Un abogado y un policía acusados de haber intentado extorsionar a detenido alojado en una comisaría de la ciudad de Santa Fe comenzarán a ser juzgados este viernes. El hecho que llega a debate data de 2017 y el juicio será en tribunales de la capital provincial.
Los fiscales que representarán al MPA en el debate son Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera quienes solicitaron penas a cinco años de prisión y multas para cada uno de los investigados. Además, pidieron que se los inhabilite por 10 años para desarrollar las actividades laborales que tenían al momento del hecho delictivo.
Ambos acusados tienen 42 años. Uno es el abogado penalista Sebastián Gervasoni, quien en la década pasada fue asesor del bloque PRO en diputados. Y el policía Martín Herrera, quien se desempeñaba como oficial de guardia.
Hernández indicó que el ilícito fue cometido el domingo 2 de julio de 2017 por la tarde en la Comisaría 4ª, ubicada en el barrio Roma de la capital provincial. Afirmó que el hombre que resultó víctima, identificado como Emanuel Figueredo, permanecía encerrado en una celda a pesar de que ese día se había dispuesto su libertad.
Según el fiscal, el policía Herrera le aseguró al detenido que su caso estaba complicado, pero que si le entregaba 10.000 pesos y una bolsa de cocaína sería liberado de inmediato y no tendría inconvenientes con la libertad condicional que le habían otorgado en el marco de otro legajo judicial.
"El uniformado luego se contactó con el abogado investigado –Gervasoni– para que fuera hasta la dependencia", especificó el funcionario del MPA. "Una vez allí, el profesional le dijo a la víctima que él tenía vínculos con «muchos fiscales» y que «manejaba a la policía», y le reiteró la exigencia de dinero", añadió.
Asimismo, Hernández detalló que el intento de extorsión fue presenciado por una mujer que era la pareja del detenido y, en el hall de la comisaría, le dio al oficial acusado un teléfono celular y los papeles de dominio de una motocicleta. Según aclaró, el dispositivo y la documentación fueron tomados como garantías de que la víctima reuniría lo que le habían requerido.
A partir del acuerdo al que llegaron, Figueredo fue liberado, planteó el representante del MPA.
Hernández dijo que un día después del amedrentamiento, Figueredo y su pareja se dirigieron a la sede de la Fiscalía e informaron lo que había sucedido. La entonces fiscal Mariela Jiménez oyó lo que la víctima relataba en mesa de entrada, se comunicó con Asuntos Internos de la policía provincial para que tomaran la declaración e inició la investigación.
De forma coordinada con la Fiscalía, el personal de Asuntos Internos organizó una entrega controlada.
El martes de esa semana al mediodía, Figueredo y su pareja fueron hasta la Comisaría 4ª, hablaron con el oficial acusado y él los instó a que se comunicaran con el penalista Gervasoni para establecer un punto de encuentro, precisó. Por teléfono, el abogado le ordenó a la víctima que fuera hasta Zuviría y Goyena, dirección que luego cambió por Hernandarias y avenida Peñaloza.
Minutos antes de las 16.30, el penalista y Figueredo se encontraron para concretar el intercambio. El letrado le entregó a la víctima el celular y la documentación que la mujer le había dado al policía; y recibió 4 mil pesos en billetes previamente individualizados, indicó el fiscal.
Finalmente, el personal de Asuntos Internos aprehendió al abogado y le secuestró el dinero y un auto en el que había llegado hasta el lugar.
A los dos acusados se les atribuyó la coautoría de una tentativa de extorsión calificada (por haber sido cometida con ánimo de lucro y con abuso en el desempeño de la profesión de abogado y de la función policial).
