La audiencia imputativa en la que la Fiscalía tenía previsto exponer las evidencias contra el barrabrava Andrés “Pillín” Bracamonte, el secretario de la Uocra Carlos Vergara y otros seis acusados relacionados a una presunta red de extorsiones pasó a un cuarto intermedio a instancias de un fuerte reclamo de las defensas, que alegaron violación a las garantías procesales. El pedido fue acogido por el juez Facundo Becerra y se prevé que la imputación continúe este jueves por la mañana.
El incidente en la sala 10 del Centro de Justicia Penal puso sobre el tapete otra vez las limitaciones de la modalidad por videoconferencia heredada de la cuarentena por coronavirus. Y esta vez, el penalista Carlos Varela alzó la voz frente a lo que consideró una “violación flagrante al derecho de defensa”, planteo que sus colegas acompañaron y hasta la fiscalía, encabezada por Miguel Moreno, Sebastián Narvaja y César Pierantoni, dio por válido.
De los ocho imputados, sólo dos estuvieron presentes en el CJP: Carlos Vergara –que portaba un chaleco antibalas– y el luchador de kickboxing Fernando Rigiracciolo, que de todas maneras llegó en libertad a la audiencia.
Los restantes seis acusados, entre ellos Pillín, apenas llegaron a presentarse desde la Oficina de Recepción de Detenidos (el Order, ubicado en 27 de Febrero al 7800) en medio de un mar de acoples: la postal usual de problemas de conexión por videoconferencia.
"No veo nada; no sé si el doctor Moreno me mandó a castigar", fue la queja de Pillín que alcanzó a escucharse en medio de las presentaciones de rigor.
Lo cierto es que las dificultades técnicas dieron lugar a un planteo del penalista Carlos Varela, que con su locuacidad característica apuntó a una serie de violaciones de garantías procesales. El penalista puso de manifiesto que –al igual que sus colegas– recibió el legajo penal –9 PDF con centenares de páginas– minutos antes de la audiencia.
“Parece una nimiedad, pero tenemos abortada la posibilidad de confidencialidad. Esta audiencia debiera suspenderse”, dijo el abogado de Pillín, que no tuvo la oportunidad de dialogar a solas con su cliente.
El planteo siguió: “Que el señor Vergara esté sentado acá es lo que corresponde, pero ahora eso se transforma en un privilegio. ¿Cuál es la preferencia?”, fustigó. Y agregó: “Bracamonte se queja y yo estaría peor que él”.
“Lo sabe usted, lo saben todos: se violan garantías”, se quejó frente al juez el histórico defensor del no menos célebre jefe de la barra de Central.
Los reclamos apuntaron a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), el organismo del Poder Judicial encargado, entre otras tareas, de la grilla de audiencias. Y al Servicio Penitenciario. “Si no pueden asegurar la seguridad [del traslado] que renuncien”, dijo Varela sobre el SP.
El fiscal Moreno sostuvo que se enteró que la audiencia era por Zoom al momento de ingresar, y propuso no la suspensión, sino un cuarto intermedio.
Frente al aluvión de quejas por la no presencialidad de la mayoría de los imputados, la imposibilidad de conferenciar en privado y la entrega sobre la hora de los legajos penales, al juez Facundo Becerra no le quedó otra que hacer lugar al cuarto intermedio.
Al haber la fiscalía solicitado la semana pasada la duplicidad de plazos en la detención previa a la imputación (intervalo que vence en horas de la madrugada), el juez no tuvo otra que declarar la legalidad de la detención para que la audiencia pase al jueves, puesto que organizar un traslado al CJP este mismo miércoles parecía inviable.
