La Justicia federal procesó este lunes por lavado de activos al condenado jefe narco Esteban Lindor Alvarado. En la resolución, el juez federal Marcelo Bailaque le trabó un embargo de 100 millones de pesos. Es por la investigación donde el recluso –actualmente alojado en el penal de Ezeiza– está acusado de usar una red de testaferros para la titularidad de inmuebles, vehículos y embarcaciones.
Además de Alvarado, Bailaque procesó con prisión preventiva a Patricio César López Coronel, Lucas Fabián González y Nahuel Yamir Clavero como presuntos integrantes de la asociación ilícita y coautores de las maniobras de lavado investigadas. Cada uno de ellos fueron embargados por la suma de 100 millones de pesos.
Por su parte, procesó por lavado –y no como miembros de la asociación ilícita– a Germán Darío Lauretti, Gustavo Armando Cárdenas, Diego Emanuel Fraietta y César Humberto López Sena, a quienes otorgó la excarcelación bajo el pago de una caución real de 15 millones de pesos. También les trabó un embargo de 30 millones de pesos a cada uno.
En tanto, dictó la falta de mérito para Fernando Ariel Ayala, Natalia Soledad Ortiz y María Fernanda Abaca, quienes recuperaron la libertad.
La causa por lavado la llevan adelante los fiscales Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, fiscales del Área de Investigación y Litigación de casos complejos, Diego Velasco y Juan Argibay Molina, titular de la Procelac y fiscal coadyuvante de la delegación Rosario, respectivamente.
La imputación a Alvarado estuvo centrada en haber ejecutado acciones coordinadas junto a otras personas también imputadas, como la utilización de testaferros a efectos de "operar, inscribir y registrar la titularidad de inmuebles, automotores, embarcaciones, aeronaves". También debió defenderse de la acusación de haber creado, capitalizado y utilizado –desde al menos mayo de 2022 hasta abril pasado– la distribuidora de carbón que opera en plaza bajo el nombre de Carbón Rosario, "un fondo de comercio mediante el cual se puso en circulación bienes de origen delictivo", señalaron los fiscales.
De acuerdo con la acusación, Alvarado ejecutaba los delitos desde la cárcel federal de Ezeiza, donde se encuentra cumpliendo una pena a 15 años de prisión por transporte de estupefacientes y perpetua por parte de la Justicia provincial, por homicidio, extorsiones, amenazas, balaceras y lavado. El Ministerio Público Fiscal sostuvo que, desde allí, “ordenaba distintas actividades ilícitas a personas en particular, ordenando los pagos de sumas de dinero correspondientes y las maniobras financieras a realizar".
En efecto, según indicaron los fiscales, "entre otras maniobras delictivas en pos de la obtención de sus fines, se encuentra la utilización de testaferros para la adquisición de vehículos con dinero habido de sus negociados ilícitos, y las órdenes de usurpación de galpones en distintos puntos de la ciudad para resguardar los bienes adquiridos en su nombre valiéndose para ello del poder de fuego que posee la organización a los fines de concretar las acciones extorsivas que preceden a la ocupación efectiva de los inmuebles”.
