Una investigación por delitos económicos desembocó el viernes por la tarde en una serie de allanamientos de fuerzas federales y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en domicilios particulares y en el edificio que San Cristóbal Seguros tiene en Italia y San Lorenzo, pleno centro de Rosario.
Fue parte de una operación para determinar si un directivo, de forma aislada, realizó maniobras de lavado de activos. Por eso, la AFIP y Prefectura desplegaron efectivos en la casa y en la oficina de Claudio Iglesias, quien actualmente ocupa un cargo de director en la firma.
San Cristóbal emitió un comunicado en el que confirmó la medida judicial en sus dependencias pero aclaró que se trataba de una situación "individual" y no relativa a la empresa. Esa información fue ratificada por fuentes de la Justicia Federal de Rosario. Hubo medidas en otros puntos que los investigadores prefirieron mantener bajo reserva.
Nombre de peso
La presencia de efectivos no pasó desapercibida ni en la firma ni en el mundo empresarial y financiero. Iglesias, contador público, fue directivo de la Bolsa de Comercio y presidente del Mercado Argentino de Valores.
Además, tuvo vínculos comerciales con el empresario bursátil Jorge Oneto, uno de los detenidos e imputados en la conocida "megacausa" de fraude inmobiliario y lavado que instruyó la ex Fiscalía de Delitos Complejos y Económicos del Ministerio Público provincial, a través de Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot. Al final, la Fiscalía, y tras un acuerdo privado entre acusados y la víctima, desistió de llevarlo a juicio.
Este sábado, nadie quiso confirmar ni desmentir que la nueva causa tenga origen en la primera.
Según trascendió, por la actual pesquisa sobre Iglesias, los efectivos de AFIP y Prefectura se llevaron documentación, computadoras e información de discos rígidos y otros dispositivos de almacenamiento. Asimismo, secuestraron más de 100 mil dólares, una cifra similar en pesos, euros y reales.
Las fuentes consultadas en la Justicia Federal confirmaron que no existe contra él un pedido de detención y que "por ahora" no fue citado a indagatoria.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal N°4.
