La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, respaldaron las acciones que posibilitaron al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) desmantelar una organización que desde hace 20 años condicionaba las habilitaciones y certificaciones a las empresas propietarias de los buques contratados que accedían a los puertos del Gran Rosario.
Las investigaciones realizadas por el Senasa –promovidas por su presidente, Ricardo Negri, y el director de la Región Centro, Cristian Cunha- contaron desde el comienzo con la colaboración y el aporte de información de los puertos y terminales en el Gran Rosario de las empresas agrupadas en Ciara y CEC, debido a los perjuicios indirectos que causaban las maniobras delictivas a la operación de los exportadores de granos y productos de la molienda de oleaginosos.
La maniobra consistía en dilatar las inspecciones y habilitaciones de las bodegas de los grandes buques que recalaban en los puertos y las terminales sobre la costa del río Paraná a cambio del pedido de pagos indebidos a los armadores –dueños de los buques contratados- para acelerar el trámite y ahorrarles la pérdida por las demoras, que de acuerdo a sus testimonios ascenderían a 50 mil dólares diarios.
Como consecuencia, se encarecían los fletes para ese destino, mayores costos que recaían en la cadena agroexportadora y afectaban la competitividad.
Finalmente, desde el año anterior, debido al desmantelamiento por el Senasa de la red de corrupción en el sistema de inspección de bodegas, los puertos del Gran Rosario fueron retirados de la Red Global de Anticorrupción Marítima, lo que beneficia adicionalmente a toda la cadena de agroexportación.
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