“Tenemos escrito, semana por semana, qué vamos a hacer en los primeros seis meses”. El gobierno provincial cumplió al pie de la letra la hoja de ruta que se había trazado para la primera semana de gestión. El arranque soñado: sin contratiempos y con el gobernador Maximiliano Pullaro como protagonista excluyente de la agenda pública.
Traslados de presos, requisas, reinstalación de presos de altos perfil, medidas administrativas y cambios de nombres en la Policía y el Servicio Penitenciario. Los primeros éxitos legislativos, con el oficialismo votando en bloque y ordenado, y apoyos de bancadas de la oposición. Una batería de leyes de reformas en materia de seguridad y Justicia que la Casa Gris buscará aprobar a corto plazo. No más allá de la primera quincena de enero, sin que sea obstáculo la complejidad de algunas de ellas.
La semana inaugural incluyó encuentros con tres ministros nacionales en 48 horas. De yapa, Martín Lousteau ganó la presidencia de la UCR, lo que fortalece a los gobernadores de Juntos por el Cambio que, como Pullaro, prefieren poner distancia de la Casa Rosada, con perfil colaborativo, pero desde la oposición. Nada de cogobierno.
Cada uno de esos primeros pasos tuvo un cuidado acompañamiento comunicacional. En la medida que gobierna, Pullaro construye la imagen del gobernador de acción que aspira ser, caracterizado por capacidad de mando, resolutivo y determinado, dirigente de matriz socialdemócrata pero sobretodo líder de un proyecto de poder, liberado de ataduras ideológicas que le impidan abordar de forma pragmática la realidad con la que le toque operar.
A fondo desde el primer día
El primer día golpeó en las cárceles, porque hace rato que la Justicia y la política conocen que el grueso de la sangre que corre en las calles de Rosario se planifica rejas adentro, como repite el intendente Pablo Javkin. El gobierno de Omar Perotti no entendía qué tenía que hacer y se ahogó en su propia anomia. Pullaro sí tiene un plan y lo accionó en el primer minuto. Santa Fe acaba de entrar a una nueva dimensión en materia de seguridad, un camino en el que la sociedad y el gobierno tienen mucho para ganar, pero también para perder si fallase.
El plan del santafesino aborda a la vez los frentes carcelario, policial, judicial y normativo. Está acompañado de un diagnóstico, de decisión política y mayoría parlamentaria dispuesto a sustentarlo, como se verá en las próximas semanas.
Es importante no enredarse en cierta estética “a lo Bukele” (por el presidente salvadoreño) de ese plan, como los procedimientos filmados dentro de las cárceles, sino poner foco en los alcances y la ejecución de ese plan integral.
En esa línea, el jueves ingresó una docena de proyectos de ley con reformas sobre instituciones y asuntos de mucha complejidad que el gobierno quiere aprobados a muy corto plazo. Entre ellas un extenso pliego de modificaciones al Código Procesal Penal, la tercerización de la defensa penal en estudios jurídicos privados cuando fuera necesario, la habilitación de juicios por jurados, la regulación legal del acopio y generación de información en la órbita del Poder Ejecutivo para prevención e investigación de delitos, el control político de los gastos reservados de la Policía, la creación de una agencia para el seguimiento de quienes tienen medidas alternativas a la prisión, la reforma del Servicio Penitenciario y del Ministerio Público de la Acusación. A eso se suma la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para permitir la reformulación de la justicia civil y comercial, de Familia, Extracontractual, entre otros. Temas que hace años se discuten en la provincia de pronto germinan como flores.
Son proyectos en los que el gobierno trabaja hace meses, desde cuando aún no era tal, y representan la visión del gobernador y sus equipos sobre los déficits normativos y cómo corregirlos. Ahora le toca mover a la Legislatura, en especial a Unidos. La coalición oficialista controla ambas cámaras y tiene la doble tarea de allanar el camino a los planes del gobernador y a la vez enriquecer esas leyes, detectar situaciones inconvenientes, contraponer enfoques conceptuales si los hubiera e incorporar aportes.
Una de las leyes aprobadas en la semana inaugural –tal cual se reveló tres meses atrás en este espacio dominical que ocurriría–, es la desfederalización de la persecución penal del narcomenudeo. Increíble pero real: tras años de debate, Santa Fe la aprueba la misma semana que el gobernador de Buenos Aires anuncia que la dará de baja después de 18 años de vigencia en su provincia.
¿A qué se debe semejante desfasaje temporal? ¿A qué se debe esa antítesis valorativa entre Kicillof y Pullaro? Santa Fe se hace cargo de la persecución del narcomenudeo porque necesita esa herramienta como un instrumento más de gobierno y control territorial. En la era líquida, donde se gobierna con planes propios pero también a demanda, un gobernador o intendente se preguntan por qué tienen que esperar a que maten a alguien en el bunker del barrio para intervenir mientras los vecinos le reclaman a ellos que no hacen nada.
Ahí radica la justificación real de la adhesión tardía a la desfederalización, y no los objetivos que declamaba la letra de la ley en su origen. Está probado estadísticamente que donde se aplicó no bajó el consumo, ni achicó la red de comercialización de pequeña escala ni la del narcotráfico. Lo relativo, es el temor a que crezca la corrupción policial, siendo que la ausencia de la norma hasta ahora no fue impedimento para su involucramiento como abundantes investigaciones judiciales lo demuestran.
Hay otra paradoja de la desorganización de los argentinos. Santa Fe se hace cargo de la problemática del narcomenudeo justo cuando, tras años de batallar, logró que se amplíe la justicia federal penal. Resultado: ahora el fuero federal tiene mayor estructura pero se saca de encima el 60% de la carga laboral que la asumirá la provincia.
La ley de narcomenudeo fue la única que tuvo un atisbo de oposición en la Cámara de Diputados. Votó en contra el Frente Amplio por la Soberanía y se abstuvieron los legisladores del peronismo con excepción del bloque de Omar Perotti. Hubo un afinado trabajo del ministro de Gobierno Fabián Bastía y la presidenta de la Cámara Clara García para que las primeras cuatro leyes cuenten con volumen político más allá del oficialismo.
Mientras García y Bastía juntan votos en la Legislatura, el secretario de Justicia Santiago Mascheroni se encarga del diálogo con los camaristas civiles y comerciales, a los que no les gusta la reforma que involucra a ese fuero. Viejo conocedor de los pasillos de la política y la justicia, se reunió con el Colegio de Magistrados y el sindicato de judiciales y evitó a la Corte que Pullaro quiere renovar.
El dirigente radical surfea entre una justicia que tiende a resistir cambios y un gobernador que repite que es “cara e ineficaz”. “Los docentes trabajan más que muchísimos jueces, y ganan muchísimo menos”, contestó Pullaro cuando le preguntan sobre su ambición reformista.
“¿Por qué no miden la eficiencia del trabajo de la Legislatura? También nosotros conocemos los sueldos de los senadores y cuánto le cuestan a los santafesinos”, retrucan en los Tribunales de Balcarce al 1600. Esto recién empieza.
El voto dividido del peronismo –que cuenta con diez bancas y seis bloques– en narcomenudeo es una postal que se repetirá según los temas. Fuera de la Legislatura, el partido decidió, después de mucho debate, aceptar la oficina anticorrupción a condición de que tenga rango de ley y sea autónoma. En ese sentido ya entraron dos proyectos de ley, uno en cada cámara. La pelota quedó del lado del gobierno.
Compensación y abrazo a los industriales
En el escenario nacional se definen estos días cuestiones muy relevantes para Santa Fe. Una de ellas es la recuperación de los fondos de coparticipación que la provincia perderá si no es compensada por la quita de la eliminación del impuesto a las Ganancias.
Este tema empiojó la reunión que el ministro del Interior Guillermo Francos mantuvo con 22 de los 24 gobernadores, incluido Pulalro. Es mucho dinero y las provincias quieren la compensación que les había prometido Sergio Massa. Los mandatarios peronistas quieren que Milei mande una ley que aumente la coparticipación de impuesto al cheque en compensación. Milei se niega porque significaría desfinanciarse a sí mismo por lo que considera “una medida electoralista de Massa”.
Contraofertó reponer el impuesto a las Ganancias, que él mismo votó por eliminar. El peronismo queda entre la espada y la pared, porque si quiere una compensación para las provincias que gobierna tendría que aportar los votos para que vuelva Ganancias. Nadie ayer podía garantizar que el martes se concrete el primer encuentro de Milei con todos los gobernadores.
Sobre llovido, mojado. El aumento de las retenciones a la industria y otros sectores de la economía que anunció el ministro Caputo –supuestamente “temporal” como la reimposición de Ganancias– enfureció al gobernador de Santa Fe. “Estamos de acuerdo que hay que bajar el déficit y achicar, pero no a costa de la producción santafesina. Ya aportamos un montón”, fue la línea que bajó tras la queja que le reclamaron los dirigentes fabriles. El lunes a la mañana se juntará con los industriales y convocó a última hora del día a los legisladores nacionales para coordinar posiciones a la hora de votar.
Entre un encuentro y el otro recibirá junto con el intendente Pablo Javkin a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en Rosario, de quien espera más agentes federales, recursos y que le ceda el comando de las fuerzas de seguridad conjunta. A cambio Pullaro le ofrenda apoyo político, esta vez adhiriendo al protocolo antipiquetes. Ya lo había hecho cuando Bullrich pretendía ser ministra pero no la terminaban de confirmar. La posición de la ex candidata presidencial es endeble en el gobierno nacional. De hecho su primera medida no está destinada a seguridad ni a narcotráfico ni a ninguno de los temas con los que hizo campaña, sino a apuntalar el plan de ajuste de Caputo sobreactuando severidad con las organizaciones sociales y gremiales por medio de un protocolo leído con tono marcial.
Pullaro, que está en una posición mucho más cómoda, le da a Bullrich lo que necesita en tanto le retribuya con lo que él demanda para llevar adelante sus planes en Santa Fe.
