La investigación sobre el brutal crimen de una joven embarazada en la zona oeste de Rosario dejó en evidencia la falta de acompañamiento del Estado a quienes se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Es que al identificar a la víctima, se conoció que hace cuatro años ya había atravesado un proceso judicial.
Se trata de Georgina Maricruz Olguin que tenía 24 años y cursaba un embarazo de casi nueve meses. Fue acribillada de siete disparos en la zona de Aborígenes Argentinos al 7100 junto a un auto que luego fue prendido fuego.
Al repasar los antecedentes de Olguin, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se encontraron con que ya contaba con un paso por los tribunales provinciales en un caso que tuvo cierto impacto mediático.
En 2017 estuvo presa por haberle dado pastillas y alcohol a su pequeña hija de poco más de un año. El 9 de septiembre de ese año, vecinos de las Cuatro Plazas, Mendoza y Provincias Unidas, denunciaron haber visto a Olguin fuera de sí, intentando vender a su beba tras haberle hecho ingerir clonazepam y un vino espumante.
En ese momento fue imputada por “tentativa de homicidio agravado por el vínculo” y quedó detenida de forma preventiva. Pero un cambio en el fiscal que llevaba adelante el caso, permitió conocer los pormenores de la situación y avanzar en un sobreseimiento que se consumó en octubre del 2018.
"Cuando tomamos la investigación advertimos que había que ver tanto lo que pasaba con la beba como con la mamá. De allí surge que había sido echada de su casa y que era víctima de un entorno muy complejo y de situaciones que prefiero mantener en la privacidad", explicó en su momento el fiscal Luis Schiappa Pietra a Telenoche (El Tres).
Es que en su declaración, Georgina contó que ese día se había enterado de que su hermano estaba enfermo y se había peleado con toda su familia. “Me compré pastillas, un vino y para la nena masitas y un jugo. Mientras caminábamos me tomé una pastilla con el vino y quedé perdida”, reconoció.
Con respecto a la escena que denunciaron los vecinos de las Cuatro Plazas, la joven aseguró que “no tenía ningún recuerdo más que el momento en el que se la llevó la policía. “Me quería perjudicar yo, no hacerle daño a ella”, declaró en 2018.
Esta situación que expusieron en conjunto entre el MPA y la defensa de Georgina hizo que el juez de primera instancia José Luis Suárez disponga su sobreseimiento. Entre las pruebas presentadas por el fiscal estaban las entrevistas realizadas con el Equipo Interdisiplinario del Departamento de Atención a Víctimas y Testigos, un informe de la Subsecretaría de Políticas de Género
Todos los profesionales coincidieron en que la joven sufrió violencia de género en el ámbito intrafamiliar y el grave contexto de vulnerabilidad en el que vivía la llevó a cometer el hecho antes descripto.
Pese a recuperar su libertad, la menor quedó al cuidado de su tía abuela y a resguardo de un "programa de acogimiento familiar" de la Secretaría de Coordinación de Políticas Sociales de la Dirección Provincial de los Derechos de la Niñez y Familia. En simultáneo se inició un proceso de re-vinculación, con intervención del Juzgado de Familia Nº3.
En un comunicado emitido por la Oficina de Prensa, el MPA sostuvo que "la propia Fiscalía se ocupó de que los responsables del abordaje de la revinculación estén en la audiencia junto con Olguín. y cuenten cómo se llevaría a cabo el mismo su beba".
Cuatro años más tarde quedó demostrado que el abordaje del Estado no fue suficiente. Georgina fue asesinada de siete disparos en un escenario con tintes mafiosos. Su cuerpo estaba quemado ya que fue alcanzado por las llamas del auto en el que la trasladaron al lugar y que luego prendieron fuego. En la autopsia confirmaron que cursaba su noveno mes de embarazo.
