La diputada Romina Diez y el abogado y armador de La Libertad Avanza, Marcos Peyrano, realizaron este lunes una presentación judicial contra el proyecto de ley que el gobierno de Pullaro envió en la ley impositiva. Consideran que es retroactivo, discriminatorio e inconstitucional.
El gobierno de Maximiliano Pullaro incluyó en el proyecto de “Ley Tributaria para el año 2025” el cobro de un 2% de ingresos brutos para aquellas personas que blanquearon fondos y como forma de adhesión a la normativa nacional.
Para Peyrano, la medida pretende gravar con un 2% adicional a quienes blanquearon bienes o capitales bajo las condiciones de la normativa nacional previa. "Este carácter retroactivo sorprende y penaliza a quienes ya cumplieron con la ley, transformándose en una carga inesperada y ajena a las reglas originales".
Además, "el impuesto aplica exclusivamente a quienes tienen domicilio en la provincia de Santa Fe, configurando una discriminación evidente respecto a ciudadanos y empresas de otras jurisdicciones", agregó el referente de LLA.
De aprobarse la ley tributaria como la envió el gobierno provincial, "esta iniciativa podría contravenir numerosos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que han sostenido reiteradamente que este tipo de gravámenes especiales violan los principios básicos de igualdad y previsibilidad tributaria", consideró el dirigente libertario.
“Esta ley es un golpe a la seguridad jurídica y ahuyenta las inversiones. ¿Quién querrá apostar por Santa Fe si el gobierno puede cambiar las reglas del juego de un día para otro?”, cuestionó Peyrano.
Desde la LLA han catalogado la medida como un acto de “desespero recaudatorio”. “Estamos frente a un gobierno que, en lugar de incentivar la producción y la economía, recurre a la creación de impuestos que asfixian al ciudadano común”, afirmó.
Ante esta situación, los representantes de la LLA, Diez y Peyrano, presentaron una medida cautelar preventiva para detener el avance del proyecto. En caso de que la ley sea sancionada, "se interpondrá una demanda de inconstitucionalidad para salvaguardar los derechos de los contribuyentes", dijeron.
Este impuesto, que se plantea como una solución fiscal de corto plazo, podría ser el inicio de un largo enfrentamiento legal y político.
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