El último balance de Vicentin arroja datos y números para la polémica

Tras estar cerrado la semana pasada por un caso de Covid-19, el juzgado de Reconquista que lleva el concurso de acreedores de Vicentin reabrió hoy sus puertas y actualizó la información y los documentos que sube a su portal oficial con las novedades de la causa.

Y hoy todo el interés estaba puesto en acceder al ya famoso balance 2019, que la agroexportadora -luego de ser intimada en varias oportunidades- presentó recién la semana pasada acomodando así la desprolijidad inicial, consentida por el juzgado, de llamar a concurso de acreedores en febrero sin presentar sus estados contables.

Con el pdf en la mano, por estas horas los abogados de los acreedores le están pasando el peine fino a la información y habrá pronunciamiento en breve. Para los acreedores conocer el balance es fundamental porque es un documento clave para entender la crisis de una empresas que entre 2018 y 2019 paso del cielo al infierno. A continuación, algunos de los puntos que les llamaron la atención a primera vista:

1) Es muy fuerte la caída del patrimonio neto entre el balance cerrado al 31 de octubre de 2019 contra el cerrado al 31 de octubre del 2018. En concreto, en 12 meses Vicentin pasó de un patrimonio neto positivo de $30,542,700,08 a uno negativo de $17,502,583,098.

2) Al 31 de octubre, el pasivo corriente (deudas comerciales) excedía el activo corriente (dinero en caja y en bancos) por $47,795,207,694 y por eso presentó pérdidas acumuladas por $35,743,611,398 que explican el fuerte patrimonio neto final negativo. Entre octubre de 2018 y octubre de 2019, el pasivo corriente (un indicador clave de la falta de liquidez de la empresa) subió de $35,716,115,293 a $76,073,897,967.

3) En el ejercicio cerrado en 2019 tuvo una pérdida neta de $52.536.217.954 cuando al 31 de octubre de 2018 había tenido una ganancia neta de $2.829.439.698.

En las memoria que acompaña el balance, para explicar las razones de la caída, la empresa repite los argumentos que vienen expresando sus directores a la prensa:

1) La sequía del 2018 que los obligó a importar soja para moler sumándole costos a la operatoria pero con el objetivo de minimizar las pérdidas operatvias que les hubiera causado tener su, recientemente planta ampliada de Renova, con poca actividad.

2) El cambio de condiciones crediticias con el Banco Nación, que tuvo que reducir su línea de financiamiento en campaña para acomodar el deterioro de su responsabilidad patrimonial computable. Lo mismo ocurrió con los otros bancos privados argentinos.

3) El deterioro de condiciones financieras del país en 2018 y 2019, que encarecieron complicaron y hasta trabaron su normal financiamiento con bancos internacionales

4) La decisión del gobierno de quitar un diferencial arancelario en favor de la elaboración de aceites y harinas frente a la exportación del grano sin procesar que le borró la rentabilidad al negocio

5) La muy fuerte devaluación de 2019 que los encontró muy endeudados en dólares.

6) El apuro de los productores de cobrar al mismo tiempo los granos entregados (fijaciones, en la jerga cerealista) ante el temor del aumento de retenciones tras el triunfo de Alberto Fernández en las internas presidenciales.

¿Semejantes diferencias entre balances se explican sólo por esos seis factores enumerados arriba? ¿La crisis se explica sólo desde la contingencia de los efectos económicos y financieros macro que argumenta la empresa o el armado previo de de una extensa red de empresas satélites están indicando la existencia de vaciamiento premeditado? Ambas preguntas sobrevuelan ahora entre los abogados de los acreedores.

De cara a lo que viene, el dato más importante es que la empresa -que protagonizó el default más grande de la historia del mercado de granos con un impago de 1,400 millones de dólares- dice que “terminado el corriente mes el proceso de verificación e impugnación de créditos, el directorio se abocará de lleno a reiniciar las conversaciones interrumpidas en harás de alcanzar un acuerdo que permita la salida de la situación concursal lo más rápido posible”. Sobre el tema, en la memoria y balance presentados aseguran que, antes del fallido intento estatizador del gobierno nacional, tenían firmados acuerdos de confidencialidad con tres grupos inversores interesados en invertir y aportar capital para ingresar a la empresa, conversaciones que -dice- se truncaron por la avanzada del gobierno.