Con el gobierno de Santa Fe a la cabeza, las provincias bioenergéticas de Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, Salta y Jujuy, presentaron un proyecto para modificar artículos del proyecto de Ley Ómnibus presentado por el Poder Ejecutivo Nacional para la aprobación del Congreso. En líneas generales, acompaña la desregulación que impulsa el gobierno nacional, pero mantiene una regulación que les garantiza una cuota de negocios a las fábricas que no están integradas a las grandes aceiteras.
“Se busca apoyar de forma constructiva la intención del Gobierno Nacional de mejorar aspectos de la Ley 27.640 de Biocombustibles”, señala los firmantes del entendimiento interprovincial, que por Santa Fe rubricó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.
“El proyecto impulsa la existencia de dos segmentos, uno de las no integradas y en el otro, las integradas, que son las dueñas del aceite”, señaló la secretaría de Energía de la provincia, Veronica Geese.
Luego de arrancar proponiendo una desregulación total y hasta la eliminación del corte obligatorio del bio con naftas y gasoil en el marco de la “ley ómnibus” o “ley de bases”, el gobierno nacional -por presión de las provincias bio- accedió no solo a no eliminar el corte, sino hasta presentar un cronograma de suba gradual tanto para el biodiesel como para el bioetanol.
Pero la administración de Milei se mantuvo firme en deseregular el comercio, quitándole a las fábricas de biodiesel no integradas con aceiteras (de capitales argentinos) el monopolio de la venta a las petroleras para el corte con el gasoil. Para este sector, que tiene base en Santa Fe, competir con las fábricas integradas a aceiteras (las grandes multis como Bunge, Dreyfus y las grandes argentinas como AGD y Molinos Agro) por la demanda de las petroleras es directamente un certificado de defunción.
Para el gobierno y las grandes, en tanto, el cambio beneficiará a la economía porque abaratará el precio del corte y finalmente el valor del combustible en el surtidor. Para las grandes aceiteras, la competencia evitaría maniobras ente las no integradas, que presentan distintas empresas (pero del mismo grupo accionario) para quedarse con más cupos en la distribución que hacía del negocio el gobierno nacional.
Ahora, la iniciativa de las provincias pone como punto de partida en 10 % la mezcla de biodiesel con gasoil, que pronto será de un 15 %. La participación en ese 10% inicial se establecerá por licitaciones. Lo que proponen Santa Fe y las provincias productoras en el proyecto elevado a Nación es que haya licitaciones separadas, en segmentos separados. El 6,5 % del corte del 10 % lo licitarían las no integradas y pymes, entre sí; y el otro 3,5 % las integradas o grandes aceiteras, entre ellas. Además, que lo que se crezca en el corte, es decir, cuando se pase del 10%, todo ese biodiesel se va a licitar entre todas las empresas, ya sin distinción de tamaños y sin otros segmentos.
“Se busca fomentar la competitividad y el equilibrio entre pymes y grandes empresas productoras, acompañando el proceso de desregulación que alienta el gobierno nacional”, sostiene Geese.
Según las primeras reacciones recogidas por Rosario3, en la industria aceitera el proyecto fue calificado -en el mejor de los casos- de provocador. Sobre todo porque les sube del 5% al 6.5% el cupo a las no integradas, cuando la idea original era desregular. En efecto, con esta propuesta -señalan- las no integradas salen beneficiadas.
A las grandes, en tanto, la mejora es que se le deja ingresar al negocio de abastecimiento interno, ya que hasta ahora solo tienen habilitada la exportación, pero hacerlo con un mínimo del 3.5% les sabe a muy poco, sobre todo porque tienen las plantas más grandes y más eficientes (por estar integradas); y por eso piensan resistirlo. Es más, grandes aceiteras le propusieron al gobierno y a las no integradas mantenerlos una cuota menor (3%) frente a la desregulación total que propuso inicialmente el gobierno nacional.
“En la Ley Ómnibus del actual Ejecutivo se eleva el corte, pero se establece una desregulación que pone en situación de desigualdad a pymes contra grandes productores. Esa disparidad es la que se busca saldar desde el punto de vista de la eficiencia, obteniendo el mejor precio posible para cada uno de los segmentos, en licitaciones, como propone el Gobierno Nacional”, aseguró Geese.
