Durante su paso por Rosario, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se opuso el viernes a que se realice una nueva concesión de la hidrovía y anunció su posición de que sea el Estado el que se quede con la administración del sistema troncal de navegación y contrate a las dragadoras bajo un esquema similar al de la obra pública.
El dato político es que el gobernador bonaerense salió a oponerse a una nueva concesión del sistema troncal de navegación justo en el acto en que se ponía en funcionamiento el Ente Nacional de Control y Gestión de la hidrovía cuya tarea, según el decreto presidencial que lo creó, es –precisamente- licitar una nueva concesión privada.
Es más, el planteo de Kicillof hizo emerger públicamente una particularidad del proceso que no reconoce antecedentes en Argentina que es que un ente de control sea el que cobre tarifas a los usuarios (en este caso peajes a los barcos), una disposición que ya venía generando ceños fruncidos del sector empresario, pero en privado.
Rosario, capital de la hidrovía
El viernes se realizó en la Estación Fluvial de Rosario la reunión del Consejo Federal de la Hidrovía, organismo consultivo y de debate sobre políticas de desarrollo para transporte fluvial presidido por el Ministerio de Transporte de la Nación y del que participan los gobernadores de todas las provincias con frente fluvial.
La reunión tuvo por objetivo presentar y poner en funcionamiento el consejo directivo del Ente Nacional de Control y Gestión que llevará adelante el proceso licitatorio de la Vía Navegable Paraná- Paraguay prometiéndolo hacer desde una perspectiva federal. Y tras la reunión del Consejo se realizó el primer encuentro del Ente.
Kicillof llegó a Rosario para participar de la reunión del Consejo junto con el resto de los gobernadores, como Jorge Capitanich (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa) y la vicegobernadora María Laura Stratta (Entre Ríos); en un encuentro presidido por el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. En la ciudad lo esperaba el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. En ese encuentro, que se pudo seguir por streaming, las provincias expusieron sus agendas de prioridades pero además se debatió sobre la necesidad de cambios normativos e impositivos, que trascienden a la hidrovía, pero que se plantearon como muy necesarios para recuperar la actividad de las líneas navieras argentinas y la actividad de la industria naval.
En su primera intervención, Kicillof arrancó marcando posición señalando que “es bienvenido que se hable de sistema troncal de navegación y se la deje de llamar hidrovía” y resaltó lo provechoso del cambio de enfoque en su administración ya que “es un cambio substancial que el Estado haya recuperador el cobro del peaje porque así hay más control y mejor dimensión de la ecuación económica que está en juego”.
Ocurre que en septiembre del año pasado, al vencerse la concesión (previo a extensión, ya que el fin operaba en mayo) a la empresa Hidrovía SA, el Ministerio de Transporte le dio la concesión a la Administración General de Puertos (AGP) que se hizo cargo de la gestión de la vía navegable (y por ende cobrando el peaje a los barcos) contratando (y también licitando) a empresas privadas las obras necesarias para su mantenimiento; todo hasta que el Ente concrete una nueva licitación para un operador privado. Y si bien el objetivo era llegar para septiembre 2022 con la nueva concesión privada, recién en mayo se reunió por primera vez el consejo directivo del Ente y, si bien no anunciaron fecha, se espera que para noviembre estén los pliegos con lo que la definición quedará para el 2023, año de elecciones presidenciales.
En su discurso, Kicillof saludó que todas las provincias tengan participación en el Ente y que un tema tan importante tenga mirada federal. Además, resaltó la necesidad de mejorar la navegabilidad aguas arriba de Rosario y llamó a comenzar cuanto antes las obras. También aprovechó para insistir con la necesidad de arrancar con la construcción del Canal Magdalena, que sería un nuevo punto de ingreso desde el mar al sistema argentino “para conectar el complejo fluvial con el complejo marítimo, hoy separados”.
Kicillof pasa al frente
Pero fue sobre el final, cuando ya todos los oradores habían hablado, cuando el bonaerense volvió a pedir la palabra y se despachó contra una de las razones fundacionales del Ente: concesionar a un privado la hidrovía.
“Nuestra postura es que no hay que ir hacia una nueva concesión privada”, dijo. “En la época en la que se concesionó se lo hizo porque por la magnitud de la obra y el financiamiento que demandaba era necesario privatizar la gestión y esa inversión que hace el privado luego se la recupera con el cobro del peaje. Esta etapa ya terminó. La obra, en su mayor dimensión, ya fue realizada. La obra ya está paga. Hoy lo que existe es una vía navegable troncal sobre la que hay que realizar mantenimiento y ampliaciones, como dragados a puertos, ensanches, radas y ver la factibilidad ambiental de sumar unos pies de profundidad. Por eso hay que cambiar la lógica y no es corrector ir por una nueva concesión privada”, resaltó el gobernador.
“Hoy el esquema no debería ser de una concesión, debería ser uno en la gestión, administración y cobro de peaje sigue en manos del Estado y que se contraten por las obras puntuales a realizar a las empresas. Hay que dejar atrás la figura del concesionario y hablar del contratista privado. Esa es mi posición. El Estado ya recuperó el control y ahora lo tiene que mantener”, insistió.
¿La postura de Kicillof es un guiño a la AGP en busca que su administración temporaria pase a ser permanente? Es que en círculos oficiales no son pocos los que se sienten cómodos con el esquema actual del Estado administrando y contratando a empresas privadas por las obras. Lo cierto que lo dicho por el gobernador bonaerense supone un cuestionamiento al sentido del proceso y expone también la fuerte división interna del frente gobernante nacional, ya que el principal cuestionamiento viene de un gobernador propio.
Fue el ministro Guerrera quien tuvo que salir a tomar distancia del planteo de Kicillof. “Hay que analizarlo más fino porque el llamado a una licitación para concesión está en el propio decreto presidencial 556/2021. Pero eso no quita que se le pueda hacer una propuesta al propio presidente Alberto Fernández para hacer un cambio”, señaló el titular de Transporte. Con ese cruce de posturas emerge un interrogante que sobrevuela entre los actores privados del negocio: ¿el gobierno nacional, en serio, va a por una nueva concesión privada?
Pero Guerrera aportó, siempre en tono muy diplomático, otro argumento contra la postura de Buenos Aires. “Hoy se necesita una nueva obra. Hoy el sistema de navegación troncal requiere obras que no se hicieron 26 años atrás. Es como si a una autopista de cuatro carriles se le necesitaran sumar 6 carriles más. Hay que analizar de manera técnica si las obras que se necesitan son bastante más complejas que las de un mantenimiento”, sostuvo el ministro de Transporte. Y su opinión es la que prevalece entre los actores privados, sobre todo en puertos cerealeros y exportadores agroindustriales. Y hay confianza en el sector privado de que la mirada técnica servirá para desactivar con argumentos el pedido del gobernador ya que se necesita fuerte financiamiento para obras nuevas, como sumar pies al dragado del canal troncal.
Sin antecedentes
Es más, el ministro también le recordó a Kicillof una particularidad del Ente que ya venía llamando la atención en privado entre empresarios y ahora se hace público. Y es el famoso artículo 5 del decreto que crea el Ente. Y este dice:
“Se establece que las tarifas y/o peajes que sean fijados en razón de concesiones otorgadas en el marco de la Ley N° 17.520 sobre la vía navegable sujeta a la jurisdicción del ENTE NACIONAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE serán percibidos por el Ente por cuenta y orden del concesionario o de los concesionarios y remitidas a este o estos, previa detracción de los montos que correspondan, de conformidad con los términos contractuales y normas que rijan tales concesiones. La percepción por el ENTE NACIONAL DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA VÍA NAVEGABLE de las tarifas y/o peajes previstos en el presente artículo se hará efectiva a partir del inicio de la operación por parte del adjudicatario o de los adjudicatarios de la licitación prevista por el Decreto N° 949/20”.
Si bien no se trata de sólo un ente de control, sino que el decreto habla de concesión, no hay antecedentes en el país de un ente de control de un servicio público que cobre las tarifas. Y, precisamente, que haya intermediarios en el pase de dinero entre usuarios y prestadores, y que el intermediario sea el Estado, no es un tema menor para las empresas interesadas. ¿Esa incertidumbre puede generar costos extra a las obras habida cuenta de las previsiones que los privados hacen sobre el papel del Estado argentino como pagador de obras?
Mirada santafesina
Ariel Sujarchuk, el titular del Ente, escuchó a Kicillof y luego presidió la primera reunión del ente que conduce. Allí se realizó la presentación de los integrantes, se puso en conocimiento la normativa, se realizó un análisis y aprobación del reglamento de funcionamiento del Consejo. Además, entre otras medidas administrativas, se pusieron en conocimiento las comunicaciones emitidas por el presidente del organismo y los informes finales de los convenios suscriptos con distintas entidades para ser incorporados como material de análisis y así diseñar los futuros pliegos de licitación del dragado y balizamiento de la vía navegable.
El Consejo Directivo del Ente Nacional, integrado por funcionarios y funcionarias que trabajan “ad honorem” y representan a los ministerios de Transporte, Interior y Desarrollo productivo y a las siete provincias ribereñas que lo componen, está conformado de la siguiente manera: Hernán Orduna (vicepresidente 1°), María Florencia Carignano (vicepresidenta 2°), Pamela Morales (vicepresidenta 3°) y Abel de Manuele, Micaela Morán, Nicolás Cevela, Claudio Sehtman y Cavo, María Candelaria González del Pino, Julio Rodríguez Signes, María Isabel Espinoza, María Constanza Prause, María Inés Bembi, Ricardo Babiak, y Adolfo Escobar (vocales).
En ese contexto, la representante por Santa Fe, María Candelaria González del Pino, volvió a plantear la postura de Santa Fe: la necesidad del dragado del acceso a los puertos públicos y que haya más dragado desde el Gran Rosario al norte; dejando en claro de que se parte de un piso alto de prestación de servicios y que lo nuevo que se disponga debe ser superador.
Finalmente, tras el encuentro, Sujarchuk no anunció cuando estarán los pliegos para la licitación. Pero en declaraciones periodísticas había prometido que a los seis meses de la primera reunión del Ente iban a estar en la calle, que sería para noviembre.
Con todo, ya se anunció que la próxima reunión del ente será el 23 de mayo. En tanto la próxima reunión del Consejo será en 45 días.
