El vocero presidencial Manuel Adorni anunció este miércoles la privatización del tren Belgrano . La medida se comunicó este mediodía luego de demorar la habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.
“El año pasado el Estado puso 112 millones de dólares en esta empresa, dinero que salió de cada uno de nosotros, todos los argentinos”, expuso.
Y siguió: “Para dimensionar el deficiente estado del sistema ferroviario argentino de cargas, la distancia media transportada hoy es de 500 kilómetros, la misma medida que se transportaba hace 50 años en la República Argentina, es decir, en medio siglo no hemos avanzado absolutamente nada”.
En la misma línea, destacó que “sin la intromisión del Estado, aumenta competitividad, transparencia y eficiencia”. “En los últimos 20 años la política nos acostumbró solo a buenas intenciones pero sin resultados”, sumó y subrayó: “Como señaló Milei, todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar y todo lo que pueda pasar al privado para que sea más eficiente así se hará”.
Poco después del anuncio de Adorni, la Oficina del Presidente publicó un comunicado. “Belgrano Cargas es obscenamente deficitaria y posee una planta sobredimensionada de 4429 personas, además de una estructura jerárquica elevada no acorde a sus funciones”, se destacó.
El último lunes, Adorni dio a conocer la decisión del Gobierno de disolver la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), que será reemplazada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La información fue ratificada minutos después a través de un comunicado por los canales de la Oficina del Presidente. “La creación de ARCA tiene como objetivo la reducción del Estado, la eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente, la destrucción de los circuitos corruptos, y la mejora en la eficiencia de la recaudación y el control aduanero, eliminando los privilegios del pasado y optimizando la gestión pública”, se argumentó.
En la misma línea, la administración mileísta publicó una resolución en el Boletín Oficial para intimar a unos 10.000 empleados públicos para que tramiten su jubilación y así “optimizar los recursos” del sector estatal.
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