El proyecto de un nuevo régimen para la industria del biocombustible que impulsan legisladores oficialistas avanzó en Diputados y volvió a generar un cruce entre industriales que lo apoyan, que son empresa nacionales medianas y grandes, y los traders celereros multinacionales que lo rechazan. En concreto, la nueva ley logró esta semana el dictámen de la comisión conjunta de Energía y Presupuesto de la Cámara de Diputados y ahora espera su turno para se tratado en el recinto.
Desde la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) emitieron un comunicado en el que "se celebra este paso importante porque estamos convencidos que el dictamen favorable al proyecto del nuevo marco regulatorio de los biocombustibleses es la mejor manera para sostener la producción del sector".
Casfer, que tiene como figura visible al industrial rosarino Federico Pucciarelo reúne a empresas no integradas a aceiteras que impulsan que el Estado sigue regulando (como en la ley actual) al sector dándole la exclusividad de venderle el bio a las petroleras para el corte con los combustibles. Si ese negocio se desregula, las empresas no integradas aseguran que desaparecerán por no poder competir con los precios que pueden ofrecer las grandes multinacionales aceiteras que también producen biodiesel.
Precisamente, la Cámara Argentina De Biocombustibles (CARBIO), que representa a las principales empresas productoras y exportadoras de biodiésel del país y tiene como referentes a Dreyfus y Cargill, expresó este jueves que el proyecto de ley de biocombustibles presentado por el oficialismo "eliminará toda posibilidad de desarrollo futuro de los biocombustibles y de toda una cadena de derivados que podrían traccionar una nueva industria oleo química".
Además de estar en contra de extender la regulación para la venta en el mercado interno se queja del nuevo régimen que reduce al 50% el corte obligatorio para, según asegura el gobierno, bajar el costo final de los combustibles en los surtidores.
La iniciativa oficialista promueve una reducción de la mezcla de biodiesel en gasoil/diesel del 10% hasta 3% y del 12% hasta el 9% en el caso del bioetanol, ajuste que se aplicaría exclusivamente y sin razón alguna a las empresas que lo producen en base a maíz.
"El proyecto beneficia a ciertas empresas que se muestran como pymes y no lo son, perjudicando a las verdaderas y a los consumidores", dijo Carbio. También consideró "que es clave salir de la discrecionalidad, por la que el Estado define qué empresa vende y a qué precio, cuando es el mercado el que debe definir ambas variables ya que así funcionan los mercados de biocombustibles en todo el mundo. Es fundamental proteger a las verdaderas pymes que tienen menor escala las que deben tener un tramo significativo del corte en el cual compitan entre sí, mientras que también debe haber un tramo donde todas las empresas puedan competir en beneficio del consumidor".
Finalmente, tras insistir con que "Diputados discute un proyecto que no tuvo debate", Carbio reiteró la invitación a los legisladores a abrir un amplio debate que incluya a todos los sectores.
Pero, por el contrario, Casfer aseguró que "el proyecto había sido tratado en reuniones informativas y da previsibilidad al sector cumpliendo con los compromisos internacionales", y resaltó que "el dictamen favorable al proyecto del nuevo marco regulatorio de los biocombustibles salió con 28 firmas en Presupuesto y 21 firmas en Energía", y por eso ahora esperan que se trate en el recinto.
Todos contra el proyecto
A última hora del día, se sumaron prácticamente todas las entidades del agro al comunicado de Carbio. "El proyecto de ley de biocombustibles del Frente de Todos pone en estado de alerta a la mayoría de las cámaras del sector y a sus cadenas de valor, tanto por su regresividad en el uso de los combustibles ecológicos como por el alto poder de discrecionalidad que le otorga a la Autoridad de Aplicación", señala el comunciado firmado por Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, la Asociación de Maíz y Sorgo Argentino, la Asociación de Semilleros Argentinos, las Bolsas de Rosario, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, CARBIO, la Cámara de Bioetanol de Maíz, la Cámara de la Industria Aceitera, el Centro Exportador de Cereales y Confederaciones Rurales Argentina.
"Además de la drástica reducción de la demanda de biocombustibles, factor que provocaría el cierre de empresas y el fin de una de las pocas políticas de Estado que tiene la Argentina, el proyecto habilita a la Autoridad de Aplicación (Secretaría de Energía) a manejarse con extrema discrecionalidad", se quejan.
Esas facultades extraordinarias a las que hacen referencia incluyen la posibilidad de intervenir en las cadenas de valor para garantizar la disponibilidad de los insumos necesarios para la elaboración de los biocombustibles con destino a la mezcla obligatoria, pudiendo arbitrar y establecer los mecanismos que estime necesarios a fin de que la adquisición de aquellos sea llevada a cabo según las condiciones normales y habituales del mercado y sin distorsión alguna, estableciendo como límite en el caso que corresponda, el precio de exportación de dichos insumos menos los respectivos gastos.
"Esto es un intento claro y directo de intervención del Estado en las diferentes cadenas de valor, especialmente en la estrategia productiva, la logística y la política comercial de las empresas proveedoras de insumos críticos – como el maíz y el aceite de soja -, constituyendo un impedimento concreto para su normal y eficiente desarrollo. Es menester aclarar que en los quince años de vida de la ley de biocombustibles, no solo nunca hubo desabastecimiento de aceite de soja para producir biodiesel, ni de maíz para producir bioetanol, sino que los precios se pactaron libremente entre las partes, acorde a las distintas variables de estos mercados, que se caracterizan por ser abiertos, eficientes, y transparentes", señalan los empresarios.
Por todo eso, para las entidades firmantes "el proyecto de ley presenta numerosos vicios de forma y de fondo, por lo que es necesario prorrogar la actual ley para poder discutir con el tiempo necesario una norma moderna y eficiente que potencie los beneficios ambientales, económicos y sociales de todos los biocombustibles, en un todo de acuerdo con los acuerdos climáticos internacionales firmados y ratificados recientemente por la Argentina".
En definitiva, los votos no le sobran a los legisladores oficialistas para preveer una paso sin sobresaletos, sobre todo porque legisladores aliados a los K y de partidos provinciales que suelen acompañar iniciativas oficiales hasta ahora se mostraron en contra y prefieren que se extienda la prórroga de 60 días vigente para el régimen actual a dos años o a cuatro años cómo aprobó el Senado. Precisamente, el nuevo régimen tiene que pasar luego por la Cámara alta y los tiempos de la prórroga son exíguos: 60 días.
