aceptó iniciar un procedimiento: no reclamó la extradición ni la detención sino una citación para abril.
Eso alcanzó como paso formal y la Defensoría (ya con intervención desde Buenos Aires) logró la libertad del capitán Filip y el resto de los acusados. Pero el defensor subrogante Osvaldo Gandolfo agregó un dato que la familia les avisó de urgencia y tomó a todos por sorpresa: Filip sufría una “enfermedad terminal” con “pronóstico nada halagüeño”.
Antes de emprender el regreso, el 4 de febrero, el capitán ingresó al Servicio de Emergencias por "dolor abdominal y dorsolumbalgia". La historia clínica del paciente cita estudios realizados en enero por "hallazgo de tumor de colón y carcinomatosis peritoneal". Lo operaron y le sacaron parte del colón. Pero el cáncer ya se había expandido demasiado.
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El juez intentó evitar que el caso saliera de sus manos por considerarlo un delito contra la comunidad internacional, por ser una grave violación a los derechos humanos. Consideró ese proceso uno de los dos más importantes de su carrera (el otro fue meter preso al ex jefe de la Policía de Santa Fe por narcotráfico, Hugo Tognoli).
Vera Barros perdió la pulseada jurídica pero no pudo soltar la causa del todo. Cuando la rutina le daba un descanso, visitaba las páginas web de los diarios de Rumania en busca de noticias del capitán.
Hasta que la novedad llegó vía Interpol al juzgado de Rosario. Florin Filip murió en pleno vuelo de regreso a Rumania. Rodeado de su biblioteca de madera repleta de libros y su colección de colectivos miniatura, el juez con 30 años de experiencia en tribunales federales no podía creer lo que escuchaba.
Matar en el mar para morir en el aire suena a condena bíblica. En derecho existe algo para traducir eso: el concepto de “pena natural”. Se aplica cuando el autor de un delito sufre un perjuicio que puede ser tomado como una eventual sentencia.
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El periodista Hernán Lascano siguió la secuencia para el diario La Capital desde el inicio. Después de unos meses sin avances, en abril de 2014, preguntó en los Tribunales federales por el estado del caso de los polizones que lo conmovió.
Ante la revelación, fue a la redacción y escribió el título para la tapa del domingo 20: “El impensado final de un capitán rumano”. La crónica explica que en la primera audiencia por el trámite que se abrió en los Tribunales de Constanza, número 23/P/2014, “sólo estará (el primer oficial Robert) Racovita ya que Florin (Filip) murió en vuelo”.
“El 19 de febrero –informa la nota– se dejó sin efecto la prohibición para que los seis miembros de la tripulación salieran del país y tres días después los dos comandantes rumanos del RM Power partieron hacia Londres en un vuelo que tenía como destino final Bucarest. Pero Filip murió antes del aterrizaje en la capital británica”.
Y agrega: “Los cuatro filipinos procesados también pudieron dejar el país. Son Stephen Libo-On Nalumen, Harvey Poquidta Baladjay, Vicente Eclepsi Siguan y Ryan Comanda Lagumbay. Desde Filipinas nunca se reclamó legitimidad para intervenir en el proceso judicial, Argentina perdió contacto con ellos y difícilmente alguien les recrimine el hecho por el cual en Rosario resultaron procesados por homicidio alevoso”.
Ocho años después, Lascano aún recuerda el impacto de aquel día. “Me caí de culo cuando me enteré. Fue uno de los casos más estremecedores que me tocó cubrir. Por la crueldad y por lo vívido de los testimonios, porque los marineros estaban atormentados por haber sido testigos de semejante asunto. Si Michel Foucault habla del suplicio del silencio impuesto, acá fueron los silencios del suplicio”.
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Todos esos meses, la causa 838/2013 por la desaparición del marinero filipino Danilo Dumogho en el kilómetro 395,5 del Paraná sumó 178 fojas pero ninguna evidencia de homicidio.
El expediente fue y vino de la Justicia provincial y la federal. El cuerpo no fue hallado, no hubo imputados ni querellantes y la jueza Delia Paleari (a cargo de Instrucción 8°) archivó las actuaciones el 25 de noviembre de 2014. El destino de esas hojas escritas, croquis hechos a mano y fotos es la destrucción.
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La verdad jurídica no concluyó nada tampoco sobre los polizones y el capitán. Aunque Rosario perdió su competencia, la investigación no se anuló. El contenido de los procesamientos al capitán y los marineros quedaron, de alguna manera, vigentes. No son una condena sino un paso previo: existía para el juez la suficiente sospecha para hacer un juicio. Pero el juicio nunca se concretó.
“Fue un caso terrible. Es atroz la frase: «Tiramos la basura al mar», con la idea de que tan fácilmente se puede descartar a una persona”, define el por entonces secretario del juzgado número 3, Adolfo Villate, quien desde 2016 es fiscal de la Unidad Especial de delitos de lesa humanidad.
Villate trabajó en el caso los primeros meses, hasta septiembre de 2013, pero recuerda las dificultades para avanzar con una investigación en donde todo era nuevo y difícil, por la ausencia de antecedentes.
Para el hoy fiscal de los juicios contra represores de la última dictadura, los homicidios investigados en aquel buque no podrían ser considerados de lesa humanidad porque no hubo, o al menos no fue probado, un plan sistemático y reiterado. Sí pudo haberse considerado “una grave violación de los derechos humanos” y era correcto que el juez sostuviera que el Estado argentino debía seguir investigando porque se trataba de un agravio a toda la comunidad internacional.
–¿Cuál es la característica que diferencia a un hecho de “grave violación a los derechos humanos” de uno de “lesa humanidad”?
–Las violaciones de los derechos humanos, en general, son cometidas por agentes del Estado (policías, por ejemplo). Generan una responsabilidad internacional del Estado nacional, con competencia federal y son imprescriptibles, como los de lesa humanidad. Por ejemplo el caso de Walter Bulacio (detenido tras un recital de Los Redonditos de Ricota y asesinado en 1991) fue una grave violación a los derechos humanos, no un delito de lesa humanidad. Entonces, cuando son delitos individuales que no responden a un plan sistemático y clandestino de un Estado, son graves violaciones. En este caso, hubiera dicho que fueron esto segundo. En definitiva, la diferencia es técnica pero tienen casi la misma significación: ambos son imprescriptibles porque hay responsabilidad de los Estados. El problema acá es ¿de qué Estado?
–¿Qué debería ocurrir en el sistema judicial cuando un crimen no termina juzgado por nadie?
–Son casos muy complejos. Si bien este fue el único que vi en mi vida, me imagino que debe haber otros parecidos y debe pasar más o menos lo mismo. Es muy raro que haya una pelea por quedarse por la competencia. Lo que se busca en general es que la asuma alguien que no sea uno. Habla bien del juez no haber mirado para otro lado. En este caso, la complejidad era mayor porque había ciudadanos de distintas nacionalidades, el barco con bandera de las Islas Marshall, el delito se había convertido en alta mar, no se sabía bien en dónde. Hay tal fragmentación de la competencia que podría ser que el hecho se juzgara en cualquiera o varias de ellas. Recuerdo que nos parecía que era vergonzosa esta situación. Islas Marshall es un Estado creado para este tipo de situaciones, una bandera que no se responsabiliza por lo que hacen en los buques con su bandera.
–Es como un paraíso fiscal del comercio marítimo.
–Lo que ocurre de fondo es que el derecho regula situaciones pero no regula todas. Es imposible que una norma jurídica abarque toda la realidad. Muchas veces hay hechos que no pueden ser juzgados porque ingresan en una especie de limbo jurídico y hay muchas competencias concurrentes pero nadie tiene demasiado interés en conservarla.
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El polizón elude las fronteras legales de los Estados al hacerse invisible, se camufla en un barco como una mercancía clandestina, un parásito de otras cargas que sí tienen valor de intercambio. El riesgo de eludir las violencias de los límites (que no dejan salir o entrar) es caer en una mayor. ¿Dónde fue el asesinato? ¿A quiénes se mató? El mar surge como un espacio pre político, un pasaje entre países, un ningún lado.
Como explica la socióloga Estela Schindel en su ensayo "Frontera y violencia" (UNR Editora), esa suspensión de la ciudadanía puede durar los segundos de un trámite en la aduana o largas semanas y meses en el caso de un polizón. Una persona que pasa a ser nadie en el ancho umbral del océano, esa jungla líquida. Y los Estados se valen de agentes no humanos, de la naturaleza como arma (mares, montañas, desiertos), para dejar morir. No matan sino por una presunta omisión, empujan a los migrantes a escenarios de total crueldad e impunidad (en Europa de forma masiva). La eliminación de esos cuerpos es tan clandestino como su escondite. Lo anómalo es que un caso así llegue a la superficie de un juzgado.
Pero como, justamente, esos crímenes no dejan rastros ni registros, la sociedad no reacciona. Se admite que hay “seres superfluos” destinados a “vertederos para los desechos humanos”, como define Zygmunt Bauman. Tirar la basura al mar. Si el impacto de la sangre y la carne no emerge y se muestra, ese pacto de convivencia se mantiene.
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En términos oficiales, lo narrado hasta acá, como todo lo que amasa realidad, no sería todo lo que ocurrió sino lo que algunos dicen (y muchos creen) que ocurrió. Pero la historia no se construye solo con lo verificado por los actores del Poder Judicial. Los crímenes en alta mar contra polizones existieron y existen. Aún en la Defensoría de Rosario, que por su rol institucional trabajó en la inocencia de los acusados, conservan el recorte plastificado de La Capital del 20 de abril de 2014. Del otro lado de la crónica sobre el desenlace de la causa, en el reverso de la hoja del diario, un título reconoce: “Tirar polizones al mar, algo que parece más común de lo que se cree”.
La nota cuenta que diez años antes la Justicia de España se topó con un caso similar. Un capitán coreano ordenó abandonar en el mar a cuatro polizones sobre una balsa de madera. Habían salido de Senegal y llegaron a La Coruña. Uno de los marineros declaró que había visto a los polizones pidiendo ayuda por última vez “con el agua al cuello”. La jueza a cargo determinó que no tenía jurisdicción sobre un crimen que involucraba a extranjeros cometido en alta mar. Los cuerpos nunca se encontraron.
“El Comité Marítimo Internacional con sede en Bruselas advierte sobre la reiteración de estos casos que tropiezan con la ausencia de una ley internacional indiscutible que contemple estos delitos, particularmente atroces, lo que revierte en impunidad”, agrega el texto.
Los antecedentes tienen mucho más que 10 o 20 años. En noviembre de 1781, 142 esclavos africanos fueron arrojados por la borda del buque negrero británico Zong. Luke Collingwood, capitán del navío que iba de Ghana a Jamaica, tomó la decisión cuando se quedaba sin agua potable. Empezó con 54 mujeres y niños, porque tenían menor valor comercial, y luego siguió con los hombres.
Como la “carga” estaba asegurada, los dueños del barco iniciaron un reclamo formal al seguro para que pagara por esas personas esclavas perdidas. El conflicto comercial tuvo que ser zanjado por el viceministro de Justicia de la Corona Británica, John Lee. Su decisión hizo historia.
–Los negros son cosas, como cualquier propiedad. Tirar un negro al mar es lo mismo que tirar un caballo.
La masacre de Zong generó una reacción en la comunidad inglesa que derivó en la lucha contra la esclavitud, primero, y, más tarde, en el surgimiento del movimiento universal de derechos humanos.
Dos siglos después, el caso del capitán rumano y los polizones se hundió en la marea de las historias sin resolver. Como si uno y otro extremo, los que mataron y los que murieron, fuesen piezas sacrificables para que la maquinaria de la eficiencia no se detenga.
Continúa con el capítulo cinco.
*Este proyecto periodístico fue seleccionado y formó parte del taller "Cobertura de la migración y su vínculo con el desarrollo sostenible", de la Fundación Gabo y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
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