Las escalada de tensión entre gobierno y oposición complicó el miércoles el tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto oficial de una nueva ley de biocombustibles y todo indicaba anoche que, tal como viene anticipado Rosario3, el Poder Ejecutivo sacará un DNU prorrogando el actual régimen.
Pero desde el oficialismo avisan que lo que buscan con la prórroga es generar el tiempo necesario para aprobar en ambas cámaras su proyecto, que es rechazado por los grandes jugadores internacionales, y por eso avisan que la extensión será corta (entre 30/90 días). Es que los sectores empresarios y políticos que rechazan los cambios prefieren una prórroga más larga. Es más, en el Senado tiene media sanción una prórroga del 4 años.
Y como señal de que el proyecto oficial va en serio, la idea de los legisladores K que lo impulsan, con Marcos Cleri a la cabeza, es de llegar al 12 de mayo, que es la fecha de vencimiento del régimen, con la media sanción en Diputados. Una media sanción que incorporaría pedidos de modificaciones que Cleri está negociando en varios frentes: provincias, empresarios y partidos.
No obstante, también luce difícil esa alternativa por lo trabado que está la situación política nacional. Por caso, ayer no hubo reunión de comisiones en la Cámara baja porque se venció el protocolo para sesiones virtuales y la oposición, según denuncia el oficialismo, no quiso prorrogarlo.
Los legisladores oficiales esperan lograr en las próximas horas que se normalice la situación y allí anunciar una fecha para una reunión conjunt. de las comisiones de Presupuesto y Energía en la que buscarían un dictamen favorable para llevar el proyecto al recinto cuanto antes.
Empresarios en alerta
La suspensión de la reunión de la comisión de Energía de Diputados, donde se iba a evaluar y aprobar el dictamen del proyecto de la nueva ley de biocombustibles, tiñó de incertidumbre al sector azucarero del norte argentino. El inminente vencimiento de la ley que obliga a la mezcla de las naftas con etanol producido un porcentaje de caña de azúcar, está obligando al sector a replantearse cómo encarar estos primeros días de zafra.
Los cañeros (más de 8.000 independientes y pequeños productores) ya les anticiparon a los industriales que no “tirarán” caña hasta que Diputados prorrogue la ley o se sancione un nuevo instrumento que dé certezas al sector. Mientras que hay empresarios que ante el inicio de sus moliendas están evaluando si producirán o no alcohol. “Por ahora cuando iniciemos la zafra vamos a producir crudo y azúcar para abastecer al mercado. Pero alcohol sin ley no vamos a producir. Esperamos que el Presidente Alberto Fernández no nos defraude”, sostuvo un referente del sector que pronto comenzará con su año azucarero.
Dos modelos en pugna
A nivel empresario, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), que reúne a pymes de la provincia que son beneficiadas por el actual régimen (que mantendría por 10 años el proyecto K) ya que el Estado le asegura exclusividad la provisión de biodiesel a las petroleras.
La otra cámara empresaria pyme importante (Cepreb) dio sólo un apoyo parcial al proyecto. Es que esa entidad valoró que se mantenga la regulación, pero criticó la rebaja del corte obligatorio. Pero no es un punto menor el que se rechaza. Todo lo contrario. Es el fundamental. Es que el espíritu del proyecto K es bajar la presión de costos en los combustibles al llegar al surtidor, y apuesta a hacerlo bajando el volumen de bio que las petroleras deben comprar. Precisamente, esa rebaja es lo que más rechazan las grandes empresas del sector, la mayoría multinacionales aceiteras.
En rigor, las grandes firmas apuestan por una desregulación del mercado convencidos que le pueden acercar mejores valores a las petroleras, pero están dispuestas a aceptar que siga la regulación (dándole exclusividad a las pymes para llegar al corte obligatorio) por más que no lo compartan, pero no que se rebaje el corte. Es que las grandes empresas -que están integradas a las aceiteras- tienen mucha capacidad instalada y saben que, al final de cuentas, las petroleras necesitan comprarles para completar los cupos actuales.
A todo esto, el lobby petrolero -que pide la desregulación del sector para bajar sus costos de abastecimiento- sigue muy activo y con fuertes vasos comunicantes con legisladores nacionales del sur del país, que también ven con ceño fruncido que se mantengan las regulaciones, por más que les bajen el corte obligatorio a la mitad.
