El gobierno nacional le promete a las fábricas que se oponen a la desregulación del mercado de biodiesel que cuando se realice la reglamentación de la nueva norma se tomarán en cuenta sus particularidades para que no queden afuera del negocio, una promesa que no convence a los empresarios.
Luego de arrancar proponiendo una desregulación total y hasta la eliminación del corte obligatorio del bio con naftas y gasoil en el marco de la “ley ómnibus” o “ley de bases”, el gobierno -por presión de las provincias, con Santa Fe a la cabeza- accedió no solo a no eliminar el corte sino hasta subirlo.Pero se mantuvo firme en deseregular el comercio, quitándole a las fábricas de biodiesel no integradas con aceiteras (de capitales argentinos) el monopolio de la venta a las petroleras para el corte con el gasoil.
Para este sector, que tiene base en Santa Fe, competir con las fábricas integradas a aceiteras (las grandes multis como Bunge, Dreyfus y las grandes argentinas como AGD y Molinos Agro) por la demanda de las petroleras es directamente un certificado de defunción para las empresas. Para el gobierno y las grandes, en tanto, el cambio beneficiará porque abaratará el precio del corte y finalmente el valor del combustible en el surtidor.
En rigor, hasta el miércoles pasado el nuevo proyecto no había ingresado formalmente a la Cámara de Diputados. Tanto las no integradas como el gobierno de Santa Fe apoyaron los cambios al plan original, calificándolos de superadores, pero las empresas buscan por todos lados (vía legisladores, gobernadores, etc.) que se les mantenga un cupo asegurado de venta.
"Si bien se deben reconocer las mejoras incorporadas por el Poder Ejecutivo Nacional al último borrador de la “Sección IV – Ley N° 27.640, Biocombustibles” del Proyecto en materia de corte mínimo obligatorio de biocombustibles, aumento progresivo de los porcentajes de corte obligatorio de biodiesel, y restricciones a la importación de materias primas y biocombustibles; la redacción del mismo continua siendo ambigua y confusa, no considera las particularidades de los elaboradores pymes de biodiesel, deja librada a diferentes interpretaciones acerca de cómo funcionaría el sistema de licitaciones, y otorga demasiada discrecionalidad a la autoridad de aplicación", sostiene un comunicado de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer).
En efecto, el nuevo articulado deja muchos puntos sin resolver, que -aseguran en el gobierno- se acomodarán en la reglamentación. Y también al reglamentarse es que prometen (sin precisiones) respuesta al reclamo de las no integradas de que "se contemplen las particularidades del sector pyme y también permitan la participación de todos los actores de la industria".
Pero más que una propuesta oficial, para las empresas pyme parece un acto de fe lo que le están pidiendo, y mucha confianza no les inspira quedar esperando una salida vía reglamentación de un gobierno cuyo proyecto original era totalmente desregulador.
No obstante, es cierto que hay un precedente de que el gobierno, pese a su proclama liberal extrema, convalida aspectos de regulación en este negocio, como definió con el bioetanol, que se produce en Córdoba (maíz) y Tucumán (azúcar) que dejó tranquilas a las fábricas de ese producto. Es cierto, vale aclarar, que en el bioetanol no tiene la interna (integrados versus no integrados que tienen en Santa Fe), pero igual hay roces que pudieron acomodarse.
¿Y la Provincia? El gobierno de Santa Fe defiende el nuevo proyecto del gobierno porque, entiende, es altamente superador al actual sitema y al primer envío del gobierno al aumentar los cortes, y por ende la demanda a la producción de Santa Fe, que es la principal elaboradora de biodiesel. Ahora bien, no ceden en sus esfuerzos por intentar que todos los actores empresarios estén contenidos, como se hizo con el bioetanol.
Con todo, empresarios, lobistas y legisladores están convencidos de que la definición sobre la ley de ómnibus no se dirime en la discusión caso por caso, como puede ser el de la ley bio, y apuntan a que se dirimirá en los acuerdos o no en la alta política entre Nación y Provincias por un tema central: el reparto de dinero, tanto por coparticipación, impuesto a las Ganancias, obra pública, etc. Incluso, legisladores de la oposición justicialista advierten que, por más que se logren todas las mejoras posibles en la cuestión de los bio, si se aprueba la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, el presidente Javier Milei podría bochar todo para insitir con su desregulación inicial.
