Alan Funes, quien está detenido desde enero de 2018 y se encuentra condenado a 35 años de prisión, sumó otra imputación por mandar a incendiar nada menos que 21 vehículos entre abril y mayo de 2024. La saga incendiaria estuvo motivada por una fuerte restricción en las comunicaciones implementada por el Servicio Penitenciario Federal (SPF) para los presos de “alto riesgo” en la cárcel de Marcos Paz desde el 24 de abril, señala la investigación encabezada por el fiscal Pablo Socca.
Este jueves también fue imputada la hermana menor del recluso, Solange Funes, en calidad de partícipe primaria. Ocurre que esta joven, que ya posee causas en el fuero de menores, fue quien recibió y transmitió los encargos criminales, indicó la acusación.
Al final de la audiencia, el juez Hernán Postma le dio la derecha a Socca y dictó prisión preventiva por delitos de amenazas coactivas calificadas, por ser anónimas y por el propósito de obtener medidas o concesiones por parte de los poderes públicos, intimidación pública agravada por el uso de explosivos, e incendio.
Además, Funes, que tiene 25 años y un historial criminal desde 2016, se encuentra en el banquillo con un pedido de prisión perpetua por haber ordenado el crimen de Mariel Lezcano en 2021. Ese debate, que comenzó esta semana, es seguido por el recluso desde el penal de Ezeiza, su último destino, ahora con las restricciones que impuso el SPF, a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Protocolo y reacción
“Se le imputa a Funes –preso al momento de los hechos en Marcos Paz– haber organizado junto con su hermana Solange y su pareja Leila Schmitt la ejecución de una seguidilla sistemática de delitos a lo largo de todo Rosario (incendios a vehículos en la vía pública, amenazas e intimidaciones contra autoridades nacionales y provinciales) que comenzaron el 27 de abril y continuaron los días 3 y 12 de mayo, siempre en horas de la madrugada”, abrió la audiencia el fiscal Socca.
Según las evidencias del fiscal, Funes pergeñó las quemas a partir del descontento que produjo el llamado “Protocolo de comunicaciones telefónicas de las personas incorporadas al Sistema integral de gestión de personas privadas de la libertad de alto riesgo” implementado el 24 de abril pasado, es decir, tres días antes del inicio de la saga de incendios.
Merced a dicho protocolo, se modificó drásticamente el régimen de comunicaciones y visitas con nuevas restricciones y limitaciones, con sólo 20 minutos de comunicaciones permitidos por semana y destinatarios acordados. Previamente, Funes tenía acceso ilimitado al teléfono público ubicado en el SUM del pabellón, durante el tiempo que “usufructuaba recreación”, con los números de sus familiares directos –entre ellos su supuesta pareja, Leila Schmitt– y defensores.
Lo cierto es que antes de la implementación del protocolo, y entre el 1º enero y el 23 de abril, Funes había realizado 369 llamadas a Leila Schmitt, y unas mil a su hermana Solange, dicen los informes del SPF.
Y a partir del 24, ya con las restricciones vigentes, y hasta el 14 de mayo, solo se registraron tres comunicaciones. Estos llamados a Solange Funes, se registraron los días previos a los atentados incendiarios (27 de abril y 3 y 12 de mayo); a lo que se sumó una visita presencial de Solange al penal federal, el 26 de abril.
Es decir, los atentados se cometieron posteriormente a cada una de esas llamadas telefónicas y a la visita presencial de Solange Funes, indicó la Fiscalía, a partir de numerosos informes.
Junto con los autos quemados, en cada ocasión aparecieron carteles firmados por “Los Rosarinos”, una rúbrica que representa a una especie de asociación de reclusos descontentos con las restricciones de comunicaciones y visitas impuestas en los penales federales.
Por caso: “Bullrich, Pullaro y Cococcioni háganse cargo de esto y de las muertes que va a haber, queremos nuestros derechos. Atte: Los Rosarinos”. La firma también apareció en pasacalles desde mediados de abril.
Por la saga incendiaria el 21 de mayo pasado fueron imputados y puestos en prisión preventiva los primeros detenidos: Leila Schmitt, una especie de socia de los negocios criminales de Alan Funes, a quien visitaba en carácter de pareja, y los soldaditos Yamila Aguirre y Carlos Cavallari, a quienes identificaron como los ocupantes de la Fiat Fiorino que fue vista las escenas de los incendios.
Con el avance de la investigación, las evidencias expusieron a Solange Funes, que el mes pasado ya fue declarada responsable de varios delitos en el fuero de menores, como extorsión, incendio y asociación ilícita. Todo en el marco de las organizaciones que su hermano comanda desde el encierro. Entre esos expedientes figura el incendio de un Chevrolet Corsa en octubre de 2021 junto en Ayacucho y Estado de Israel, barrio Las Heras, a metros de la casa (devenida búnker) de la familia Funes que fue "inactivada" en enero pasado.
El lunes la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) detuvo a Solange en una vivienda de alquiler en Alsina al 700. Ahora con 19 años, al igual que su hermano en enero de 2018, quedó en prisión sin plazos en la Unidad Penal 5.
Para su hermano, el juez dispuso además la aplicación de más medidas complementarias de restricción a comunicación y visitas.
